Jorge Molina Sanhueza

"Los únicos que han investigado son el ministro Alejandro Madrid y la jueza Violeta Guzmán en su momento, el resto fue sólo negligencia judicial". Así reaccionó ayer Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria, frente a la publicación hecha por La Nación, que reveló una operación de inteligencia ordenada por el ex secretario general del Ejército y cercano a Pinochet brigadier (R) Jaime Lepe, para que el principal testigo que lo imputaba como uno de los responsables del crimen modificara su declaración.

La información aparece en el expediente que tramita el ministro en visita Alejandro Madrid, en el marco de la querella presentada por el abogado Alfonso Insunza. En la causa, ex agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -de la Unidad de Contraespionaje- relataron cómo siguieron al suboficial (R) José Remigio Ríos San Martín por orden de Lepe. Asimismo, cómo prestaron protección a una reunión entre estos dos últimos, donde el brigadier (R), a cambio de modificar el testimonio que lo inculpaba, le ofreció una camioneta.

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Carmen Soria se manifestó sorprendida con la información y, "aunque siempre supe que podría ser así, el aparataje para proteger a Lepe fue sencillamente tremendo".

La mujer se quejó de la falta de colaboración de la justicia de mediados de los '90, como también de los gobiernos de aquellos años y aunque aseguró que "era otro momento político, el proceso debería reabrirse ahora".

"¿Podrá decirme ahora la Corte Suprema, con estos antecedentes que demuestran claramente la obstrucción a la justicia a treinta años de ocurrido el crimen de mi padre, que no se puede reabrir el proceso y que los responsables sigan sueltos?, se preguntó Soria.

Al respecto, anunció que sostendrá una reunión con el embajador de España en Chile, para que el Estado ibérico haga llegar una nota formal a La Moneda, con el fin de generar el escenario que pudiera llevar adelante una posible reapertura.

Otro de los aspectos que la mujer tocó ayer es la imputación que hizo el suboficial de la DINA Carlos Labarca Sanhueza, en contra del encargado de las fuerzas de paz en Haití, el general Eduardo Aldunate, de haber pertenecido a la misma Brigada Mulchén que terminó con la vida de Soria.

"Es verdad que Labarca Sanhueza se retractó de sus dichos, pero tengo todo el derecho a dudar, después de la información relacionada con Lepe, que al ex agente lo presionaron para que no lo involucrara", reflexionó.

"Nunca supe"

El abogado Jorge Balmaceda, que defendió a mediados de los '90 al brigadier (R) Jaime Lepe, cuando fue imputado por San Martín, aseguró que nunca conoció los seguimientos que declararon los agentes del BIE.

"Sin embargo, no me corresponde opinar al respecto, ya que de acuerdo al mérito del proceso mi ex cliente fue exento de toda responsabilidad penal", dijo Balmaceda.

Inquirido si con los nuevos antecedentes sería posible que la Corte Suprema decidiera reabrir la causa, pasando de esta manera por encima de la ley de amnistía, Balmaceda explicó que, a su juicio, la causa está cerrada y si el máximo tribunal resolviera lo contrario "iría en contra de todos los preceptos jurídicos existentes".

Este medio intentó ayer obtener una versión del ministro Madrid, pero se encontraba con días administrativos. LN