Desde Madrid, el abogado español Joan Garcés expresó a La Nación su rechazo al argumento usado por el Gobierno de Chile para recusar a la nueva integrante del tribunal arbitral, la catedrática francesa Brigitte Stern, aduciendo que ésta ha escrito artículos de prensa y académicos en los que, por ejemplo, habla de Pinochet como un dictador que cometió actos que "repugnan a la conciencia humana y pueden ser calificados como crímenes por el derecho internacional".

El tribunal arbitral, dependiente del Banco Mundial, debe resolver la demanda por 500 millones de dólares interpuesta contra el Estado de Chile por la expropiación del diario "Clarín" durante la dictadura.

Las palabras de la académica fueron publicadas en un artículo de "Le Monde" en su edición del 26 de marzo de 1999, bajo el título "Temblad ex dictadores", durante el período en que Pinochet estaba bajo arresto en Londres.

"Sorprende que La Moneda haya ordenado recusar a la profesora Stern por publicar interpretaciones del derecho penal internacional en relación con Pinochet, las mismas que hoy la Corte Suprema de Chile sostiene en sus resoluciones", afirmó Garcés.

El Gobierno chileno habría solicitado en una nota al Banco Mundial la exclusión de la profesora Stern porque sus publicaciones en relación a Pinochet, dado la alta connotación pública de este caso en Chile, hacen que su designación pueda ser objeto de serias controversias.

Garcés dijo además a La Nación que: "Sorprende también esta recusación, cuando lo que se discute en el tribunal del Ciadi no es derecho penal, sino el derecho internacional de protección de inversiones económicas, materia ajena a la controversia que debe dirimir ese tribunal".

Garcés dirigió el viernes pasado una carta a Scott B. White, secretario general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, del que depende el referido tribunal arbitral, pidiendo el rechazo de la nueva recusación chilena y que se confirme el nombre de la catedrática Stern, experta en derecho internacional de la Universidad de París, pues "la objeción planteada en contra de la profesora Stern es inadmisible".

Recordemos que el abogado español, el mismo que patrocinó la querella en España en contra de Pinochet acogida por el juez Baltasar Garzón, representa a la Fundación Presidente Allende y al ciudadano chileno Víctor Pey, demandantes en el litigio arbitral internacional ante ese tribunal.

"¿Puede el Banco Mundial discriminar a un árbitro so pretexto de que tendría alguna simpatía con la forma representativa de gobierno y el respeto de los derechos fundamentales de la persona?", expresó Garcés en su carta.

El abogado recuerda en la misma que "este es el cuarto árbitro cuya recusación ha sido solicitada por la República de Chile, desde que en junio de 2005, el Ciadi ha recibido el proyecto final de sentencia del presidente del tribunal de arbitraje".

Garcés dijo a La Nación que "se observa que el Gobierno de Chile está intentando impedir que la sentencia, ya está depositada en la secretaría del tribunal, sea notificada a las partes. Y por la actitud de Chile, deducimos que ese proyecto de sentencia es favorable a nuestros intereses y va en el sentido del fallo firme de un tribunal de Chile en 1995, el que declaró que Víctor Pey había comprado la totalidad de las acciones de la empresa editora Clarín y se las restituyó".

Silencio oficial

La Nación solicitó ayer la opinión del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Luis Sánchez Castellón, a cargo del caso por parte del Gobierno, y la del abogado Jorge Carey, quien representa los intereses del Estado de Chile ante la demanda internacional. Pero ninguno de los dos contestó a este medio. Sánchez dijo, a través de su jefa de prensa, Paula Conejeros, que no hablaría sobre el asunto. Mientras que los varios intentos para ubicar a Carey a través de su asistente, María Isabel Urzúa, no dieron resultado.

Pérdida del derecho

La catedrática Brigitte Stern fue designada por el presidente del BM, Paul Wolfowitz como árbitro puesto que el Estado de Chile perdió sus derechos para la elección de su representante ante el Ciadi en este caso.

Según el abogado Garcés, la pérdida de este derecho sucedió porque "el Gobierno de Chile para bloquear al tribunal en agosto de 2005, aplicó tres medidas: recusó a todo el tribunal; forzó la dimisión de su propio arbitro, el señor Galo Leoro; y luego, el Gobierno chileno declaró el boicot financiero al Ciadi, negándose a pagar las provisiones de fondo que se le pidió a las partes para pagar el trabajo del tribunal. Todo esto lo hizo el Gobierno de Chile para impedir que el tribunal vuelva a reunirse, firme y notifique su sentencia a las partes". LN