Nunca pasa inadvertido. Esta vez, Juan Guzmán, el retirado juez que procesó a Pinochet, calificó de "brutal" y "feroz" la forma en que Carabineros busca pruebas en viviendas mapuche como "excusa para detener" y aplicar la "abusiva y exagerada" ley antiterrorista, norma por la que cuatro comuneros fueron condenados a diez años de cárcel y que hoy cumplen 59 días de huelga de hambre en Temuco.

Por petición del Consejo de Todas las Tierras, Guzmán entregó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde, al margen de enumerar diversos atropellos, se solicita derechamente "protección de la institución internacional".

"El movimiento mapuche, que trata por todos los medios pacíficos de recuperar sus tierras de las que fueron expoliados, es una vez más blanco de una represión policial feroz (...) La actuación de la policía es brutal. Irrumpe en aldeas con la excusa de buscar armas. Allana casas y se lleva pertenencias. En el mejor de los casos consigue decomisar, como única prueba, un cuchillo afilado o un machete. Ésta es, en muchas ocasiones, la excusa para detenerlos y aplicarles leyes de corte antiterrorista", declaró Guzmán al prestigioso diario español 'El País'.

A un año de su retiro, el ex magistrado -hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central-, profundizó su crítica a la "aplicación abusiva y exagerada" de dichas leyes (de Seguridad Interior del Estado y antiterrorista), condenando a comuneros a penas de diez años "cuando en realidad estas trasgresiones deberían ser contempladas como faltas y sancionadas con multas o arrestos", sostuvo.

El ex juez Guzmán, luego de haber visitado en abril las comunidades mapuche del sur del país, y tras haber establecido un acuerdo de cooperación entre la Universidad Central y el Consejo de Todas las Tierras, llevó a Ginebra, Suiza, una carta hasta el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnur), donde se denuncian una serie de arbitrariedades y solicitan "protección internacional"

La nota expone "la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de voluntad política del Estado en abordar la desprotección de los derechos colectivos, la criminalización de las legítimas reivindicaciones indígenas, la persistencia de la discriminación y el racismo y la ausencia de mecanismos de dialogo para la implementación de las recomendaciones establecidas en el informe del relator especial de Naciones Unidas señor Rodolfo Sthavenagen", precisan en el Consejo de Todas las Tierras, organización dirigida por Aucán Huilcamán.

La misiva dirigida, por cierto, también la suscriben el Consejo Autónomo Aymara, el Consejo Nacional Aymara de Arica, Sumaj Llajta del Pueblo Quechua y la Red Indígena Atacameños.