Andrés López Vergara
A fines del año pasado Marcela constató que su hijo Martín de siete años había sido contagiado con hepatitis B. Pensó que se trataba sólo de un episodio. Quizás mala suerte. Pero a los pocos meses descubrió que cerca de 13 menores estaban en la misma situación que Martín. Y todos tenían algo en común. El segundo semestre de 2004 habían recibido transfusiones sanguíneas en la clínica oncológica del doctor Juan Quintana, ubicada en calle Tabancura 1091, Vitacura. Todos, además, luchaban contra la leucemia.
Marcela pensó entonces que algo extraño estaba ocurriendo. La realidad le estalló de golpe en la cara cuando descubrió que la sangre provenía del banco del Hospital del Salvador. Se acercó al establecimiento para solicitar los registros donde se anotaban los retiros de unidades de hemoderivados, y las autoridades tomaron -supuestamente- conocimiento del hecho por primera vez.
La inquietud de Marcela llegó a oídos del jefe del banco de sangre del hospital, Mario Donoso Scroppo, quien se dio cuenta de que había serias irregularidades en los formularios de retiro, debido a que muchas de las unidades registradas en ese entonces no tenían destino conocido. Esto motivó que el Ministerio Público y el Servicio de Salud Oriente iniciaran en enero de este año una investigación conjunta para determinar el origen de la sangre infectada y en qué forma se contagiaron los niños con el virus de la hepatitis B.
A medida que avanzaba el proceso, la fiscal Patricia Villablanca descubrió que Miguel Manosalva, tecnólogo médico del banco de sangre del Hospital del Salvador, abastecía a Quintana con sangre del hospital. El sumario arrojó que el funcionario no registraba las unidades de hemoderivados que sacaba y que recibía honorarios por el servicio prestado.
Una auditoría realizada entre noviembre de 2003 y abril de 2004 al registro del banco de sangre, determinó que 20 de las 90 bolsas del grupo sanguíneo Rh negativo -elemento de gran escasez-, no tenían destino conocido y que de ese grupo, tres habían sido retiradas por Manosalva para efectuar transfusiones en la clínica de Quintana.
El proceso también arrojó que la clínica de Quintana cerró en diciembre de 2005 luego de funcionar por diez años sin los permisos sanitarios correspondientes.
El Servicio de Salud Metropolitano Oriente formuló cargos en contra de Manosalva por retirar sangre del hospital sin autorización, realizar esta actividad en su horario de trabajo y derivar la sangre a una clínica privada. Quintana también corrió la misma suerte al ser procesado por abrir su clínica sin el permiso del Servicio de Salud.
Acusaciones cruzadas
En su defensa, Manosalva -dirigente sindical de la institución- reclama que es objeto de una persecución personal por parte del jefe del banco de sangre del hospital, Mario Donoso Scroppo.
Sin embargo, reconoce su participación en los hechos. En el sumario administrativo instruido por la fiscal del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Paula Valenzuela, señaló que ésta era una práctica común entre los tecnólogos que trabajaban en el banco de sangre, ya que muchos hacían servicio a domicilio sin dejar registro de las unidades. “¿Por qué la investigación sólo se detiene en mí y no se averigua quiénes sacaron otras unidades del banco de sangre? La respuesta es simple: los demás funcionarios que también lo hacían no han tenido problemas con el jefe del banco de sangre, tampoco se atreven a señalar que las unidades también eran retiradas por la propia cónyuge del Dr. Donoso”, indican los descargos que presentó ante la fiscal.
Según el reglamento “Orientaciones de los centro de Sangre y Unidades de Medicina Trasnfusional” elaborado por el Ministerio de Salud se deja claro que los préstamos solidarios sólo se pueden efectuar entre los bancos de sangre de instituciones médicas privadas y públicas, dejando registro en el formulario de intercambio. En el documento se indica que sólo se debe devolver los insumos prestados -bolsas- y no reponer la sangre ocupada en las transfusiones.
Sin embargo, la declaración de Manosalva acusa una práctica habitual y remunerada.
El tecnólogo reconoció a La Nación que recibía un sueldo por llevar las bolsas a la clínica de Quintana para tener siempre el stock necesario para las transfusiones. “Hubiera una o diez bolsas, siempre recibía trescientos mil pesos”.
“Yo sé que a un paciente le cobraron un millón doscientos por hacer una transfusión de dos bolsas de hemoderivados en una clínica privada. A pesar de que la sangre es un bien gratuito, su cobro se disfraza a través del día cama, la postura de la aguja y una serie de exámenes que salen en la boleta de pago”, señaló Manosalva.
Respecto a esto, el director del Hospital del Salvador, doctor Carlos Altamirano, señaló que lo más importante es que si salió sangre a un determinado lugar, ese retiro debe estar registrado, de lo contrario, se trataría de un robo. “Cuando recibí la denuncia y vi que faltaban los registros de préstamo, inicié la investigación inmediatamente”.
Respecto al abastecimiento irregular de sangre a la clínica, La Nación intentó conversar con el doctor Juan Quintana, quien descartó referirse al tema. “Todas mis declaraciones se encuentran en el sumario”, se limitó a decir.
Préstamos
El doctor Mario Donoso Scroppo asumió como jefe del banco en noviembre del año 2003. Hasta la fecha, asegura que se han invertido más de 155 millones de pesos para mejorar el funcionamiento de su unidad y que las cerca de 34 mil transfusiones de sangre que se realizan al año poseen altos estándares de seguridad.
Donoso dijo que a su llegada al servicio de salud prohibió de inmediato el retiro de sangre para usos particulares y tiene registro de todo préstamo efectuado al sector público y privado. Sin embargo, esta afirmación es refutada por Manosalva, quien dice que la práctica nunca fue prohibida.
“El señor Manosalva efectúa acusaciones al voleo y debe decir de una vez por todas los nombres de las personas a las cuales acusa de haber sacado sangre sin permiso. A mí me queda duda sobre si efectivamente las bolsas con las que hizo las transfusiones a los niños pertenecen al hospital. Sólo sabemos que sacó cuatro bolsas de nuestra unidad y por eso está siendo investigado”, dijo Donoso.
La tecnóloga médica a cargo de la auditoria realizada en el 2004, Lucía Martínez, reconoce que en ese tiempo existían préstamos de sangre que no se registraban, por lo que no se sabía en qué eran ocupados. “Las veinte bolsas auditadas no están por ningún lado y eso es un hecho objetivo que derivó de la investigación. Nosotros hemos implementado una serie de filtros para evitar que sucedan estas fugas, sin embargo, siempre los sistemas pueden ser vulnerados”.
En el sumario, la profesional declaró ante la fiscal que “las normativas internas son conocidas por todos y que es posible retirar unidades de hemoderivados vulnerando las normas establecidas y conocidas por todos los funcionarios”.
Una tecnóloga médica del mismo establecimiento declaró en el sumario que los profesionales de la unidad “tenemos facilidades de realizar transfusiones particulares, pero asesorados por un médico, por el hecho de trabajar en un banco de sangre y tener la calidad de tecnólogo médico. Cuando se realizan transfusiones particulares con unidades del banco de sangre, no existen registros de éstos dado que el software del banco no permite ingresar transfusiones a domicilio”.
A pesar de las acusaciones cruzadas, Marcela no entiende de cifras. Menos de viejas rencillas entre funcionarios. Lo que ella quiere es que alguien responda por el daño que sufrió su hijo. Y a pesar de su profundo dolor está dispuesta a todo. Marcela ya dio el primer paso. Ahora es el turno de la justicia. LN
