La nueva correlación de fuerzas políticas en el Parlamento que la favorece en ambas cámaras, motivó a la Concertación a comprometerse ayer con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en la idea de estudiar la viabilidad jurídica de derogar o anular la ley de amnistía que beneficia a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Los presidentes de los cuatro partidos del oficialismo se reunieron -por cerca de una hora- con la mesa directiva de la AFDD, encabezada por Lorena Pizarro. Al término del encuentro, el presidente del PRSD, el senador José Antonio Gómez, informó que habían asumido el compromiso de definir un sistema de trabajo que permita tener una pauta para sacar adelante temas relevantes en materia de derechos humanos.

En esta línea explicó que "todos los presidentes de partidos le hemos señalado a la Agrupación nuestra disposición a apoyar sus propósitos", en particular el término de la ley de amnistía.

A juicio del parlamentario, "es posible avanzar" en esta materia y para ello la Concertación creará un equipo de trabajo que encabezará él mismo, en representación de los jefes de partidos, y que estará compuesto además por abogados constitucionalistas. Este comité tendrá por misión analizar las "consecuencias jurídicas" de una eventual nulidad o derogación de la amnistía.

El acuerdo contraído con la AFDD consiste en debatir la derogación de la amnistía para que -en un lapso de no más de 15 días- los dirigentes oficialistas tomen una "decisión política".

No obstante, aclaró Gómez, "desde el punto de vista político, todos los presidentes de partidos (de la Concertación) hemos mostrado nuestra postura favorable a analizarlo jurídicamente y a que se derogue o se anule, pero que produzca buenos aspectos jurídicos".

Gómez destacó la importancia de analizar detenidamente este punto, ya que "al derogar una ley uno reconoce su existencia y cuando hablamos de nulidad ya no hay un reconocimiento de que esa ley haya existido o que haya sido aplicable".

De esta manera, explicó luego, si sólo se deroga esta ley, los tribunales podrían considerar su existencia y desde ese punto de vista podría ser aplicado el principio pro reo a quienes ya fueron beneficiados o que podrían invocarla de todos modos.

"Si la ley podemos anularla y tenemos la absoluta convicción jurídica, constitucional, de que va a ser anulada, ése es un gran paso para que no exista impunidad", aseguró el presidente del PRSD.

Si bien advirtió que ésta es una materia compleja, Gómez expresó su optimismo de avanzar, porque la actual composición del Parlamento le da mayoría en ambas cámaras a la Concertación. Así, al conglomerado de Gobierno sólo le basta obtener una mayoría simple para terminar con dicha normativa por la vía de la anulación o la derogación.

Al finalizar la reunión, Lorena Pizarro se manifestó muy satisfecha por la "disposición" de los dirigentes concertacionistas a avanzar en las iniciativas legislativas que favorecen a los familiares de las víctimas de muertes, desapariciones y torturas, así como en la posibilidad de explorar la nulidad o derogación del decreto ley de amnistía del '78.

Ayer la AFDD entregó a los dirigentes políticos su propuesta de derechos humanos -la misma que en mayo le hicieron llegar en una reunión en su sede a la Presidenta Michelle Bachelet- con el objetivo de que los parlamentarios de la coalición asuman la tarea de instalar en Chile "la verdad, justicia, recuperar la memoria histórica y reparar de manera integral a las víctimas de la represión". Según Pizarro, "en un país donde no se sanciona a quienes violan los derechos humanos, corremos el riesgo de que esto vuelva a suceder".

A las pocas semanas de que asumiera Bachelet ya se produjo un clima de efervescencia en torno a un proyecto en torno a la amnistía, luego de un fallo inicial de la justicia, que encabezó el diputado socialista Juan Bustos. De hecho, éste presentó su iniciativa en la cámara baja, pero después debió reintroducirla por el Senado -suscrita por parlamentarios de esta cámara-, debido a que las amnistías sólo pueden tener su origen en el Senado. A pesar del ruido mediático, el proyecto no se movió en el Congreso. LN