Ivonne Toro A.

"La definición de empresa que se establece en el proyecto es un elemento central", aclaró ayer el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que negó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el senador UDI Pablo Longueira en la ley de subcontratación para mantener la definición de empresa que establece el Código del Trabajo y obtener así respaldo de la derecha a la iniciativa.

Longueira ha afirmado que si La Moneda renuncia a introducir una nueva concepción de empresa a través de la normativa, su voto -y supuestamente también el del senador RN Andrés Allamand- estará disponible para aprobar el texto, aunque no se acepten las otras alternativas que propondrá hoy la Alianza para ser discutidas en la Comisión de Trabajo.

Según el líder de la CUT, Arturo Martínez, "al hablar del concepto de empresa lo que está haciendo el señor Longueira y toda la derecha es defender a los grandes empresarios". Acusó que tanto el senador gremialista como su par de RN se oponen a la especificación que se establecen en el proyecto del Ejecutivo para que las organizaciones productivas funcionen con una sola razón social.

En la actualidad, explicó el dirigente sindical, una estructura como la cadena de supermercados Líder tiene más de 190 roles distintos, situación que, entre otras anomalías, dificulta la sindicalización, ya que los trabajadores en el plano legal dependen de distintos contratantes, aunque en la práctica realicen labores para un solo empleador. Además, este mecanismo permite, denunció Martínez, que por una vía se canalicen las utilidades y por otra se plasman los números rojos o deficitarios. "Justamente donde están los trabajadores van a pérdida", reclamó Martínez, que deslizó que a través de esta fórmula los conglomerados justifican no entregar gratificaciones a sus funcionarios y mantienen bajos los salarios.

El líder de la CUT afirmó que "fue un error no haber aprobado el proyecto días atrás, porque se le ha dado a la derecha, que nunca ha estado preocupada de estos temas, espacio para opinar". Agregó estar preocupado de que "la Concertación se ordene y tenga votos para poder aprobar el proyecto", que es -sostuvo- lo "mínimo" que puede hacer el oficialismo.

La preocupación del empresariado, y también de la Alianza, radica en que incorporar un nuevo concepto de "empresa" en la legislación se puede traducir en finalizar por ley con la práctica, extendida en todos los sectores productivos, de usar razones sociales distintas dentro de una misma institución. Sin embargo, el ministro Andrade descartó que esto suceda y precisó que sólo será "aplicable para los efectos de la subcontratación y desde ese punto de vista es coherente con la definición de empresa que hay en el Código del Trabajo, no hay ninguna contradicción entre una y otra". La aclaración no satisface a los detractores del texto legal, que no estiman conveniente sentar un precedente que puede ser citado para avanzar en regular también la situación de empresas mandantes y no limitarse a las subcontratistas.

Pese a la animadversión que genera en el bloque opositor esta materia, Andrade subrayó que "el Gobierno no ha establecido ningún tipo de interlocución, formal o informal, con parlamentarios o senadores de la derecha" y dijo que lo concreto es que "la Presidenta le ha pedido a los senadores de la Concertación que respalden el proyecto, que ella tiene interés en que sea aprobado antes del 21 de mayo, y eso significa respaldar el proyecto tal como está".

POSICIÓN DE LA DC

Ayer la timonel DC, Soledad Alvear, comprometió los sufragios de su colectividad para sacar adelante la ley tal como fue evacuada de la Cámara de Diputados, pese a que durante la mañana el senador Hosaín Sabag había advertido que el oficialismo debe ejercer la mayoría de forma "inteligente y prudente" para cautelar la relación con la derecha.

Alvear entregó una declaración pública donde aseguró el piso político para el proyecto y especificó las materias que la DC considera que deben ser "perfeccionadas" por la Presidenta Michelle Bachelet a través de facultades reglamentarias.

En este escenario, todo indica que la apertura a negociar con la Alianza que mostró la semana pasada el Gobierno ya no existe. La única vía que Osvaldo Andrade ofrece es un reglamento, que está redactando un comité especial del Ministerio del Trabajo, que busca "garantizar que lo que el proyecto fije desde el punto de vista administrativo y de gestión pública se va a cumplir". Se trataría de instrucciones que "no están vinculadas con contenidos de fondo del proyecto". LN