Cuando el 12 de enero de 1998 la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, llegó al palacio de tribunales con una querella por genocidio, homicidio, secuestro y asociación ilícita criminal en contra de Augusto Pinochet bajo el brazo, muchos se rieron. La histórica luchadora comunista y el abogado Eduardo Contreras querían por primera vez echarle el guante al dictador para llevarlo al estrado de los acusados. Pinochet era todavía el jefe del Ejército y su figura se mantenía intocable.
El manto de impunidad con que cubrió al tirano el pacto de la transición a la democracia estaba todavía fresco el día de esa primera querella. Bastaba recordar la demostración de fuerza en abril de 1993, cuando sacó a sus hombres a la calle con la cara pintada en actitud amenazante porque se cerraba el cerco judicial en torno al escándalo de los pinocheques. O esa amenaza ,“¡si me tocan a uno de mis hombres!”, cuando la Corte Suprema confirmó en enero de 1993 el procesamiento y arresto del ex agente DINA Fernando Lauriani, primer oficial activo procesado y encarcelado por crímenes de la dictadura.
Si bien Pinochet dejaba la comandancia en jefe del Ejército dos meses después de la aparición de Gladys Marín en tribunales, luego iría a tomar asiento al Senado en calidad de senador vitalicio. Hasta ese momento el hombre había logrado eludir su responsabilidad política y sobre todo penal, en los juicios instruidos en contra de las principales estrellas de la DINA, incluido quien fue su jefe operativo, el general Manuel Contreras.
La orden que Pinochet le dio al general Sergio Arellano Stark días después del alzamiento de septiembre de 1973 para viajar a infundir el terror en la población por el norte y el sur asesinando prisioneros, comprometiendo también en ello a oficiales locales para que igualmente supieran qué les pasaría si rechazaban esas órdenes, permanecía aún hasta el momento de la primera querella, disfrazada de una supuesta intención para “acelerar juicios” en las fiscalías militares de las distintas ciudades “para que todos tengan un justo proceso”, como lo pregonó Arellano por los lugares que visitó.
Su mando superior de la DINA y su orden y monitoreo personal de cada operativo de exterminio de esta organización estaba todavía sepultada por la palada del juramento de silencio y lealtad que los agentes acordaron entre ellos y con Pinochet. En ese escenario, seguía “siendo el rey” como dice la ranchera mexicana, esa que le gustaba que sus incondicionales le cantaran para sus cumpleaños. En el mundo democrático donde impera el Estado de Derecho todo esto era incomprensible e indignante. Mientras en las principales democracias occidentales se hablaba de Pinochet como un asesino, en Chile se le trataba de “ex Presidente” o “el general”. La prensa evitaba llamarlo por su verdadero apelativo de “dictador”.
Pero la querella siguió su curso regular en la corte de Santiago. Para la ira de algunos y la sorpresa de otros, fue acogida a tramitación y se designó a un ministro de ese tribunal para que investigara: Juan Guzmán Tapia. Para Pinochet era como si Lucifer se le apareciera en persona. Lo que entonces el ex dictador no sabía, era que el juez Guzmán había celebrado su asonada militar del 73 descorchando champagne. Y como Gladys Marín ni sus abogados tampoco conocían ese antecedente, nadie lo recusó como magistrado instructor. Guzmán entraba así a la historia a cargo de los procesos que harían cambiar radicalmente su percepción del golpe militar y lo que sucedió durante el régimen militar, mientras Pinochet iniciaba el largo camino al banquillo y comenzaba a cargar la espada que pendió sobre su cuello hasta ayer.
Derecho internacional
Por primera vez en una querella contra el opresor se escuchaba hablar de los tratados internacionales de derechos humanos y de la primacía de éstos por sobre la legislación nacional. Y por primera vez se establecía respecto a Pinochet que los delitos de lesa humanidad no prescribían por el paso del tiempo ni podían ser amnistiados, porque estos mismos tratados de los cuales Chile era parte en plenitud (firmados y ratificados) lo impedían.
Aparecía además el concepto del delito de secuestro como ilícito de carácter permanente, que se continuaba cometiendo por todo el tiempo hasta que no apareciera la víctima viva o su cuerpo sin vida. Esta figura permitió a los jueces que no estaban ideológicamente comprometidos con el dictador y su régimen, establecer que, por ejemplo, ningún caso de un detenido desaparecido podía ser amnistiado, entre otras cosas, porque el delito de secuestro se seguía cometiendo más allá del 10 de marzo de 1978, fecha tope del decreto ley 2191 de Amnistía.
La querella de Marín iba dirigida en contra del “capitán general”, como gustaba hacerse llamar pomposamente, y contra todos quienes resultaren responsables de los secuestros y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista detenida por la DINA en mayo de 1976, conocido como el episodio de calle Conferencia, entre quienes estaba el esposo de la líder comunista, Jorge Muñoz Poutays. Además, la acción penal se entabló por todas aquellas víctimas desaparecidas y las ejecutadas cuyos cuerpos fueron entregados a la familia o estas de alguna manera los hallaron, lo que configuraba el delito de homicidio.
La avanzada de Gladys Marín y Contreras se demoró poco en desatar un vendaval de querellas en contra del hombre más poderoso de Chile. Una de esas querellas fue interpuesta por los crímenes cometidos por la llamada Caravana de la Muerte. Entonces comenzaban a entrar en la historia abogados como Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Hiram Villagra, Boris Paredes y Alfonso Insunza.
The London Clinic
Los primeros pasos del juez Guzmán para llegar a Pinochet por este episodio se frustraron con su detención en Londres el 16 de octubre de 1998. Había que esperar su regreso a Chile. Estaba ya con los dos pies puestos arriba del avión que lo llevaría a Madrid luego del fallo en contra por la Corte de los Lores, pero en marzo de 2000 fue salvado por el gobierno británico por “razones humanitarias”. Ello fue posible tras largas tratativas del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el que recurrió a todos los argumentos para rescatarlo de las garras del juez español Baltazar Garzón, que había logrado su arresto en la London Clinic para llevarlo a Madrid y juzgarlo al amparo de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.
Si bien Pinochet regresó burlón parándose de la silla de ruedas en la losa del aeropuerto para caminar sin problemas como diciendo, ¡Aquí me tienen, engañé a todos!, para todos quedó claro que, a partir de ese momento, en Chile comenzaba a debilitarse su inmunidad, influido también por la vergüenza nacional de un país que no se atrevía con el dictador, mientras en Europa se le consideraba y trababa como un criminal.
Caravana de la Muerte
El martes 8 de junio de 1999, el juez Juan Guzmán dio la primera estocada al corazón de las operaciones de exterminio, procesando como autores de secuestro por 75 víctimas de la Caravana de la Muerte al general (R) Sergio Arellano, a los coroneles (R) Sergio Arredondo y Marcelo Moren Brito, al brigadier (R) Pedro Espinoza, y al capitán (R) Patricio Díaz Araneda.
Se iniciaba con ello un largo sendero en que Arellano cambiaba con frecuencia su versión de los hechos y culpaba a sus propios hombres cuando se veía atrapado. Así fue como éstos pidieron a Guzmán que los careara con él. En aquellas confrontaciones “El Lobo”, como le decían a Arellano por su agresividad, cedió ante los argumentos de Moren y Arredondo de cómo se había estructurado realmente el escuadrón de la Caravana, designado por el mismo Arellano y no “impuesto por la DINA” como siempre sostuvo su defensa.
Fue en estos careos donde Arredondo, jefe del Estado Mayor de Arellano durante las operaciones del escuadrón, hastiado según dijo de “tanta mentira”, se le fue encima al “Lobo” y le dijo: “¡Basta, si todos sabíamos que íbamos a matar porque usted lo dijo antes de partir!”.
Pero todavía faltaba unir los asesinatos del escuadrón con Pinochet. Probar que éste dio la orden a Arellano para realizar el viaje que se inició el 30 de septiembre de 1973 a bordo del temible helicóptero Puma. Jamás apareció el renombrado oficio por el cual Pinochet designó al “Lobo” como su “Oficial Delegado” para, supuestamente, “acelerar los juicios” y procurar que todos tuvieran “un justo proceso”. Arellano lo mostró en cada cuartel donde arribó para, junto a los comandantes y oficiales locales, algunos obligados y otros colaborando entusiastas, confeccionar las listas de los que iban a morir.
Pinochet ordena matar
Entonces apareció desde el fondo del escritorio de una oficina pública hábilmente obtenido por los abogados querellantes en el juicio Caravana, un documento de carácter “reservado” (quién sabe por qué reservado porque revelaba la orden de un asesinato) que a la postre se constituiría en el único documento y testigo que acreditaba que el dictador efectivamente había dado personalmente órdenes de matar sin juicio previo.
Fue exhibido por el abogado Gutiérrez en los alegatos de desafuero de Pinochet ante las cortes de Apelaciones de Santiago y la Suprema, transformándose en una pieza vital para el proceso.
El entonces (1973) fiscal militar de la III División del Ejército en Concepción, Gonzalo Urrejola Arrau, acusaba directamente a Pinochet ante la Comisión Rettig, a las 15 horas del 18 de agosto de 1990, de haber ordenado por teléfono que mataran en Talca al intendente de la UP Germán Castro Rojas, detenido horas después del golpe militar tras intentar huir hacia los cerros.
“Sé que Germán Castro, intendente de Talca, fue ejecutado en el regimiento Chorrillos de esa ciudad, antes de que terminara la tramitación de su respectivo proceso. Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte. Yo me trasladé a Talca para corregir la anormalidad del procedimiento y se dictó una sentencia post-mortem”, declaró el fiscal Urrejola a los abogados de la Comisión Rettig, Alejandro Salinas, Ricardo Martin y Virginia Barahona.
El documento y testigo probaban que Pinochet había dado orden de matar, aunque fuera por teléfono. Por ello, en un cambio radical de la conducta de los ministros de ambas cortes, probablemente influida por la detención de Londres y los “juramentos” de políticos de todas las tendencias de que si Gran Bretaña lo devolvía sería juzgado en Chile, no creyeron que Pinochet no hubiese mandado a Arellano a matar prisioneros por el sur y el norte de Chile, y por primera vez le quitaron el fuero.
El 8 de agosto de 2000, por 14 votos contra 6, el pleno de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones y en Santiago se armó un desfile gigantesco celebrando la derrota del ex dictador.
“Me considero un ángel, no tengo remordimiento de nada. No he dado orden de asesinar a nadie”, dijo Pinochet a un canal de televisión de Miami en esos días.
Salvado por “demente”
Pero, a poco andar, los querellantes se dieron cuenta que el camino que se abría estaba sembrado de espinas, en parte porque dentro del Poder Judicial todavía quedaban muchos jueces amigos de Pinochet y su dictadura.
Después de varios intentos de parte del juez Guzmán para interrogarlo, la defensa del ex jefe militar logró interponer la traba de unos exámenes mentales porque, según ellos, al hombre le estaba fallando la memoria. Y tras una guerra de recursos entre los años 2001 y 2002, lo lograron. El 1 de julio de 2002, la Sala Penal de la Corte Suprema, por 4 votos contra 1, confirmó un fallo del 9 de julio de 2001 de la Sexta Sala de la Corte de Santiago, y dictó el sobreseimiento definitivo de Pinochet en la causa Caravana de la Muerte debido a una “demencia progresiva e incurable”.
La Sala Penal fue más allá que la Sexta Sala de Apelaciones que decretó sólo el sobreseimiento temporal por 2 votos contra 1. Curiosamente, el fin de semana anterior al fallo todos sabían que Pinochet perdía 2 contra 1. Incluso ministros de la misma Corte lo comentaron a algunos periodistas. Pero algo sucedió para que la ministra Amanda Valdovinos cambiara su voto a ultima hora, sumándose al del ministro Cornelio Villarroel que era seguro a favor del dictador. El juez Hugo Dolmetsch se mantuvo en contra del ex jefe militar.
En la Sala Penal de la Suprema, Pinochet fue salvado por los ministros Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Milton Juica y Nibaldo Segura, mientras el único voto por rechazar el recurso de la defensa de Pinochet fue el magistrado José Luis Pérez. Así Pinochet quedaba afuera de todos los episodios del sur y el norte de la Caravana de la Muerte, habiendo llegando a estar procesado, primero por el juez Guzmán como autor de 58 homicidios y 17 secuestros, y luego sólo en calidad de encubridor cuando una circunstancial sala de verano le rebajó la calidad de autor.
El único episodio de la Caravana por el cual años después, en 2006, Pinochet fue desaforado y procesado en calidad de autor gracias a una cuestión estrictamente procesal, fue el de la muerte de los dos GAP de Allende, Wagner Salinas y Francisco Lara.
Pero la supuesta “demencia” por la cual Pinochet fue salvado en esta causa, comenzaría a perder fuerza entre los ministros de las Cortes después de que se supo que el dictador había hecho una fortuna personal a costa de fraudes y engaños, manteniendo múltiples cuentas en paraísos fiscales y bancos de Europa y Estados Unidos, usando incluso pasaportes falsos y todo tipo de alias al más propio estilo de connotados delincuentes de cuello y corbata.
Y no sólo la tenía oculta sino que, además, la administraba personalmente realizando complejas operaciones bancarias y comerciales, ordenando él mismo a sus secretarias cómo mover el dinero y reuniéndose personalmente con un séquito de abogados y testaferros. Por esto quedó procesado como autor de uso y falsificación de pasaporte y delito tributario, y alcanzó a ser desaforado por el delito de malversación de caudales públicos, donde con seguridad iba a ser también encausado y condenado.
Todo este episodio conocido como el caso Riggs (por el Riggs Bank) permitiría que el dictador comenzara luego a ser desaforado en las cortes por otra cantidad de operaciones de exterminio masivo de prisioneros. Fue el momento en que la derecha política y económica comenzó a distanciarse de Pinochet, considerando que una cosa era ser acusado de asesino, lo que muchos de ellos justificaban empatando la situación con lo vivido durante el tiempo de la Unidad Popular, y otra distinta era ser acusado de ladrón.
Arrojados al mar
En uno de los procesos que instruyó primero el juez Guzmán y luego pasó al ministro Víctor Montiglio, por el secuestro y desaparición de la militante comunista Marta Ugarte, se conoció una de las operaciones de exterminio más escabrosas ordenadas por el tirano a sus servicios de inteligencia: el lanzamiento de los cuerpos de los prisioneros al mar, ensacados y con un trozo de riel amarrado para que se fueran al fondo del mar.
Fueron los suboficiales mecánicos de los helicópteros Puma quienes comenzaron a entregar los detalles. Algunos más religiosos, perseguidos por el peso de su conciencia o aconsejados por sus confesores, y otros bajo el peligro de ser arrestados y sometidos a proceso.
La forma de operar pudo conocerse gracias a un meticuloso seguimiento, primero del Departamento V de La Policía de Investigaciones y luego de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, en coordinación con el juez Juan Guzmán.
Así se logró establecer que, al menos, entre los primeros años de la dictadura y los meses siguientes a noviembre de 1978, se lanzaron al mar unos 400 cuerpos de detenidos. El reportaje donde La Nación Domingo reveló los detalles de estas operaciones el 23 de noviembre de 2003, provocó impacto internacional. Su titular: “Los Angeles de la Muerte: 400 cuerpos al mar”.
El único cadáver que regresó desde el fondo del océano y varó en la playa La Ballena en la Quinta Región fue el de Marta Ugarte. Y regresó porque el trozo de riel le quedó mal amarrado y se soltó.
Los que no fueron arrojados a las aguas después de ser desenterrados, sino que murieron estando aún con vida, como Marta Ugarte, fueron sacados desde distintos centros de detención, como Villa Grimaldi y otros, conducidos a los terrenos de campaña del Ejército en Peldehue, al norte de Santiago, inyectados para morir, ensacados y atados con rieles, y subidos a bordo de los Puma que partieron rumbo a la costa, principalmente en la V Región para adentrarse en el mar y soltar su carga humana. Los mecánicos abrían la escotilla y arrojaban los sacos.
Retiro de televisores
Entre los antecedentes que fueron apareciendo en este y otros procesos, saltó un detalle que develó otra de las operaciones macabras de Pinochet y sus agentes, conocida como la Operación Retiro de Televisores.
Ésta consistió en el desentierro de todos los cuerpos de los detenidos asesinados y sepultados en fosas clandestinas en el sur y norte del país durante los primeros meses de la asonada golpista de 1973, para arrojarlos al mar utilizando el mismo método con que lanzaron los cadáveres de los prisioneros durante los primeros años de la DINA.
Esta vez el operativo de desentierro y desaparición definitiva de los cuerpos fue ordenada por Pinochet desde la comandancia en jefe del Ejército mediante criptogramas (órdenes cifradas) a todos los departamentos (de las distintas divisiones del Ejército) y las secciones de inteligencia de los regimientos. Tal como fue expuesto en declaraciones de varios oficiales hoy en retiro, y suboficiales de inteligencia que debieron descifrar los criptogramas.
La orden de Pinochet fue gatillada después de que en noviembre de 1978 aparecieron los cuerpos de 15 campesinos ejecutados extrajudicialmente y enterrados en una mina abandonada en la localidad rural de Lonquén, al sur de Santiago. Ello hizo sonar la alarma en la oficina de la comandancia en jefe. La operación implicó la doble desaparición de los cuerpos, esta vez para siempre.
Operación Colombo
Augusto Pinochet logró ser además desaforado y procesado como autor de los crímenes de las llamadas operaciones Colombo y Cóndor. La primera formó parte de la segunda.
Estas operaciones, al igual que los distintos montajes de la DINA y la CNI para transformar los crímenes en “enfrentamientos” o “ajusticiamientos entre los mismos marxistas”, fueron apoyadas incondicionalmente por la prensa oficialista transformada en aliada fiel de la dictadura, como los diarios “El Mercurio”, “La Tercera”, “Las Ultimas Noticias” y el vespertino “La Segunda”. Además de los canales de televisión, principalmente Canal 7 y el de la Universidad Católica, donde la DINA y la CNI tenían verdaderas escuelas para formar periodistas que trabajaban para sus fines como, por primera vez, quedaría demostrado en una investigación que se realiza desde mediados de 2006.
Mediante la Operación o Plan Cóndor, la dictadura chilena se coordinó con otros servicios de inteligencia del cono sur de América, con el fin de prestarse mutua colaboración en la “detención y el exterminio del extremismo de izquierda”. El 25 de noviembre de 1975, el jefe operativo de la DINA, entonces coronel Manuel Contreras, fue el anfitrión de la reunión en Santiago que le dio la partida al plan.
De acuerdo al “Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional”, en el encuentro participaron “las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”. Amparados en este plan, fueron detenidos y hechos desaparecer decenas de militantes de la izquierda del cono sur.
La Operación Colombo formó parte de Cóndor, y consistió en el montaje del régimen de Pinochet para hacer creer a Chile y el mundo, que los “supuestos desaparecidos” no existían como tales, sino que eran militantes que habían huido de Chile e ingresado clandestinamente a Argentina.
Allí, según anunció la prensa chilena adicta a Pinochet, estos militantes, principalmente del MIR, pero también socialistas y comunistas, se habrían eliminado entre ellos mismos cobrándose cuentas políticas, o habrían muerte en enfrentamientos con la policía argentina. Para ello, en abril y julio de 1975 se hizo aparecer en Buenos Aires los cuerpos calcinados de supuestos militantes chilenos, con un letrero que decía “Dado de baja por el MIR”. Se dijo que los tres cuerpos pertenecían al ingeniero comunista David Silberman, a Jaime Robotham y Luis Guendelman.
La operación continuó con la aparición los días 15 y 17 de julio de 1975 en sendas publicaciones de extraña procedencia, la revista “Lea” de Buenos Aires que sólo editó aquella edición y el diario brasileño de escasa circulación “Nuevo O Dia”, que publicaron una lista con 60 nombres la primera y 59 el segundo. Se dijo que todos ellos, supuestos desaparecidos chilenos, habían encontrado en realidad la muerte en la forma antes descrita.
La información fue rápidamente recogida por la prensa pinochestista y para el recuerdo quedó el titular de La Segunda: “Exterminados como ratones, caen 59 miristas chilenos en operativo militar en Argentina”.
Grimaldi y Prats
En el proceso donde el dictador arriesgaba la primera sentencia condenatoria, siendo desaforado por ambas cortes y procesado como autor de secuestro, homicidio y tortura por el ministro Alejandro Solís, fue el de los crímenes del centro clandestino de detención y exterminio Villa Grimaldi en Santiago. Constituyó el principal centro de detención del país. Desde allí desaparecieron centenares de prisioneros asesinados y sus cuerpos arrojados al mar.
Un caso del cual el opresor quedó excluido, también por razones procesales, fue el asesinato en Buenos Aires a manos de la DINA el 30 de septiembre de 1974, del comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Salvador Allende, el general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
En la primera investigación realizada en Buenos por la jueza María Servini, se logró establecer que el crimen lo planificó y llevó a cabo la DINA, a través de sus agentes Michael Townley y su mujer Mariana Callejas, como los autores materiales de la explosión de la bomba instalada bajo el auto Fiat 124 del general. En el atentado también participaron con apoyo previo los agentes y oficiales de Ejército, Armando Fernández Larios, Chisthoper Willikie y Eduardo Iturriaga Neumann.
Townley reconocería años después ante la jueza Servini y después ante el juez Alejandro Solís que instruye la causa chilena, que la orden se la dio Manuel Contreras y el segundo de la DINA Pedro Espinoza, pero que ésta venía desde el mismo Pinochet.
Las cortes chilenas rechazaron sin embargo desaforar a Pinochet en la causa chilena, con el argumento de que el desafuero pedido anteriormente por la jueza Servini para viajar a Chile a interrogar a Pinochet, ya había sido rechazado y por ello existía en la causa el principio de derecho conocido como la “cosa juzgada”.
Firmó por la DINA
La relación directa de Pinochet con la DINA que él siempre negó, quedó finalmente demostrada no sólo por las declaraciones procesales del “Mamo” Contreras que “tiró a los leones” al dictador al revelar su vínculo directo con él todos los días para informarle del trabajo operativo de la organización y solicitarla venia para tal o cual acción o “recibiendo órdenes directas” suyas,como dijo Contreras en varios de los juicios, sino también en un documento oficial publicado por La Nación el 3 de enero de 2005.
En este oficio del 6 de noviembre de 1975, el propio Pinochet firmó como “Presidente de la República” el documento “Reservado DINA N° SG/2410/2064”, respondiendo la información que se solicitaba por un organismo acerca de la suerte corrida por la ciudadana “María Teresa Silva Moreno, expulsada del territorio nacional por decreto N°2139 del 19 de diciembre de 1974”.
De esta manera, Pinochet fue desaforado también por crímenes cometidos por agentes de la DINA.
Guerra sicológica
Una de las operaciones menos conocidas del opresor, fue su planificado “Plan de Guerra sicológica”, preparado por el equipo dirigido por el psicólogo Hernán Tuane Escaff desde el Departamento de Sicología que dependía del ministerio Secretaría General de Gobierno al mando del general Pedro Swing.
En un documento original firmado por Pinochet publicado por La Nación Domingo del 19 de marzo de 2006, éste ordenó la confección de un “Plan de Acción sicológica” para manipular “el impulso agresivo” de los habitantes.
Los autores del borrador que le fue propuesto a Pinochet, plantearon la necesidad de lanzar “una guerra sicológica de penetración” a nivel de los instintos del ser humano “manejando los sentimientos traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, inseguridad, peligro y miedo”.
El fin último era recuperar mediante esa vía el apoyo de los habitantes que, de acuerdo a los autores, se estaba perdiendo a medida que la gente se habituaba a sus tareas normales poco tiempo después del 11 de septiembre de 1973.
La propuesta a Pinochet realizada por el equipo de Tuane, fue publicada por La Nación Domingo bajo el título “Los documentos del Miedo” en las ediciones del 7 y 14 de abril de 2002.
