El pasado 19 de septiembre, el juez Carlos Rozansky, junto a Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Nº 1 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hicieron historia. La alegría y esperanza de los miles de familiares de detenidos desaparecidos no se hizo esperar tras un duro y rotundo veredicto que condenó al ex director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz a cadena perpetua por los "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio" durante la última dictadura militar argentina.

Sin embargo, esa alegría se vio rápidamente opacada por la desaparición de uno de los principales testigos de este caso, Jorge Julio López (77). Albañil de profesión, este peronista que pasó tres años en un macabro tour por los principales centros de tortura de Buenos Aires, como Pozo de Arana, Rodas, Cuatrerísimo de Arana y las Comisarías 5ª y 8ª de La Plata. En todos estos lugares se encontró con Etchecolatz.

Su testimonio, junto al de Nilda Eloy, fueron claves en el juicio, ya que presenciaron el asesinato del matrimonio Dellorto-De Marco, uno de los casos de la querella que condenó al ex policía.

Si bien desde el comienzo el Gobierno ha manejado dos hipótesis, la primera dice que López habría salido por sus propios medios y que se habría perdido, y una segunda, manejada por los organismos de derechos humanos, que fue secuestrado. Tras casi dos semanas y las amenazas recibidas por testigos, familiares e incluso ocho jueces, entre ellos el propio Rozansky, que trabajan casos de violación de derechos humanos, hace pensar que la segunda hipótesis es más certera.

Incluso a pocos días de entregar la sentencia a Etchecolatz y cuando ya se sabía de la desaparición de López, en las cercanías de la ciudad de La Plata, en el sitio donde eran arrojados restos de desaparecidos apareció un cuerpo incinerado, que aún no ha sido reclamado, reproduciendo los métodos usados por los servicios de seguridad durante el período 1976-1983.

"Para nosotros estas son señales claras de carácter mafioso, y no sólo por cómo afectará a otros policías que deberán enfrentar juicios, sino que es una señal al Gobierno ante el proyecto de reforma a la policía bonaerense", señala Gloria Godoy, abogada querellante en el caso Etchecolatz.

Para Nilda Eloy, la testigo clave junto a López, "es un muy claro 'acá estamos y todavía podemos'. Y no es raro ni nuevo porque desde que empezó el juicio nos han amenazado".

El propio jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, calificó a Jorge López como el primer detenido desaparecido en democracia.

UNA CUESTIÓN POLÍTICA

Pero las amenazas y la desaparición de López desataron no sólo los temores de quienes vivieron los años oscuros de la dictadura, sino que también abrieron una serie de interrogantes frente al Gobierno y su política de derechos humanos y sobre la actual situación de los servicios de seguridad y grupos operativos que actuaron durante la guerra sucia.

El fantasma del pasado

"Nos enteramos recién ahora, al reunirnos con el jefe de gobierno de la provincia, que en las filas de la policía bonaerense hay 60 agentes activos que participaron durante la dictadura. No imaginamos cuántos más habrá en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Está claro que esa gente sigue operando y Etchecolatz tiene simpatizantes", acusa Nilda Eloy, y agrega que "si bien las condiciones son diferentes, la impunidad aún persiste y reclamamos que de una vez el Gobierno diga basta, se acabó".

Pero el Gobierno ha sido cauteloso y aunque sobre todo en los primeros días se han producido discrepancias entre las autoridades nacionales y provinciales -Argentina es un Estado federal con las provincias autónomas-, la gravedad de los hechos los ha llevado a unificar criterios y discursos.

Incluso, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional no se ha pronunciado y ha dejado que el propio Kirchner muestre la preocupación del Gobierno. Así, mientras 20 mil personas marcharon por Buenos Aires exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, en un sentido discurso el Presidente señaló que se brindaría toda la estructura del Estado para proteger a los testigos y jueces. "Vemos con profundo dolor lo que pasa. Estén atentos, argentinos, no podemos dejar que se repita el pasado", enfatizó el Mandatario.

El gobernador Sola, por su parte, dio a conocer medidas de protección a los testigos de casos de derechos humanos y adelantó los cambios dentro de la policía bonaerense. Esto puede ser leído como un "acelere" del gobernador o una presión ad portas de una nueva campaña electoral para el 2007.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial se impulsa una fuerte campaña de difusión para dar con el paradero de López y explicar la relevancia de su testimonio y el juicio en el cual participó. "Además de las medidas de rastrillaje y búsqueda, es imperioso que la gente sepa la importancia de esclarecer estos casos", señaló el vocero de dicha secretaría.

Pero el tira y afloja también llegó a trasladarse a los propios organismos de derechos humanos. Ante la marcha del miércoles pasado, que exigía la aparición con vida de López, la dirigenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, puso en duda la relevancia del testimonio de López y dijo que todo era una campaña contra Kirchner. "No podemos permitir que se digan los disparates que se dijeron", enfatizó.

Pero los temores crecen con el paso de los días y más cuando se sabe que durante el juicio a Etchecolatz, "López aportó datos que involucran a otros policías, lo que da pie a nuevos juicios donde él sería otra vez testigo clave", señala la abogada de derechos humanos Marta Vedio. LND