Betzie Jaramillo

Depósitos de personas. Así define a las prisiones el experto argentino Elías Neumann. Y la descripción vale para las cárceles chilenas. Son 95 salpicadas por todo el país. En ellas están recluidas casi 37 mil personas. Y se dice "personas" porque los que están presos con una condena de tres años y un día no se pueden llamar ciudadanos, porque legalmente han perdido esa condición. Pero eso no quiere decir que pierdan su condición de seres humanos. Aunque muchas veces no se les trata como a tales.

Chile ostenta unos cuantos récords en materia penitenciaria. El más impactante es el número de presos comunes en proporción a la cantidad de habitantes del país. Más de 200 por cada 100 mil. En esto sólo nos superan Panamá y Estados Unidos, que tiene el récord absoluto mundial, con una población reclusa de más de dos millones de personas, lo que significa que una de cada 136 está tras las rejas, y un alarmante crecimiento, como ha denunciado Allen J. Beck, jefe de estadísticas penitenciarias en EEUU. Ese debe ser el siniestro precio del "estilo de vida americano",

Aquí también estamos experimentando un alza considerable. El conteo que hizo Gendarmería el último día del año 2005 dio un total de 36.974 personas encarceladas. Diez años atrás eran 22 mil. Un crecimiento anual de 5,45%, en comparación con el 1,2% de crecimiento de la población. La I Región se lleva el premio, con 760 personas por cada cien mil. Pero la II, VI, XI y, por supuesto, la Metropolitana, están por encima de la media nacional.

PRESOS DE LARGA DURACIÓN

¿Quiénes son estos presos? En su mayoría, hombres jóvenes (las mujeres representan alrededor de un 7%). La mitad tiene menos de 30 años y un tercio tiene entre 30 y 40. O sea, que el 80% está en el momento de mayor capacidad productiva y con obligaciones familiares. Pero lo más terrible es que las penas que cumplen son larguísimas. El 75% del total de presos cumplen condenas de entre cinco y veinte años, condenados en su mayoría por delitos contra la propiedad -hurto, asalto- (en el caso de las mujeres, el mayor porcentaje es por delitos relacionados con el tráfico de drogas). Sólo un dato para comparar: en Alemania, los que cumplen penas de más de cinco años son el 14% contra el 75% de aquí. Y en el otro extremo: los que tienen condenas de menos de un año son en Alemania un 44% y en Chile un 2,2%. O sea, que entrar a una cárcel chilena significa pasar la mejor parte de la vida encerrado. A pesar de estas altas cifras, el 80% de la población considera que las penas en Chile son bajas o muy bajas (Ministerio de Justicia, 2003).

Aumentan los presos y las condenas. Y lo que disminuye, hasta niveles casi exiguos, son los distintos beneficios que reconoce cualquier sistema penal, como son los permisos de domingo, los de fin de semana y la libertad condicional. Pongamos números a esta tendencia. En 1995, el promedio de permisos dominicales era alrededor mil. En 2005 fueron sólo 298. Entre 2002 y el año pasado, las salidas por el fin de semana disminuyeron un 66%. En el caso de las autorizaciones de libertad condicional, pasaron de casi cuatro mil en 1995 a 871 el año pasado. ¿Por qué esta mano tan dura? Según el abogado alemán Jörg Alfred Stippel, autor del libro "Las cárceles y la búsqueda de una política criminal para Chile" (Lom), esta mezquindad en los permisos se debe al poder de los medios de comunicación, que magnifican y hacen de la delincuencia un espectáculo y que terminan influenciando las políticas de Gobierno, especialmente en época electoral. La "mano dura" es muy rentable a la hora de captar votos.

HACINADOS

De esta manera, enorme número de presos, largas condenas y escasos permisos quiere decir en pocas palabras que muchos entran y pocos salen. Y si cada día entra más, el resultado es hacinamiento. Amnistía Internacional, en su informe mundial 2006, destaca "el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas" en Chile. Y como ejemplo habla de los 30 heridos en una pelea por un sitio para dormir en la ex Penitenciaría el pasado mes marzo y de los 120 presos que se veían obligados a pasar la noche a la intemperie. De todas las cárceles, la que presenta una mayor sobrepoblación es el Centro de Detención Penitenciaria (ex Penitenciaría), que en su edificio, construido en 1843, ha llegado este mes a albergar 5.600 presos, el doble de su capacidad.

El hacinamiento afecta negativamente a cualquier tipo de ser vivo. Y le añade a los presos chilenos un sufrimiento que no forma parte de su condena y exacerba todas las tensiones derivadas del severo sistema que mantiene altas condenas y escasos permisos. La lucha por un espacio vital mínimo estalla en violencia, a veces en motines y otras más cotidianas de agresiones contra los gendarmes, entre ellos mismos y las salvajes autolesiones. Como Stippel señala, "en los primeros seis meses de prisión, el principal síntoma es la depresión. Y es cuando se producen los intentos de suicidio". Estudios internacionales calculan que entre los cuatro y los seis años de reclusión es cuando cunde el "síndrome de separación", que se manifiesta en perturbaciones emotivas, de comprensión y de juicio y formas de regresión hacia el infantilismo.

SENTENCIA DE SOLEDAD

Así un año tras otro, y el día que cumplen su sentencia y salen al exterior lo que se encuentran es la nada. La familia se ha evaporado y nadie los espera. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando las condenas son cortas, a pesar de la ruina económica que conlleva que el hombre, generalmente el proveedor de su casa, esté encarcelado, las mujeres "aperran" como pueden y se las arreglan para visitarlos y mantener el vínculo. Y consiguen, de mala manera, poner en práctica los contactos íntimos en los "camaros", como llaman a juntar un par de bancos de la sala de visita, a modo de cama, y una frazada que hace las veces de biombo que protege a los amantes de las miradas del resto. Sexo urgente, precario, desesperado, para mitigar la soledad.

En el estudio que dirigió Stippel se realizó una encuesta a 600 reclusos de la Región Metropolitana y entrevistas en profundidad a internos y funcionarios de Gendarmería, con la garantía de anonimato. Algunos de los resultados fueron los siguientes: un promedio del 40% de presos considera que sus derechos son poco, muy poco o nada respetados. Pero estas cifras se disparan dependiendo de la clasificación de "peligrosidad" y de los años que llevan en prisión. Mientras más "peligroso" y más tiempo recluidos, peor es la percepción del respeto de sus derechos y más conocimiento tienen de cuáles son éstos, cosa que suele estar asociada a "que los funcionarios no pueden pegarle a uno". ¿Quiénes deben garantizar estos derechos? Según el estudio del equipo de Stipper, los reclusos piensan que debe ser Gendarmería, seguido del Gobierno y ellos mismos. A la cola están sus abogados y, por último, los jueces.

CÁRCELES CONCESIONADAS

Crear cerca de 20 mil nuevas plazas de reclusión, solucionar los problemas de hacinamiento, infraestructura (según la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, en el sector antiguo de la ex Penitenciaría de Santiago en el 2004 había una ducha y una taza turca para cada 64 internos) y abordar la tarea siempre postergada de la rehabilitación (sólo 20 centros de trabajo y educación en los 95 establecimientos), se decidió en el 2000 la "modernización carcelaria". Y se destinaron cerca de 300 millones de dólares para levantar 10 nuevos penales concesionados a privados, de los que se han entregado tres. El costo calculado por preso es de unos 10 dólares ("Privatización carcelaria en Chile", Carolina Palacios y Javiera Díaz, de la Universidad Diego Portales).

Las nuevas condiciones de estas cárceles deben aumentar, por ejemplo, de un metro cuadrado a 1,8 por recluso en la sala de estar y el comedor, aumentar en 15 centímetros el espacio por persona en la sala de clases, poner escusado, ducha y lavatorio en las celdas comunes e individuales y que los concesionarios se hagan cargo de la lavandería y la comida. La calidad de estas raciones de comida es lo que ha movilizado esta semana a los gendarmes de la nueva y concesionada cárcel de alta seguridad de Alto Hospicio a mantener una huelga indefinida. Los gendarmes han denunciado también que dentro de la cárcel están trabajando ex agentes de seguridad del Gobierno militar, lo que consideran un factor intimidatorio.

La institución de Gendarmería también requiere una profunda remodelación. Stipper destaca que su formación, basada en la doctrina militar, es de un año, aunque, ante el número creciente de presos, esta formación se está limitando a seis meses y que la mayor parte de la formación depende de la propia experiencia dentro de los penales. No parece suficiente ni para ellos ni para los presos que tiene que vivir bajo su tutela.

Los presos comunes chilenos están en la zona oscura de la vida, a la que sólo entra algo de luz cuando la violencia hace que los telediarios se interesen por su suerte. Y como señala el experto Stipper, "la sociedad en general desconoce casi todo sobre esta realidad", y una mayor información y sensibilización ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana. Pero también ayudaría a la propia cultura de la sociedad al entender que todos, incluidos los delincuentes, tienen derechos. Por algo la Constitución chilena los asegura para "todas las personas" y no sólo a los ciudadanos, que son esos que caminan libres, aunque no siempre erguidos, por los senderos, caminos y calles del país.