Por cuerpos mal identificados por el SML
Se trata de los ex boinas negras del Ejército Javier Sobarzo y Enrique Toledo y del joven de 18 años Luis Dávila, asesinados por órdenes de sus propios jefes acusados de “marxistas”.
EN DOS MIL millones de pesos fue demandado el Estado chileno por familiares de tres víctimas del Patio 29 del Cementerio General, cuyos cuerpos fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal. Las demandas civiles por “daño moral y síquico” las interpusieron viudas, madres, hijos y hermanos de Javier Sobarzo Sepúlveda, Enrique Toledo Garay y Luis Dávila García. Los dos primeros pertenecen al grupo de siete boinas negras del Ejército asesinados los primeros días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por instrucciones de la propia jefatura de Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue.
En el caso de Javier Sobarzo, la acción reparatoria la interpuso su viuda Rosa Zúñiga y sus dos hijos, por doscientos millones de pesos por cada uno de ellos. Por Enrique Toledo, la demanda la interpusieron su viuda Elba Baeza y sus tres hijos, también por doscientos millones de pesos cada uno. En cuanto a Luis Dávila, la demandante es su madre, María García Vásquez, y sus cuatro hermanos. En este caso, la madre demandó por doscientos millones y cada hermano por cien millones de pesos. En total, las tres acciones civiles suman dos mil millones de pesos, teniendo como contraparte querellada al Consejo de Defensa del Estado que representa los intereses del fisco chileno.
Los recursos civiles fueron patrocinados por los abogados Julia Urquieta y Adil Brkovic.
Los juzgados
Estas acciones se constituyeron en las primeras presentadas por familiares de los 126 cuerpos exhumados en 1991 del Patio 29, luego de que la dictadura ocultó allí sus restos en tumbas improvisadas bajo la sigla NN.
La abogada Julia Urquieta afirmó que “el fundamento principal de estas demandas es el daño moral y síquico impuesto a los familiares de estas víctimas, debido a la negligencia del Servicio Médico Legal que identificó mal sus cuerpos”.
“En la práctica, este daño significa además que los seres queridos de estos familiares han vuelto a desaparecer, y eso lo debe reparar el Estado”, dijo la abogada.
A ello se agrega que, de acuerdo con los familiares demandantes y abogados patrocinadores, luego de que hace unos diez años los restos fueron entregados a las familias para que los sepultaran, el año pasado los cuerpos fueron, sin aviso a las familias, nuevamente sacados desde las tumbas que se pretendían serían las definitivas, en el momento en que se constató el error en las identificaciones.
Las demandas serán vistas por el 19º, 25º y 30º juzgados civiles de Santiago. LN
