Por Jorge Molina Sanhueza

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer un escrito ante el ministro Jorge Zepeda donde solicita que el magistrado aplique una serie de medidas cautelares a los bienes de la Colonia Dignidad, como también a una serie de empresas que aparecen como parte de la red usada por el enclave alemán para lavar sus propiedades y activos financieros frente a la acción de la justicia.

Asimismo, el CDE solicita que Zepeda envíe un exhorto a la Argentina para requerir información acerca de cómo se adquirió la hacienda donde Paul Schäfer estuvo clandestino desde 1997 hasta 2005, cuando fue capturado.

La solicitud del CDE, dijo a La Nación una fuente judicial, es una nueva arremetida en contra del magistrado, que en septiembre del año pasado revocó los procesamientos por asociación ilícita a varios colonos, como también las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes de la ex Villa Baviera, dictados por la jueza de Parral, Jimena Pérez. Junto con esa decisión, el magistrado anuló el nombramiento del interventor de los bienes de la Colonia, Herman Chadwick, aunque mantuvo los embargos a las acciones a seis líderes del enclave.

Tal fue la polémica que causó el dictamen de Zepeda que tanto el CDE como los abogados querellantes decidieron apelar a la resolución, la que aún está pendiente en la Corte Suprema.

Los cuatro íconos

Básicamente, la solicitud del organismo público busca que Zepeda cautele los bienes de empresas que la Colonia, en forma dolosa, formó a principios de los '90 para evitar su embargo, en momentos en que el Presidente Patricio Aylwin le quitó la personalidad jurídica al enclave alemán.

Así fue como se crearon las sociedades Abratec, Agripalma, Bardana y Cinaglosa, con el objetivo de guardar los fondos de la Colonia y ayudar así a que Paul Schäfer burlara a la justicia.

La fórmula usada fue simular un juicio laboral donde los mismos colonos demandaban a la Colonia, fraude que nunca logró ser despejado, pese a que en 1994 el CDE presentó una querella criminal por estos hechos en el Décimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago. Los abogados que representaron a la Colonia fueron el penalista Fernando Saenger y Alberto Gotelli.

La presentación del CDE descansa en el razonamiento de que como Zepeda tiene sometidos a proceso a los máximos líderes de la Colonia Dignidad por el delito de acción ilícita, se configura el escenario legal para que el ministro provea positivamente la solicitud del organismo. Ello, en todo caso, aún no ha sucedido.

Huida y lavado

La arista que acaba de abrir el CDE tiene directa relación con la gran asociación ilícita en que se convirtió la Colonia Dignidad, particularmente desde que Paul Schäfer escapó de Chile, aproximadamente en 1997, con destino a la Argentina. Y esto porque gran parte de los activos que pasaron por las firmas antes mencionadas parecen haber sido usados para la protección del anciano líder cuando estuvo escondido en la provincia de Buenos Aires, en una hacienda que costó varios miles de dólares, sumando a ello la vida en la clandestinidad de sus lugartenientes.

Por esta razón, si se relaciona el trasfondo comercial al que apunta el CDE con la huida de Schäfer y la declaración prestada al ministro Zepeda por uno de los líderes de la Colonia, el doctor Hartmut Hopp, la tríada parece perfecta.

Hopp aseguró que, a través del Chemical Bank de Nueva York, se lavaron todos los activos de la Colonia. Otro de los antecedentes fue que las finanzas de Schäfer en Chile, antes de que éste fuera detenido el año pasado en Argentina, las manejaba José Miguel Stemaier. LN