Andrea Chaparro Solís

La policía civil se encuentra tras la pista del coronel (R) Mortimer Jofré, quien recibió y manejó dineros del Ejército mientras dirigió la agrupación de seguridad de Pinochet, a mediados de los noventa. El ex escolta perteneció durante cinco años al círculo más íntimo del ex uniformado y en 1997 se convirtió en su secretario privado.

Por ello, la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas (FTIR) le tomó declaración en el marco de la indagatoria por la administración de los dineros que le entregó el Ejército para la protección de Pinochet, según consta en el informe Nº 57 de esa unidad.

De acuerdo a los datos recopilados por los detectives, Jofré podría tener conocimiento de algunas operaciones financieras o movimientos monetarios realizados por Pinochet en distintas instituciones bancarias.

Está acreditado hasta ahora que tuvo injerencia en algunas acciones tendientes a resguardar el patrimonio de Pinochet de los embargos que pudiera decretar la justicia española cuando el ex dictador estuvo detenido en Londres, Inglaterra, desde 1998 hasta el 2000.

Así, en 1998 actuando como jefe de la agrupación de seguridad de Pinochet fue al consulado de Chile en Londres y firmó un poder especial. Con este documento quedó autorizado para representar al entonces comandante en jefe del Ejército en Chile en la liquidación de la sociedad conyugal con su esposa, Lucía Hiriart Rodríguez.

El informe también se refirió a la participación del abogado Ambrosio Rodríguez, en este trámite. El profesional fue quien efectuó la liquidación ante el notario Patricio Raby, lo que demostraría un cierto interés por rescatar los bienes del ex dictador. Por ejemplo, con esta diligencia se lograron traspasar en 1999 algunos bienes inmuebles a la sociedad Abanda Finance Limited, empresa que a su vez estaba relacionada con el ex dictador.

El documento policial intenta establecer si miembros del entorno del ex dictador estuvieron involucrados en los delitos de malversación y negociación incompatible.

Romero y Valmoval

Los detectives analizaron también el caso del ex auditor general del Ejército, Juan Romero Riquelme, y su participación en el caso conocido como Pinocheques.

Los antecedentes recopilados en el cuaderno Valmoval del caso Riggs, señalan que el Ejército pagó con tres cheques del Banco del Estado cerca de tres millones de dólares al hijo mayor de Pinochet, Augusto, con los que compró la quebrada empresa de armas Valmoval. Augusto era el accionista mayoritario de Valmoval o Productos Integrados a la Producción (PSP), pero era representado por Eduardo Le Roy, a quien Romero, por orden del ex dictador, le pagó 50 millones de pesos, según su propia declaración.

También cuando Romero fue jefe del departamento legislativo de la Secretaría General de la Presidencia colaboró en el proyecto de ley 18.723 y el decreto supremo de 1988 que permitió al Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI) del Ejército adquirir la empresa PSP, dijo en el interrogatorio de octubre de 2005.Mientras que con los fondos de la venta de Valmoval, Pinochet Hiriart creó la empresa Sistemas y Productos (SP), cuyo mayor accionista también fue Le Roy. Esta nueva sociedad se dedicó a vender productos ligados a la metalurgia a PSP.

En 1990 se descubrió la existencia de los tres cheques y en diciembre de ese año el Pinochet lanzó el "ejercicio de enlace" y en 1993 el "boinazo" como advertencias a los poderes públicos. En 1995 el Presidente Eduardo Frei pidió al Consejo de Defensa del Estado que "por razones de Estado" no siguiera con el caso en tribunales.