Hasta tribunales llegaron el Colegio de Profesores, el centro de padres del establecimiento e incluso la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entidades que acusaron discriminación y violación a la garantías constitucionales en la decisión de expulsar a 27 jóvenes.

Una verdadera arremetida judicial se vivió en tribunales a favor de las 27 estudiantes del Liceo 1 Javiera Carrera quienes fueron expulsadas del establecimiento luego de participar en las últimas movilizaciones escolares que incluyeron la toma del colegio.

Primero arribó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago el presidente en ejercicio del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, quien acusó que la suspensión de las alumnas transgredió garantías constitucionales y se conculcó el derecho a la propiedad de las afectadas.

Agregó que la medida disciplinaria decretada contra las estudiantes por participar en la toma del establecimiento, "se está vulnerando la igualdad ante la ley y asimismo se les está discriminando".

A continuación arribó la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes alertaron que entre las estudiantes suspendidas se encontraban tres nietas de víctimas de la represión política, por lo que acusaron un acto de discriminación.

El escrito va dirigido en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste; la directora del recinto, Julia Olivares, y el alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, por considerar que la medida disciplinaria es arbitraria y atenta contra los derechos de las estudiantes afectadas.

Cerró la jornada de recursos los representantes del centro de padres del liceo quienes presentaron un recurso de protección a favor de las jóvenes. La actividad fue secundada por un grupo de escolares que realizó una ruidosa manifestación en la Corte de Apelaciones de Santiago, acto que en todo caso no pasó a mayores.