Antonio Valencia

Alejandro Medina Lois no era un rector cualquiera. Se trató de uno de los seis militares que entre 1973 y 1990 fueron designados en la Universidad de Chile. El hombre era además un experto en contrainsurgencia, educado nada menos que la Escuela de las Américas en Panamá, alma mater de la Doctrina de la Seguridad Nacional. El boina negra asumió como sucesor de Bello en 1981. Y lo hizo en paracaídas.

"Fue en el campus de agronomía. Estaba todo el mundo académico y estudiantil. Era uno de mis primeros años en la 'U'. Pero no hubo clase magistral ni nada. Esa imagen del soldado lanzándose en paracaídas es todo un emblema de la universidad en dictadura", grafica Gonzalo Rovira, ex vicepresidente de la refundada Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 1984.

En tiempos del aterrizaje de Medina Lois, la FECH no era tal. El régimen le había cambiado el nombre y la controlaba, como ocurría con el resto de las universidades, instalando estudiantes gremialistas que, tiempo después, se convertirían en activos militantes de la UDI.

"La FECH pasó a llamarse Fecech (Federación de Centros de Estudiantes de la U. de Chile) y uno de sus presidentes fue Pablo Longueira. En la Católica intervenida estuvieron Miguel Allamand, Coloma y Chadwick. Ellos fueron muy útiles al régimen para perseguir y reprimir facultad por facultad a quienes pretendían organizarse contra la dictadura", recuerda Rovira.

Fue precisamente en la época de Medina Lois cuando Longueira llegó a ser presidente de la Fecech. Y no fue un dirigente cualquiera. Tenía línea directa con el poder: Augusto Pinochet lo recibió en su despacho. "El rector dijo que no se iba a eliminar la cuota extraordinaria de $ 2.700. Eso nos motivó a pedirle una audiencia al Presidente de la República (sic), y el resultado fue positivo", declaró Longueira en septiembre de 1982 a la revista 'Integrándonos', pasquín del centro de alumnos de ingeniería civil.

La expulsión de universitarios "politizados" resultó un tema recurrente. Luego asomó el "ingreso especial". El "Caso de las 156 matrículas de gracia" de 1976 es revelador. Bajo la rectoría del coronel de la FACH Julio Tapia Falk un número de alumnos que con insuficiente puntaje en la PAA -e incluso sin haberla rendido- ingresaron a la U. de Chile.

El autor de la denuncia, Danilo Salcedo Vodnizza, quien fuera miembro del Senado Universitario y del Consejo Académico fue exonerado y terminó exiliado. "Investigué caso por caso, pues por mi trayectoria tenía amigos y acceso a esa información, y la lista creció a casi 400. El listado fue impuesto por el 'Mamo' Contreras a Tapia Falk", relata hoy Salcedo desde su domicilio en Las Condes.

Represión, control y sangre

La intervenida realidad universitaria no era un isla. De hecho, entre 1973 y 1978, el Ministerio de Educación estuvo en poder de la Armada y, en general, todo el sistema tuvo personeros que asumían la institucionalidad educativa como si se tratase de un regimiento donde, por cierto, no cabía el "enemigo interno" definido por la Doctrina de Seguridad Nacional.

La educación bajo las botas militares, coinciden expertos e investigadores, sufrió dos procesos bien nítidos. Primero, desde 1973 a 1979, asomó la represión a las organizaciones estudiantiles y del profesorado y el desmantelamiento del proyecto de la UP, además de la "limpieza" de los programas de estudio. La segunda etapa, de 1980 en adelante, tuvo como eje la municipalización y la entrega del sistema educativo a los vaivenes teóricos y prácticos del mercado.

En la primera también hubo "un intento de control de las asociaciones de maestros a partir de una raíz corporativista que culminó en la creación del Colegio de Profesores en 1984, con dirigentes designados por los militares", escribe Carlos Ruiz Schneider, destacado académico de la Universidad de Chile.

Por cierto, Ruiz Schneider agrega que apenas ejecutado el golpe de Estado, las organizaciones estudiantiles fueron prohibidas y las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios disueltas. Luego vinieron los centros de alumnos designados, medida que incluso afectó a centros de padres de escuelas y liceos.

El resto es historia contada por quienes la sufrieron. Estudiantes, académicos y funcionarios muertos, torturados, perseguidos y expulsados en la Universidad Técnica del Estado (actual USACH), la U. de Chile y la U. de Concepción, entre las más golpeadas.

No es todo. Los profesores de escuelas y liceos suman "117 muertos, entre ejecutados y detenidos desaparecidos. El más emblemático, Manuel Guerrero, degollado", precisa José Abedrapo, presidente metropolitano del Colegio de Profesores. "La persecución contra el magisterio fue total. El decreto reservado Nº 1776 de 1982 -cita el dirigente-, dejó cesantes a quince mil profesores".

La represión no cesó durante todo el régimen. Y de eso siguieron sabiendo los estudiantes universitarios y secundarios que, a mediados de los '80, se alzaron contra la dictadura y su modelo de "enseñanza". Gonzalo Rovira no olvida cómo, en los trabajos voluntarios de 1984, el estudiante Patricio Manzano encontró la muerte. "La represión fue brutal. La gente fue apaleada y mantenida al sol por horas. A Patricio le sobrevino un paro cardíaco que fue recuperado por estudiantes de medicina, pero como los militares se negaron a llevarlo a un centro asistencial, murió al tercer paro", narra.

El listado de universitarios suma otros caídos, como Ronald Wood del IPS (actual UTEM), asesinado en 1986 por soldados en el puente Loreto; Mario Martínez de la USACH, quien apareció muerto tras indagar las redes de soplonaje en la universidad. Otro caso emblemático fue el de Caupolicán Inostroza, cuyo cuerpo, en 1984, vio caer frente suyo el entonces presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, Sergio Micco, hoy dirigente nacional de la DC. "Tenía 22 años y murió desangrado en el campus", recuerda.

Los "pingüinos" de entonces también vieron la muerte en sus aulas. "En el documental 'Actores Secundarios' comenté que una docena de mis compañeros del Liceo de Aplicación fueron asesinados por la dictadura. Pero me quedé corto: fueron 27 cabros", corrige Juan Alfaro, en cuya vida de liceano debía lidiar contra el miedo. Las listas negras y la delación era asunto cotidiano. "El liceo parecía regimiento con directores e inspectores que operaban como la CNI", dice.

Adiós Estado desarrollista

Antes del golpe, otro Chile se venía forjando en materia educativa. Javier Corvalán, director del Magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado, dibuja el escenario: modelo centralizado y protagonismo estatal, creciente cobertura educativa a partir de los '60 y escuelas públicas en manos del Estado, más universidades estatales y privadas con financiamiento público. "La gratuidad total en el arancel universitario era la tónica y nadie planteaba introducir elementos de mercado", indica.

Los números de la década anterior al golpe son indicativos. Según el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), entre 1964 y 1970, la matrícula de la educación pré-básica creció anualmente en 4,99%, pero entre 1970 y 1973 el crecimiento fue de 15,25%. Para los mismos períodos, la educación media aumentó su crecimiento anual del 13,39% al 13,85%. Y en lo relativo a la educción superior, los porcentajes correspondieron al 15,17% y 23,69%, respectivamente.

Datos en mano, Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Económicos Alternativos, exhibe un panorama lapidario. Con las aulas convertidas en regimientos, "por primera vez en la historia de Chile", dice Riesco, "la matrícula en todos los niveles del sistema educacional, se redujo en más de cien mil alumnos durante la primera década de dictadura. Proporcionalmente, el sector que más sufrió fue el universitario, que de 143 mil alumnos matriculados en 1974, descendió a 119 mil en 1982".

Las cifras del Mineduc de 1990 completan el cuadro. Si bien la educación parvularia subió de 90 mil plazas en el año del Golpe a 213 mil en 1990, la educación básica descendió nada menos que en casi un millón de matrículas: de 2 millones 996 alumnos en 1973, 17 años más tarde cayó a 1 millón 99. La educación media, en tanto, pasó de 163 mil estudiantes a 255 mil. El zarpazo a la educación superior de los '70 sufrió un tenue repunte de cien mil plazas desde los 145 mil en 1973, a los 245 mil en 1990.

Iván Núñez, ex superintendente de Educación de Allende y desde hace más de una década asesor del Mineduc, precisa que si bien el leve crecimiento global tras 17 años de dictadura respondió en parte al alza inercial, "la expansión se consiguió a costa de una disminución del gasto por alumno explicado por el deterioro del gasto público en educación", aporta.

Es más, incluso para el caso de la educación preescolar, el aumento no tuvo necesariamente un objetivo educativo. "La Junji, puesta en marcha en 1971 con Allende, siguió aplicándose en dictadura -de hecho, la hija de Pinochet fue su directora-, pero el notable incremento respondió a varios factores: paliar el daño social de la política económica de los Chicago boys, canalizar grupos femeninos anti UP y conseguir apoyo social", sanciona Núñez.

La ENU en dictadura

Retomando el debate sobre el "proyecto educativo" del régimen, Javier Corvalán explicita que en sus primeros años, "el gobierno militar no tuvo uno claro, salvo la represión política y la ocupación de universidades mediante rectores delegados. De manera adicional, la fuerte contracción económica de los años 70 y comienzos de los 80 impactó en un empobrecimiento material del mundo educativo", explica.

El resto, y en especial en la primera década, se trató de pasos ambiguos y tan paradójicos como la implementación de manera aislada de ideas contendidas en el programa de la Escuela Nacional Unificado (ENU), proyecto en extremo rechazado por la derecha y los sectores anti UP. "Por ejemplo, la idea de la escuela única de pedagogía", explica Núñez. "Para eso había que romper con las 'escuelas normales' y el gobierno militar las suprimió y las pasó a las universidades intervenidas, vigiladas y con mala formación. Eso, desde el punto de vista histórico, fue positivo, pero en lo coyuntural negativo porque se hizo con la lógica de la represión".

Otro ejemplo es la "educación dual", que combina estudios en colegios técnicos y trabajo formativo en industrias. O los liceos polivalentes, que brindan formación científico-humanista y técnico profesional que la ENU pretendía integrar. Ambos fueron implementados por la dictadura.

La diferencia -precisa Núñez-, es que tales ideas, con la ENU "estaban pensadas al interior de un proyecto de construcción socialista", en tanto que aplicadas por la dictadura e incluso por la Concertación, "están concebidos al servicio de un proyecto de desarrollo capitalista".

Escuela 'Chicago Boys'

El punto central es que no pasó demasiado tiempo para que las corrientes neoliberales que incubaba el régimen -a través de Odeplan y el Ministerio de Hacienda-, hicieran su aparición. Más aún cuando, en carta publicada el 5 de marzo de 1979 en "El Mercurio", Pinochet anunció el énfasis en la educación básica, pues "alcanzar la educación media y, en especial, la superior constituye una situación de excepción para la juventud". La puerta a la desigualdad de oportunidades educativas estaba abierta.

Tan abierta que, por ejemplo, la creación de la Ley de Carrera Docente, en 1979, -"un estatuto que ya se quisiera el Colegio de Profesores de hoy", acota Núñez-, causó "alarma y profunda reacción en Odeplan por engorrosa, estructurante e infinanciable". La idea no pasó de 1980. A esa altura, la avalancha neoliberal bajaba rauda para sepultar ojalá todo lo que oliera a estatismo.

El gasto público en educación es todo un tema. Entre 1974 y 1990, éste se redujo a la mitad. Mientras en 1980, ascendió (en pesos de diciembre de 1990) a $ 312.513 millones, en 1990 había caído a $ 261.845 millones Como porcentaje del PGB, en 1975, el gasto en educación representaba un 4,55%, en 1981 ascendió a 4,83% mientras que en 1989, esta relación había descendido a 2,88%.

La transformación económica liderada por los Chicago boys partió con un aparentemente "inocente" decreto ley en materia tributaria. "Bastaron cuarto o cinco líneas escondidas entre una cantidad enorme de tecnicismos financieros", narra Iván Núñez. "Un párrafo que autorizó al Ejecutivo a traspasar servicios de organismos centrales a las municipalidades en educación y salud".

Con esa autorización se dictan, en 1980, las leyes de reestructuración más precisas, incluyendo el traspaso de establecimientos educacionales a los municipios lo que, entre otras cosas derribó la 'ley de carrera docente' y los profesores "pasaron del cielo al infierno", grafica Núñez. Sus sueldos, destaca el economista Manuel Riesco, fueron recortados en "dos terceras partes".

En línea recta hacia la liberalización, la competitiva apertura al mercado y la presencia privada en la oferta educativa, la Constitución Política de 1980 consagra la libertad de enseñanza situándola, en la práctica, por encima del derecho a la educación. Aún así, algunos estiman que la municipalización fue una especie de transacción, pues los seguidores de Friedman y Von Hayek -gurús neoliberales-, podrían haber objetado por qué se traspasaron los colegios a los municipios y no derechamente a corporaciones privadas.

La ley de financiamiento de comienzos de los '80 fue caldo de cultivo para la actual gruesa capa de sostenedores privados de escuelas y liceos. En esos años también se institucionalizó la libertad para crear institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades privadas. La competencia se posicionó como el mecanismo para mejorar la calidad. El negocio de la educación estaba instalado.

Sobre eso escribió la periodista María Olivia Monckeberg en su libro "La Privatización de las universidades", donde precisa cómo, los mismos que impulsaron la liberalización del mercado -desde ministros como Hernán Büchi, Pablo Barahona, Sergio Fernández o René Salamé, hasta civiles como Joaquín Lavín o Hernán Larraín- se vincularon a las sociedades que controlan universidades privadas.

Fue también en la privada Universidad Bernardo O'Higgins, la "universidad de los militares" donde, en 2002, aterrizó como rector el ex general Alejandro Medina Lois. Estuvo ahí hasta junio de 2005, fecha en que renunció por "razones personales". Seis meses más tarde, el ministro en visita Carlos Gajardo, ordenó su detención y lo sometió a proceso por dos secuestros y cinco homicidios en el denominado Caso Peldehue. Cátedra del juez en Derechos Humanos. LN