En el año 2004 nacieron 240 mil niños y niñas en el país, pero no todos tuvieron un padre responsable a su lado y 110 mil mujeres debieron recurrir a la justicia por pensiones de alimentos para esos hijos. De hecho, más del 60% de las causas que entonces ingresaron a los juzgados de menores, correspondieron a demandas alimenticias.

Con esas cifras en la mesa, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó, en segundo trámite legislativo, el proyecto que amplía las atribuciones de la policía y los tribunales para hacer cumplir el cobro de las pensiones alimenticias. De esta forma, la policía podrá ingresar a lugares cerrados cuando exista orden de arresto por alimentos, y se sancionará con privación de libertad el ocultamiento y traspaso malicioso de bienes de los demandados.

Según la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, son precisamente situaciones como éstas -en las que las madres deben asumir toda la responsabilidad de la crianza y mantención de los hijos- las que aumentan las desigualdades entre hombres y mujeres y explican las menores oportunidades de las mujeres respecto de los hombres.

En Chile, "de cada cien mujeres que se convierten en madres, 46 deberán demandar alimentos, a menos que generemos condiciones que alteren esta realidad".

En el año 2001 se incorporó una pensión mínima, la obligación de decretar alimentos provisorios y la retención de la pensión por parte del empleador. Pero las órdenes de arresto siguen sin resultados: el 58% de las órdenes de arresto emitidas por Investigaciones en el año 2002, concluyeron sin detenidos.

Mientras el número de demandas por parte de las mujeres sigue creciendo, el Sernam está por realizar otras modificaciones que eliminen trámites innecesarios y obstrucción a la Justicia. "Es necesario también diversificar el catálogo de sanciones aplicables al incumplimiento de las responsabilidades económicas parentales", dijo la ministra Albornoz.