Diez nuevos recintos quedarán en manos privadas, pero el negocio no es como adjudicarse una autopista. La construcción ha estado llena de problemas, retrasos, paralizaciones y un litigio en tribunales. El desafío es grande y caro.
En Chile hay 40 mil presos, pero en las cárceles caben sólo 24 mil. El problema es antiguo, pero el asunto se ve peor si desde hace más de un mes 120 internos de la calle 6, en la “Peni”, deben dormir a la intemperie porque en las 38 celdas hay espacio para 280 y ellos son 400.
El persistente hacinamiento –3.500 personas son encarceladas anualmente– motivó la implementación del Programa de Infraestructura Penitenciaria, que consiste en la construcción de 10 recintos penales –con un costo total de casi 300 millones de dólares– que aportarán 16 mil nuevos espacios y harán más digna la estadía tras las rejas.
El plan se diseñó pensando en privatizar las cárceles. La primera etapa se la adjudicó la sociedad formada por dos constructoras, la chilena Besalco y la italiana Astaldi. A ellas se unió la empresa de alimentación Sodexho. Como consorcio BAS, firmaron un contrato para construir y gestionar las cárceles de Alto Hospicio, La Serena (de alta seguridad) y Rancagua. Gendarmería continuará con la vigilancia y administración de los recintos, pues por ley sólo el Estado tiene la “facultad indelegable de restringir los derechos de las personas”.
LOS DUEÑOS DEL CONCRETO
El trabajo de los privados empieza con el financiamiento, el diseño y la construcción de las nuevas cárceles, y continúa por 22 años (después el Estado puede volver a licitar) con la prestación de todos los servicios penitenciarios, incluyendo planes de rehabilitación y reinserción social. De sus 35 mil metros cuadrados, cada cárcel tiene talleres artesanales y unos 500 metros cuadrados de zona industrial, donde los con buena conducta puedan trabajar por un sueldo. Además, una escuela reconocida por el Mineduc dará cursos de arte y actividades deportivas.
Pero en el nuevo sistema devolver a la sociedad a una persona productiva costará unos 564 mil pesos pesos mensuales, más del doble de lo que actualmente (250 mil pesos) cuesta cada reo al Estado.
En teoría, la expansión penitenciaria debería completarse este semestre. Pero todas las etapas han tenido atrasos de distinta magnitud. La primera (grupo 1) está en funciones, y la tercera (grupo 3), adjudicada al conglomerado Vinci –Valdivia, Puerto Montt y Santiago–, tiene un 75% de avance. La cuarta etapa aún no se licita.
SE BUSCAN CULPABLES
El problema está en la etapa 2 –recintos en Concepción y Antofagasta–, que se la adjudicó BAS y debía entregarlo en 2005, pero las obras están paralizadas desde diciembre de 2004. La empresa acusa al Gobierno de no cumplir el contrato. Las fricciones empezaron cuando la Comisión Técnica del MOP, Justicia y Gendarmería exigió ascensores en los hospitales, engrosar los muros y aumentar a 10 mil los rociadores antiincendios e incorporar espirales con alambres de púa.
A partir de ahí el panorama se oscurece. Al parecer, construir y administrar cárceles no da dividendos de imagen, pues todos los involucrados rehúyen hablar del tema. En la unidad de concesiones del MOP sólo repiten el programa y los objetivos cumplidos. En Copsa, la asociación de empresas concesionarias, responden que “las aguas están tranquilas”, aunque es vox populi que las relaciones son malas. En BAS, sus ejecutivos “no dan entrevistas sobre el tema”.
Por el momento, los únicos antecedentes públicos están en el informe sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales, que señala que la Comisión Conciliadora, que debe operar si las partes discrepan, logró un advenimiento en un conflicto similar en la etapa 1. Entonces, el MOP habría asumido los costos de las exigencias adicionales, pero ahora no desean repetirse el plato y el conflicto estaría en un arbitraje judicial.
José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia y actual senador PRSD, reitera que “de acuerdo a la licitación inicial, los costos estaban completamente claros, los estudié y reduje para lograr una cárcel económicamente viable”. Según la empresa (citada en el informe de la UDP), la licitación se basó en un anteproyecto y los nuevos términos suben un 70%. El MOP y Gómez aseguran que el incremento es entre un 7 y un 10%.
El titular del MOP, Eduardo Bitrán, confirmó la situación: “Hemos aplicado multas y las seguiremos aplicando. La paralización de obras es inadmisible, daña el interés público de una manera brutal”.
DIGNIDAD O COSTUMBRE
Además de las multas, BAS enfrentó
-en marzo pasado– una huelga de 200 gendarmes de Alto Hospicio en protesta por la mala calidad de la comida. En mayo, la concesionaria VCGP (Vinci Construction Grand Projects) negoció con 600 obreros de Valdivia, en paro por los bajos sueldos.
Mientras, el mundo carcelario sigue su curso. El año pasado, según la UDP, murieron 41 internos en el país. Las cárceles actuales son micromundos en los que muchos reos se acostumbran a vivir. Según Lucía Damert, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “el proceso de cambio es lento y muy complejo, porque además va a implicar un cambio cultural al que algunos presos se resistirán; por eso es importante monitorear la rehabilitación. Es muy pronto para hablar de resultados”. LND
