Fiel a su promesa de "Refundar Bolivia", el Presidente Evo Morales parece no querer perder ni un minuto. A sólo una semana de sorprender a su país y a la comunidad internacional anunciando la nacionalización de los hidrocarburos, el Mandatario ya alista un nuevo mega proyecto: la reforma agraria.

Así lo confirmó el propio viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en declaraciones divulgadas por el diario "La Prensa".

"Se trata de una transformación lo suficientemente profunda de las estructuras socioeconómicas e institucionales del agro", aseguró el funcionario, quien adelantó que podrían haber novedades al respecto antes del 2 de julio, cuando los bolivianos elijan en las urnas a 255 representantes a la Asamblea Constituyente, que tendrá por misión reformar la Carta Magna, otra de las promesas de campaña emblemáticas de Morales.

El propio Mandatario ya había adelantado sus intenciones de abolir el "latifundio" y redistribuir las tierras, cuando el propio 1 de mayo anunció que la nacionalización de los hidrocarburos era sólo el comienzo, porque después aplicaría reformas a la tierra, los bosques y la minería.

El viceministro de Tierras explicó que la reforma consistirá en la abolición del latifundio permitido en las leyes nacionales porque ha favorecido la acumulación de tierras en pocas manos, principalmente en los departamentos del oriente del país, Santa Cruz, Pando y Beni (los más opuestos a la gestión del Mandatario).

En el altiplano de la región andina y en los valles centrales de Bolivia donde, a diferencia del oriente, existe una fragmentación de la propiedad, se procederá, en cambio, a una redistribución de tierras fiscales.

Según el Gobierno, el principal problema agrario del país son los latifundios improductivos, es decir, las tierras acumuladas por influyentes empresarios y políticos durante los gobiernos dictatoriales (1964-1982) que "no cumplen una función productiva". Asimismo, la reforma afectará a las "tierras de engorde" acaparadas con fines especulativos, adelantó el funcionario.

USO DE LA FUERZA

Almaraz advirtió además, que su Gobierno podría enfrentar una fuerte oposición a la reforma agraria por lo que estaría dispuesto, incluso, a utilizar la fuerza pública para conseguir que los propietarios afectados por la llamada "nacionalización" de las tierras cedan sus posesiones al Estado.

El viceministro de Tierras adelantó que los hacendados podrían oponer resistencia a la nueva reforma agraria al ver afectados sus intereses. En estos "casos extremos" el Gobierno no dudará en utilizar la fuerza pública para expropiar las "grandes extensiones de tierra improductiva" que se concentran en pocas manos.

Bolivia ya ejecutó una reforma agraria en 1953, durante la revolución nacionalista realizada por el Presidente Víctor Paz Estenssoro (1952-56), pero la falta de continuidad en las políticas de Estado permitió que grupos de influencia política y económicas acapararan tierras sobre todo en el oriente del país.

En 1996, una ley ordenó el saneamiento de tierras, pero diez años después el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sólo pudo sanear el 17% de las 107 millones de hectáreas aptas para la agricultura y ganadería.

En los últimos años ha crecido el enfrentamiento entre latifundistas y campesinos pobres debido a la invasión de propiedades privadas por parte de grupos del autodenominado Movimiento Sin Tierra (MST).

Según afirmó a fines del año pasado la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd), Bolivia es uno de los países del continente con mayor concentración de la tierra en pocas personas, lo cual causa pobreza e inestabilidad política.