El senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al Estado de Chile a investigar lo ocurrido con Luis Almonacid Arellano y se castigue a los responsables del crimen.

Girardi llamó al ejecutivo dar urgencia al proyecto de ley que busca terminar con esta Ley creada en dictadura.

"Queremos pedirle al ejecutivo que de urgencia al proyecto de ley que nosotros presentamos que anula los mismos que han hecho presente esta Corte de Derechos Humanos, nosotros queremos pedirle al Ejecutivo que le de urgencia a este proyecto", sentenció.

El parlamentario, se mostró optimista por el fallo de la CIDH y destacó que este obligue al Estado y a "todas sus instancias" a asegurar que el decreto 2.191 de 1978, no continúe siendo un obstáculo para la aplicación de justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.

"Esto quiere decir que todos aquellos casos que se encuentran cerrados, casos de violación a los Derechos Humanos, que se encuentran cerrados de oficio deben abrirse, a todos aquellos casos de violaciones a los Derechos Humanos donde los torturadores, donde los asesinos, donde los violadores caminan libremente por las calles se deben reabrir de oficio por parte de los tribunales y esas personas tendrán que ser juzgadas y las víctimas tendrán derecho a justicia y en segundo lugar lo que establece es que aquellos casos que se encuentran abiertos no se les puede aplicar la Ley de Amnistía", sostuvo.

Indicó que el Estado debe cumplir con este fallo, porque está dictado por el único tribunal internacional que Chile ha reconocido en estas materias, ya que de incumplirse el fallo puede traer una serie de inconvenientes al país, en materias diplomáticas, e incluso comerciales.

"El Estado de Chile no puede caer en incumplimiento frente a un instancia que ha ratificado, que ha suscrito (...) yo quiero decir que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado de Chile y si no el Estado de Chile caería en incumplimiento", argumentó.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, diputado Tucapel Jiménez, aseguró que "voy a hacer todo lo que se puede hacer para que el Estado cumpla los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Al tiempo que criticó que la anulación de la Ley de Amnistía, se haya logrado por un fallo internacional y no por la labor de los parlamentarios o por el Gobierno.

"Lamentablemente, y digo entre comillas lamentablemente porque estamos muy contentos, pero lamentablemente ha sido un organismo internacional y no nosotros como país, no hemos sido capaces como país (...) ha sido la corte Interamericana de Derechos Humanos quien a puesto fin a la ley de amnistía. Porque yo creo que esto pone fin a la ley de amnistía", apuntó.

La Concertación falló

El vicepresidente del PPD, sentenció que, aparte de ser un importante paso en materia de Derechos Humanos, el pronunciamiento de la CIDH es una dura crítica a la Concertación.

"Esto es una crítica a la Concertación, yo quiero decirlo claramente, yo creo que hay una deuda de la Concertación y de los Gobiernos de la Concertación de nunca haber tenido, de haberle faltado coraje moral, de mi punto de vista, para haber anulado la Ley de Amnistía", dijo.

Así como una crítica al Estado "porque nuestro ejecutivo nunca envió un proyecto de Ley para terminar con la Ley de Amnistía (...) aquí hay una deuda del Estado de Chile, hay una deuda de los Tribunales de Justicia".

Sin embargo, Girardi no se restó de la responsabilidad que le cabe en este sentido "todos hemos cometido omisiones, porque durante años hemos tenido esta ley de amnistía que no es legal y no hicimos lo suficiente para anularla, para derogarla, para impedir que por ella se impidiera que hubiera justicia y para impedir que los asesinos en un Chile democrático pudieran caminar ellos con la frente alta por las calles y las víctimas absolutamente angustiados, acorralados y sin ninguna posibilidad de justicia".