Que la educación se ha convertido en un lucrativo negocio bien lo sabe el puñado de fiscalizadores que emprenden la titánica tarea de cazar las distintas irregularidades que sostenedores de diverso origen cometen para "apropiarse indebidamente" -según acusan los funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc)-, de la subvención estatal, que no es otra cosa que plata de todos los chilenos.

"Al año, según cifras del propio Mineduc, se estima que a nivel nacional son cerca de 6 mil millones de pesos mal habidos por los sostenedores", resume Nelson Viveros, presidente de Andime, la asociación de funcionarios del Ministerio de Educación que agrupa, por cierto, a los fiscalizadores. Un quinto de semejante cifra la aporta la Región Metropolitana. En 2005, a través de multas y devoluciones de dinero, los sostenedores encausados debieron reembolsar al ministerio nada menos que 1.165 millones de pesos.

De acuerdo a datos entregados por la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Educación de la Región Metropolitana, en 2005 se siguieron 250 procesos por presuntas infracciones al sistema de subvenciones o por actuar, en lo que a dinero se refiere, sin apego a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la sacrosanta LOCE. Del total de procesos, 180 terminaron en sanción y 70 fueron sobreseídos.

Una vez constatadas la irregularidades de los sostenedores, el Mineduc recaudó en la Región Metropolitana 398.026.369 de pesos por concepto de multas, y 767.053.572 de la misma moneda por concepto de reintegro o devolución de dineros. Sumando ambas cifras, el Estado comprobó las faltas y logró recuperar 1.165.079.941 de pesos.

La millonaria cifra va en alza. En lo transcurrido de 2006, con datos hasta el 30 de abril, ya se han instruido 51 procesos: 45 terminaron en sanción y seis en sobreseimiento. A la fecha citada, por multas se han recaudado 84.036.073 de pesos, en tanto las devoluciones de dineros suman 25.220.588 pesos. Es decir, en apenas dos meses de año escolar -marzo y abril-, ya se ha recuperado casi 110 millones de pesos. La temporada va para récord.

"Yo no voy a emitir juicios de valor acerca de los sostenedores a raíz de esas cifras...", apuntó el seremi de Educación, Alejandro Traverso. Pero segundos después lanzó una respuesta para leer entre líneas: "Las cifras son autoexplicativas", esbozó.

Con todo, Traverso explicó que bajo su administración en la región, en 2005 comenzó el "rediseño radical en materia de fiscalización", que ha permitido a la repartición que dirige reducir los tiempos de los sumarios que terminan -en su mayoría-, con sanciones contra los sostenedores. "Antes -detalló-, un proceso podía tardar dos años, hoy varía entre 60 y 90 días".

Irregularidades

Los métodos para cobrar irregularmente la subvención -unos 30 mil pesos mensuales por alumno matriculado-, son varios. Dado que la plata estatal se entrega en función de la efectiva concurrencia de los niños a clases, una de las faltas más comunes es la adulteración de libros de asistencia. Y dado que también las platas están asociadas al pago de remuneraciones de profesores, dicho flanco es un componente importante al que muchos sostenedores echan mano.

Existen colegios que dicen tener la planta docente completa -y recibir la subvención para pagar esa planta-, pero la realidad es falseada. Otros que contratan profesores hasta noviembre, pero igual obtienen la plata al menos de enero y febrero. O le pagan menos. También contratan personas sin título y les cancela una menor cantidad. El no integro de cotizaciones previsionales es otra fuente de ingresos irregulares.

También hay una cantidad enorme de horas pagadas por el Estado por clases que jamás fueron hechas porque, por ejemplo, no reemplazan profesores con licencia o no alcanzan a recuperar clases porque se acaba el año escolar. En el año 2000, recuerda el fiscalizador y vicepresidente de Andime, Miguel Verdugo, en todo Chile se registraron dos millones de horas pagadas y no realizadas. Por hora de clases, el Estado paga en promedio unos 10.300 pesos.

La gama de estrategias para recibir las subvenciones sin cumplir con los requisitos incluye, también, pequeños detalles. "Empiezan el año escolar tres días después de la fecha oficial o lo terminan una semana antes, pero igual cobran la subvención completa. O matriculan niños sin la edad para kinder e igual reciben la plata", enumera Verdugo. Así, muchos sostenedores van acumulando ceros en sus cuentas corrientes. De todo eso, los padres y apoderados, rara vez se enteran.

El iceberg

Cada mes, los fiscalizadores ministeriales levantan a nivel nacional unas 700 actas con las irregularidades más graves (tipo C) cometidas por los sostenedores o, dicho de otro modo, los dueños de los colegios. Las actas que sobreviven a las presiones -dicen los fiscalizadores-, no son todas y las que lo consiguen llegan a convertirse en procesos. Entre ellos son 250 los seguidos contra sostenedores en la capital.

Pero hay un dato no menor acerca de la fiscalización de las subvenciones. La Región Metropolitana registra un total de 2.357 colegios subvencionados -particulares y municipales-, pero fiscalizar semejante cantidad de escuelas se transforma en una tarea titánica cuando el Mineduc metropolitano sólo cuenta con apenas 38 inspectores. "Y con sueldos miserables", añade Miguel Verdugo, dirigente de Andime y fiscalizador.

"Somos muy pocos y con muchas áreas que fiscalizar", resume Verdugo. "Antes éramos 400, pero como la Ley de Presupuesto pone obstáculos para llenar el cupo de un inspector que jubila o muere, en la práctica llegamos a ser sólo 38 con el riesgo de que el número siga bajando sin ser reemplazado", precisa Verdugo. Con suerte, cada colegio es fiscalizado apenas una vez al año.

Como el contraste es evidente, el panorama abre más dudas sobre las reales dimensiones del abuso que no pocos sostenedores cometen con platas fiscales. Si 38 fiscalizadores para casi 2 mil 400 colegios lograron que el Estado recaudara en 2005 más de mil millones de pesos, ¿cuántas irregularidades podrían detectar si aumentara el número de inspectores? "Buena la pregunta", atinó a responder el seremi Traverso. La incógnita sigue abierta. La fuga del dinero fiscal también.