La polémica por los efectos del calentamiento global ha puesto de manifiesto las divisiones que separan al Gobierno de EEUU de grupos ecologistas y estados que le exigen proteger a la población de los contaminantes.

La batalla política comenzó esta semana a escenificarse por primera vez en la historia de este país en el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre el caso el próximo año.

Y aunque el dictamen tardará en llegar, la división quedó de inmediato ilustrada en las posiciones liberales y conservadoras sugeridas por la mayoría de los nueve integrantes del máximo tribunal.

El juez Samuel Alito, quien junto con el presidente del Tribunal, John Roberts, encabezó el grupo conservador, se mostró escéptico y afirmó que, de aplicarse una medida como lo exigen los demandantes, en el mejor de los casos la reducción de los gases invernadero sería relativamente pequeña.

"Depende de lo que ocurra en todo el mundo", señaló Roberts y agregó que una reducción por parte de EEUU sería superada por el aumento de las que produce el desarrollo económico de China.

Frustrados por la ausencia de medidas del Gobierno y del Congreso de EEUU, una decena de estados, encabezados por Massachusetts, California y Nueva York), con el apoyo de organizaciones ecologistas, afirmaron ante los jueces que los gases invernadero son contaminantes que causan el calentamiento global y problemas en la salud de la población.

Por lo tanto, deben ser controlados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), señalaron.

California, el estado económicamente más importante del país, ya ha pedido a EPA que apruebe un programa promovido por su gobernador, Arnold Schwarzenegger, para limitar las emisiones de gases invernadero.

Pero EPA, otros estados, asociaciones de empresas dedicadas al comercio de vehículos motorizados y dos coaliciones de compañías de servicios públicos, defienden la tesis de la Administración del presidente George W. Bush de que ese organismo no tiene facultades para regular esas emisiones.

No se puede afirmar con certeza científica que los gases invernadero sean la causa del calentamiento global, indicó a los magistrados el abogado Gregory Garre, que defendió la posición del Gobierno.

Garre también advirtió a los jueces de que una intervención de la EPA tendría un impacto económico en EEUU, donde el 85 por ciento de la economía está vinculada a la emisión de esos gases invernadero.

Muchos científicos creen que esos gases, principalmente el dióxido de carbono, emitidos por motores que usan combustibles fósiles, han causado un cambio climático en las últimas décadas.

Esa alteración ha significado un aumento en las temperaturas medias en todo el planeta, así como un incremento de los incendios forestales, un deshielo acelerado en Groenlandia y en la Antártida, según señalan.

James Milkey, abogado de los demandantes, y ex fiscal adjunto de Massachusetts, afirmó ante el Supremo que los efectos del cambio climático se han hecho sentir en su estado.

El calentamiento global está produciendo un aumento en el nivel de los mares y "nosotros estamos perdiendo más de 300 kilómetros de costas" en Massachusetts, señaló.

Milkey añadió que aun cuando la reducción de los gases fuera pequeña, ésta sería importante por cuanto un pequeño aumento en el nivel de los mares inundaría grandes extensiones de tierras costeras en todo el mundo.

Esa posición fue apoyada por el juez David Souter, quien señaló que la medida sería de gran utilidad.

"No se tiene que demostrar que va a detener el calentamiento global. El punto es que reducirá el ritmo de ese calentamiento y probablemente reduzca el grado de pérdida", señaló.

La decisión final de si el Gobierno debe dar marcha atrás en su negativa a tratar el dióxido de carbono y otros gases de invernadero como contaminantes que ponen en peligro la salud pública podría estar en manos del juez Anthony Kennedy, según los abogados de ambas partes.

"Con toda razón, todas las miradas están puestas en el juez Kennedy", señaló Ann Klee, ex consejera de EPA.