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El futuro de las indemnizaciones en DDHH

Martes 12 de diciembre de 2006 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter

Con la muerte de Pinochet, las causas de derechos humanos en las que se perseguía la responsabilidad penal del ex uniformado quedan sobreseídas definitivamente. Pero algo distinto sucede con los procesos civiles. Éste será otro de los asuntos que deberán evaluar los abogados que defienden a los familiares de las víctimas de la dictadura militar. El ministro de fuero, Raúl Rocha, que instruye la única demanda en contra del ex uniformado, explicó que en estas causas "la muerte no genera un inconveniente en la tramitación".

El magistrado precisó que al menos el recurso que él sustancia "también va contra el fisco de Chile", por lo que correspondería al Estado responder por los daños y perjuicios causados. Por eso, ahora se encuentra a la espera de que la defensa de Pinochet envíe los escritos para dar traslado.

La demanda fue interpuesta por el abogado Adil Brkovic, representante de la familia del dirigente minero Benito Tapia, fusilado por agentes de seguridad del Estado en los días posteriores al golpe.

En la misma línea, el recién nombrado supremo Hugo Dolmestch recordó que, en lo criminal, aún fallecido el militar corresponde "continuar la investigación respecto de los otros partícipes" en delitos de lesa humanidad.

Mientras que en materia civil, el juez afirmó que "si hay demandas debería responder el fisco, ya que en el caso de Pinochet, si se extingue la responsabilidad penal, también la civil". Su compañero en la sala penal, ministro Jaime Rodríguez, dijo que en lo civil, cuando se demanda, si (el recurso) es personal, debería seguirse en contra de sus herederos. Ahora, si va en subsidio al fisco será el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el encargado de responder la petición de indemnizaciones.

Pero es probable que muchas de estas demandas no tengan buen destino ya que en la mayoría de los casos, si no en todos, la acción está prescrita -han transcurrido más de 30 años-, y en materia civil no existe la figura del secuestro permanente, por ejemplo, que permitiría una extensión del plazo (4 años).

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