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Jueves 4 de mayo de 2006

Los legisladores del PS sostienen que es imprescindible iniciar un proceso de mayor transparencia en el tránsito de lo público a lo privado.

PROPONEN INHABILIDAD DE DOS AÑOS Y TAMBIÉN APUNTAN A INCORPORAR A PARLAMENTARIOS
Un grupo de diputados del PS quieren regular el paso de funcionarios públicos al sector privado

Los socialistas Solari y Estévez se integraron al directorio de Alsacia, operador del Transantiago, y la eléctrica Endesa, respectivamente. El DC Rodríguez Grossi entró al directorio de Chiletabacos y la también falangista Rincón se sumó al directorio de Provida.



Iván Delgado
La Nación

Si bien indicaron que el proyecto no tiene nombre ni apellido, las identidades de los presuntos acusados o causantes de la iniciativa son de dominio público: los socialistas Ricardo Solari y Jaime Estévez y los DC Jorge Rodríguez Grossi y Ximena Rincón en primera línea. Éstos dejaron el Gobierno en el último año y en las semanas posteriores entraron a directorios de empresas privadas. Si estuviera en vigencia la legislación que ayer propusieron los diputados del PS Marco Enríquez-Ominami, Clemira Pacheco, Denisse Pascal, Alfonso de Urresti, Marcelo Díaz y Raúl Súnico, ello tal vez podría no haber ocurrido. Los legisladores introdujeron un proyecto que establece la inhabilidad de dos años para que altos funcionarios de Gobierno ingresen a cargos en el sector privado.

Los socialistas Solari y Estévez se integraron al directorio de Alsacia, operador del Transantiago, y la eléctrica Endesa, respectivamente. El DC Rodríguez Grossi entró al directorio de Chiletabacos y la también falangista Rincón se sumó al directorio de Provida, AFP controlada por el banco español BBVA. Sin embargo, la moción de los diputados no alcanzaría, por ejemplo, al ex senador PS José Antonio Viera-Gallo, que también ingresó a Provida.

Según Enríquez-Ominami, el texto busca abrir un debate sobre transparencia: “A nosotros nos parece que la Concertación, que ha estado en el poder 16 años, ha hecho enormes esfuerzos en esta materia, pero nos parece que aún se puede mejorar mucho más en materia de transparencia y probidad”.

La iniciativa plantea que un funcionario público que haya fiscalizado una esfera de Gobierno, un ámbito de la sociedad y que haya tenido la confianza del Presidente de la República, sea ministro, subsecretario o jefe de servicio, no puede ejercer un puesto en el mundo privado en el mismo ámbito donde fiscalizó.

El parlamentario dijo que, por tanto, quien haya sido ministro de Transportes, a “nosotros nos parece complicado, casi pornográfico, que ese mismo funcionario aparezca al otro día como consultor, consejero, miembro del directorio, gerente de una empresa del transporte”.

El diputado cineasta agregó que “nos parece discutible, revisable y criticable, que algunos ex funcionarios del Gobierno anterior hayan ingresado a la misma área donde estuvieron fiscalizando o en áreas muy sensibles donde tuvieron mucha información, como el caso de las AFPS, que están en el ojo del huracán y son exactamente el nervio del conflicto que tenemos dentro de la Concertación y con el país”.

La diputada Pascal intentó hacer una distinción y señaló que “no estamos criticando a las personas con nombre y apellido, lo que criticamos es el hecho”. “Si una es funcionaria pública y está en un área donde le ha tocado fiscalizar y manejar mucha información, nos parece extraño que una persona entre al directorio de una AFP cuando estamos justamente en el estudio de una reforma al sistema previsional”.

La parlamentaria admitió que hay un vacío legal porque las personas que salen del mundo público se enfrentan a “la necesidad de tener que privatizarse porque no tienen ningún tipo de respaldo económico durante un período”. Pascal estimó que tales altos funcionarios podrían “contar con un sistema para no tener que privatizarse y entrar a las empresas privadas en las mismas áreas donde ellos han desarrollado su trabajo”.

En torno a la razón de que no se incluyan parlamentarios, Pascal afirmó: “Ojalá sea aplicable a diputados y senadores, pero desgraciadamente los legisladores somos considerados funcionarios privados, ya que no pertenecemos al sector público”.

Por esto, la legisladora PS concluyó que “si hay que buscar una fórmula en que los parlamentarios tengamos algún tipo de apoyo durante uno o dos años después de dejar de ejercer sus funciones -donde hemos manejado información confidencial e importante- para resguardar su ingreso a sectores privados, lo estudiaremos ciertamente”. LN













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