Por Francisco Aedo
Antes de cumplir 18 años, al menos en cuatro períodos de su vida, Roberto Martínez estuvo en centros de red del Servicio Nacional de Menores (Sename), también pasó por la cárcel de Puente Alto, luego por la ex Penitenciaría de Santiago y finalmente –después de sembrar el terror en el barrio alto– en diciembre de 2002 se suicidó en una celda del penal Colina II.
La vida de muy pocos delincuentes ha tenido tantos registros periodísticos como la de Roberto Martínez, alias “El Tila” o “El sicópata de La Dehesa", pues desde muy pequeño, a pesar de su condición de abandono, destacó por poseer talentos especiales que hacían apostar con optimismo por una rehabilitación que nunca llegó. Su historia de niño abusado, que derivó en asesino y violador, cuestionó las condiciones existentes en los centros destinados a proteger a menores de edad en riesgo social y rehabilitar a aquellos en conflictos con la ley.
Cuatro años después, la entrega esta semana del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 2006 –basado principalmente en las condiciones carcelarias–, volvió, una vez más, a poner en el tapete la labor implementada para rescatar a los menores abandonados del “tobogán” delictual.
Sin embargo, el impacto social que producen los hechos delictuales –cada vez más violentos y audaces– divide a quienes están por “la mano dura” y exigen encarcelar a cuanto tipo delinque, y aquellos que perciben que las condiciones de encierro no sólo atentan contra los derechos humanos, sino que, además,empeoran la situación. No obstante, Chile es el país con mayor número de reclusos por habitante de Latinoamérica.
Aunque decir que los centros de menores son escuelas del delito resulta un verdadero lugar común, no existen datos precisos en las instituciones responsables del sistema. Un estudio del Departamento de Readaptación de Gendarmería realizado el 2000 señalaba que un 70% de la población penal adulta y alrededor de un 40% de los reincidentes habían pasado por algún centro de la red Sename.
La institución carcelaria no aportó datos más actualizados respecto de dicha estadística, pero esas cifras no concuerdan con las que maneja la actual administración del Sename.
Alejandra Riveros, asesora del organismo, dice que los datos que recibió al empezar a trabajar hace tres meses señalan que sólo un 9% de la población penal pasó por los centros del Sename, pero según su propia percepción cree que la cifra debiera ser más alta, aunque sin llegar al porcentaje detectado por Gendarmería en el 2000.
Actualmente, en los centros del Sename hay poco más de 70 mil menores que ingresaron por protección de sus derechos, y cerca de seis mil infractores por delitos inimputables, según estadísticas del 31 de mayo de 2006.
“RECINTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD”
Según el informe de la UDP, entre los principales problemas que afrontan niños y adolescentes en estas condiciones se encuentran la calidad de la infraestructura de los centros, su ubicación geográfica, la alimentación que reciben, el derecho a visitas y el acceso a prestaciones de salud idóneas. A esto se agregan los maltratos y uso de celdas de castigo –con lo cual se vulneran estándares internacionales– y abusos sexuales, que se cometerían tanto en centros de Gendarmería como del Sename.
Martín Besio, quien trabajó en el informe de la UDP, señala en el apartado acerca de la situación de menores infractores de ley, que “quien conoce el sistema sabe que es obvio el paso por el sistema Sename, entre los Centros de Tránsito y Distribución (CTD), Centros de Observación y Diagnóstico (COD), Centros de Rehabilitación Conductual (Cereco), y sin descartar la posible llegada a una cárcel”.
Actualmente, cuando los acusados tienen entre 16 y 18 años se les somete a un cierto control judicial a través del trámite de discernimiento, pero “el problema es con los menores de 16 años, pues como son inimputables no se les somete a un proceso donde pueden defenderse ni le aplican medidas de protección, sino que casi automáticamente pasan a recintos que tienen una estructura carcelaria”, señala Besio.
Otro problema muy grave, en opinión del abogado, es que según la normativa legal no debiera haber menores en recintos carcelarios, pero en la práctica sí los hay. De acuerdo con la ley vigente, los adolescentes pueden ser ingresados a establecimientos penitenciarios sólo si han sido objeto de la medida cautelar de prisión preventiva y se haya determinado por sentencia ejecutoriada que obraron con discernimiento.
En dicho caso, el menor debe estar absolutamente separado de los reclusos mayores, pero, según cifras de Gendarmería, en marzo de 2005 en las cárceles públicas del país había 52 menores condenados.
CARRERA CRIMINAL
Aunque no guste, el abogado de la Corporación Opción Julio Cortés saca a colación un concepto: la carrera criminal. Según él, dicho concepto propio de la criminología es en general rechazado, pero vale la pena analizarlo. “El hecho de tener una desigual estructura social que plantea los mismos objetivos de consumo, pero que excluye la posibilidad de que un sector importante de la población alcance esos fines, es un factor criminógeno que incentiva a cometer delitos. Tras el ingreso al sistema penal y el ‘etiquetamiento’ que se hace del delincuente, las futuras conductas infraccionales obedecen a una reacción al paso por el régimen carcelario. Ese es el concepto de carrera criminal”, dice el abogado.
Desde este punto de vista, lo que el sistema penitenciario estaría haciendo es crear una clase delincuente y administrarla, “privando de libertad a algunos, y no interviniendo mucho sobre otros. Es muy dudosa esa pretensión racional de que el sistema debería reducir la criminalidad”, agrega Cortés.
¿Es posible criminalizar la pobreza? La mezcla que se da en recintos privativos de libertad parece indicar que sí. A juicio del diputado Patricio Walker, es tal la estigmatización, que llega a hacer equivalente el ser pobre y ser delincuente. A ello se suma que en los actuales recintos para menores es imposible evitar el contacto entre infractores y niños en riesgo social, y por ello el parlamentario insiste en el reemplazo del vigente esquema por casas de acogida o residencia para no más de 20 personas.
A hechos como los ocurridos –y denunciados por LND– en centros como Antuhué, con graves incidentes entre el personal del Sename y los internos, se suman nuevos casos. La semana pasada, menores internas se tomaron el recinto del CDT de Pudahuel. A juicio de Alejandra Riveros, la toma se debió a una desinteligencia y no entender a tiempo necesidades básicas de las niñas. “Cuando se genera un motín por papel y toallas higiénicas, por ejemplo, no quiere decir que hayan aumentado los niveles de violencia del centro, sino que hay problemas de gestión. El funcionamiento de un sistema centralizado, a veces genera que los problemas se resuelvan más lentamente, y se llegue a motines en
determinados casos”.
También se debe considerar que el 90% de los funcionarios de Sename, al igual que gran parte del sector público, está a honorarios y percibe bajos sueldos, lo que también influye negativamente. Respecto de si el personal está capacitado para enfrentar rebeliones o motines, Riveros dice que “sí y no, pues no hay un staff uniforme. La idea es homogeneizar los equipos: que exista un mínimo de técnicos, un mínimo de profesionales. La conformación de los equipos es súper asimétrica. Es un desafío”.
Los trabajadores del Sename también tienen su visión en torno al problema juvenil. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename (Afuse), recuerda que en repetidas oportunidades han hecho hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de los centros y los sueldos del personal. También advierte que cuando se implemente la ley de responsabilidad juvenil, las plazas destinadas a la detención de menores no darán abasto. Ella es enfática en decir que con las actuales condiciones “no existen posibilidades de rehabilitación”.
El informe de la UDP indica que, entre 2003 y abril de 2006, el control administrativo del Sename detectó 40 situaciones de maltrato en los centros bajo su dependencia, los que dieron lugar a sumarios respectivos y 16 funcionarios fueron destituidos.
Por su parte, el Sename tiene estadísticas que indican que desde 2001 a la fecha se han realizado 83 sumarios, 58 de los cuales fueron sobreseídos, en 25 casos se aplicaron medidas disciplinarias y en sólo tres de ellos hubo destitución y los antecedentes se derivaron al ministerio público para perseguir sanciones penales contra los responsables. LND
