María Olivia Mönckeberg

Muchos de los integrantes de ese pinochetismo que incluso a ratos no se confiesa tal estuvieron presentes en el funeral. En el último tiempo habían marcado una elocuente distancia después del Informe

Valech, y, sobre todo, tras el escándalo desatado cuando se descubrió que Augusto Pinochet Ugarte mantenía millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs.

No obstante "los mismos que desde ministerios, estratégicas asesorías o desde el interior de las ex empresas del Estado impulsaron ese proceso bajo el régimen militar gozan hoy de los resultados de su tarea. A la vez, han configurado un mapa del poder afín al proyecto de largo plazo de la derecha y que encarna en lo político la UDI", decíamos hace cinco años en el libro "El Saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile".

Lo investigado y dicho en esa oportunidad ha sido aumentado -no corregido ni desmentido- por los hechos posteriores. Así, hoy se puede observar que los más conspicuos hombres de Pinochet, aquellos que hicieron junto a él posible su revolución económica o contrarrevolución -según el cristal con que se mire-, los protagonistas del saqueo del país gozan de elevadas posiciones en el mundo de los negocios y las finanzas. Muchos de sus ex ministros y colaboradores encabezan grupos económicos y financieros, son parte de directorios de bancos, AFP, y compañías de seguros. Y son dueños o participan de las juntas directivas de algunas de las más importantes universidades privadas. A través de su accionar y de los amarres constitucionales y jurídicos que Pinochet y sus asesores se encargaron de dejar cuando contra su voluntad debió dejar el gobierno en 1990, han logrado perpetuar buena parte del poder económico conquistado en la dictadura. Y pretenden seguir teniéndolo.

Poder por siempre

En estricto rigor, el "agradecimiento" y "admiración" de los economistas de Chicago y los grandes empresarios a Pinochet se relaciona con la posibilidad que les dio para instalar en Chile un modelo económico y social que rompió con todo lo que había en el país antes del golpe y que les garantizaría perpetuar su poder ojalá por siempre.

Para eso, además, se preocuparon de generar una nueva clase empresarial adecuada a esos objetivos y era indispensable someter a las grandes mayorías ciudadanas a través de una "democracia protegida", como ellos mismos la llamaron, con sistema binominal y Constitución antidemocrática; y con leyes consitucionales como la hoy combatida Ley Orgánica Consituticional de Enseñanza, LOCE.

Para efectuar esa "revolución" pinochetista fueron necesarias las ideas de los hombres civiles imbuidos de la doctrina neoliberal de Chicago y las armas y el terror que el general impuso desde el primer momento, tras la asonada militar. Primero como presidente de la Junta de Gobierno instalada de facto, luego como autoproclamado "presidente" de la República, tras el fraudulento plebiscito de 1980.

La persecución y dispersión del movimiento sindical, la neutralización de las organizaciones sociales y la prohibición de los partidos políticos y hasta del derecho de reunión y asociación, la clausura del Parlamento, eran elementos necesarios para la aplicación del "modelo". La ausencia de prensa libre y de justicia autónoma contribuían a configurar un cuadro en el que los economistas que se ganaron la confianza de Pinochet tuvieron el terreno fértil para operar. Pretender que los atropellos a los derechos humanos iban por un lado y lo que sus defensores califican como logros u "obra" económica marchaban por otro, no resiste análisis.

En democracia jamás se podría haber arrasado con todas las instituciones y pasar a llevar la manera de vivir y actuar de los chilenos en la forma que se hizo en aras de un supuesto éxito económico que -por lo demás- no fue tal. "El costo social", como eufemísticamente se llamaba entonces a la cesantía y disminución de las remuneraciones, mientras se liberaban los precios, fue una dura realidad que no sólo aumentó la pobreza en el país, sino obligó a miles de chilenos a optar por el exilio "económico", que se sumó al de los miles que debieron abandonar la patria por la persecución política.

En la memoria colectiva de los mayores no será fácil borrar el tratamiento de shock de 1974 encabezado por el ministro de Hacienda Jorge Cauas siguiendo la receta de Milton Friedman. Ni el desastre de comienzos de los '80, cuando reventaron los grupos económicos como consecuencia de las deudas adquiridas en la primera etapa mientras coleccionaban empresas y se concentraba la propiedad como nunca se había visto. En esos duros años, la cesantía superó el 30 por ciento de la población laboral, mientras quebraban las industrias y el hambre golpeaba a muchas puertas.

Los mismos grupos que habían parecido tan fuertes antes del colapso de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, CRAV, que fue la señal que gatilló el derrumbe en el invierno de 1981, sacaban para el exterior millones de dólares. La falta de trabajo y la pobreza cundían en ciudades y campos.

La "gran obra" de Pinochet provocó el mayor traspaso de poder y de recursos desde el Estado al sector privado que se tenga memoria en la historia republicana.

Cambio estructural

Como señala en sus conclusiones el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que presidió el diputado Carlos Montes, "el objetivo estratégico de los sectores que dirigieron el proceso 73-90 fue imponer un cambio estructural que trasfiriera el poder a un nuevo grupo que se conformaría con los grupos económicos que habían venido formándose en Chile". Agrega el documento, dado a conocer en agosto de 2005, que esa nueva clase se forjó con "los tecnócratas del régimen que diseñaron las privatizaciones y también se apropiaron del patrimonio público, como dueños de las empresas o ejecutivos poseedores de paquetes controladores de acciones".

En otras palabras, durante el período 1973-1990, en Chile se desarrolló "una revolución capitalista radical que transformó estructuralmente la sociedad chilena, llevándola a romper de raíz con la historia republicana y la tradición democrática que la habían caracterizado hasta 1973".

Coinciden los diputados de la Concertación -los opositores no suscribieron el documento final- en que "el proceso privatizador implementado es totalmente inviable en una sociedad democrática con instituciones sólidas".

La concentración de la propiedad en pocas manos y la desigualdad en la distribución del ingreso, dos agudos problemas que presenta el panorama socio económico actual en Chile, pese a los equilibrios de las grandes cifras, no pueden desligarse de lo que fue la política económica y financiera aplicada por Pinochet y sus boys de Chicago.

El documento final agrega que eso se expresa en la creciente concentración de la propiedad en grupos económicos poderosos, "algunos de los cuales se encuentran en los récord de Forbes entre los más ricos del mundo". Mientras, las cifras de distribución del ingreso en el período -destacan los parlamentarios- "fue la más desigual de la historia de Chile". La participación del quintil más pobre de la población en el gasto se redujo de 7,6 por ciento en 1969, a 4,4 por ciento en 1988. Por eso, aseguran el Informe, "el nuevo modelo no sólo se construyó a costa del patrimonio público, sino sobre la base del despojo de amplios sectores medios y populares, cuya situación ha sido imposible de superar hasta hoy".

La prehistoria del "modelo"

Obviamente, en los comienzos poco tuvo que ver Augusto Pinochet, quien cuando se empezaba a fraguar lo que sería el "modelo chileno" neoliberal era un oscuro oficial de Ejército. Su "gracia" fue dar cabida a los economistas que lograron hacer un cambio radical de la estructura económica del país y acoger bajo su gris capa -que solía lucir en las ocasiones importantes- a una derecha huérfana de proyectos y destino en el Chile de los '60 y comienzos de los '70.

Los inicios de la gestación de lo que llegó a ser "el modelo" asociado a Pinochet y su régimen se pueden ubicar hacia fines de los años 50, cuando el economista Sergio de Castro y otros dos profesionales de la Universidad Católica viajaron a la Universidad de Chicago, cuna del modelo neoliberal a doctorarse en Economía. Diez años después, a principios de 1967, el mismo año de la toma de la Universidad Católica y del inicio de la reforma universitaria, la Facultad de Ciencias Económicas de la UC se había trasladado a su nueva sede, en el sector precordillerano de Los Dominicos.

Una amplia casona rodeada de árboles y jardines, con canchas de tenis y de fútbol, ubicada en la Avenida Charles Hamilton, fue comprada gracias a una generosa donación de grupos empresariales y de ex alumnos de la facultad que formaron la "Fundación de Ciencias Económicas de la Universidad Católica". Entre los benefactores estuvieron el Banco Edwards de propiedad del grupo encabezado por Agustín Ewards, la empresa El Mercurio SA, del mismo dueño, la Papelera -como se conocía a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones del grupo Matte- y el Banco de Chile.

Sergio de Castro Spíkula fue decano de esa facultad que tenía mucho de territorio autónomo en tiempos de la rectoría de Fernando Castillo Velasco. En ese tiempo, después de la toma de la UC por los estudiantes, Sergio de Castro conoció a Jaime Guzmán Errázuriz, el joven alumno de Derecho, admirador del dictador español Francisco Franco que fundó el Movimiento Gremial Universitario y llegó a ser el principal ideólogo político de Augusto Pinochet. Ambos fueron firmes opositores al movimiento estudiantil encabezado por la FEUC que llevó a Castillo a ser el primer rector laico de la hoy Pontificia Universidad.

Bases de una nueva derecha

El sociólogo y profesor de la Universidad de Chile Manuel Antonio Garretón -ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica- me comentaba en una entrevista incluida en el libro "La privatización de las universidades: una historia de dinero, poder e influencia", publicado el 2005, que los gremialistas "trascienden en el momento en que se confunden dos cosas: una crisis fundamental de la derecha tradicional, el momento en que liberales y conservadores prácticamente desaparecen y dejan de tener un proyecto que no fuera la pura defensa de los fundos y de sus privilegios; cuando dejan de tener un proyecto de república. Y, por lo tanto, no tienen gente que piense desde la economía, ni desde la política".

Ese extraño sincretismo entre los gremialistas y los Chicago boys que fue la base ideológica de la dictadura de Pinochet se remonta así a fines de la década del '60. En palabras de Garretón, la primera vinculación entre ambas vertientes "se encuentra cuando Jaime Guzmán conoce a Sergio de Castro. Es decir, cuando el grupo gremialista, llamémosle 'de los niños conservadores', se junta con el grupo de economistas de derecha. Ahí se reconoce una nueva derecha. Por supuesto que algunos venían de la tradición conservadora".

Años más tarde, después del golpe de 1973, la dupla De Castro-Guzmán se ganó la confianza de Pinochet y fue clave para convencerlo de las ventajas de la propuesta neoliberal. Aunque Guzmán tampoco era un experto del tema, comprendía que no bastaba con mano dura, leyes dictadas entre cuatro paredes y estudios constitucionales para gobernar, e hizo fe en su antiguo amigo De Castro y su equipo. Se transformó entonces en un incondicional defensor del modelo neoliberal, pese a sus simpatías con el corporativismo franquista.

El peso del "Ladrillo"

Cuando la oposición al gobierno de la Unidad Popular cundía y los gremios de entonces agitaban el descontento contra Salvador Allende, el grupo de economistas encabezado por Sergio de Castro empezó a preparar -a mediados de 1972- un programa que se ha conocido como "El Ladrillo". Ese fue el nombre coloquial que se le dio. El título del documento es más simple: "Políticas de Desarrollo" y en 162 páginas a mimeógrafo resumieron sus puntos de vista.

Aunque la publicación original no lleva firmas ni pies de imprenta, ya en los días posteriores al golpe supimos quiénes eran sus autores, todos economistas, la mayor parte de la Universidad Católica. Junto a Sergio de Castro -'el Tejo' le decían sus colegas- Pablo Baraona Urzúa, más político, desenfadado y polemista, quien después de hacer un master en Chicago volvió como profesor a la Universidad.

Sergio Undurraga Saavedra, quien en esa época era jefe de estudios de la Sofofa fue otro "ladrillero". Dedicado en los últimos años a los negocios financieros, Undurraga preside el Fondo de Inversiones Moneda Asset, y desde enero de 2005, encabeza el Centro para el Gobierno de la Empresa. El sociólogo y economista Emilio Sanfuentes Vergara era también activo integrante del grupo. Vinculado al grupo de la editorial Portada que fundó la revista "Qué Pasa", murió unos años después en un accidente.

De Castro y Baraona invitaron, además, al director del Departamento de Economía de la sede Occidente de la Universidad de Chile, Alvaro Bardón Muñoz, quien por ese entonces era dirigente de los profesionales democratacristianos y terminó siendo uno de los más entusiastas economistas neoliberales. Participaron también en esa primera hora algunos profesores DC de la Universidad de Chile quienes a poco andar se alejaron del gobierno: Andrés Sanfuentes Vergara, Juan Villarzú Rhode, primer director de Presupuesto y José Luis Zabala Ponce.

Más perdurable fue la relación de Sergio de Castro y Pablo Baraona con otro integrante del equipo de "El Ladrillo": Manuel Cruzat Infante, ex alumno de la Universidad Católica, con master en Chicago y doctorado en Harvard, quien había sido el jefe del departamento de estudios del grupo BHC y hacia fines de los 70 llegó a ser socio del principal grupo económico del país, junto a su cuñado Fernando Larraín Peña. Otro de los hombres del "Ladrillo" fue Juan Braun Lyon, inseparable compañero de negocios de Cruzat, hasta el día de hoy.

Después del golpe, en 1974, Cruzat y Larraín llegaron a controlar cerca de un centenar de empresas y tenían intereses en otras tantas. Los contactos y la sintonía con el régimen, las primeras privatizaciones, la audacia y el acceso al crédito internacional del grupo, fueron claves para el vertiginoso crecimiento que lo convirtió a fines de la década del 70 en el mayor imperio económico de Chile.

Los ex marinos y El Mercurio

Los oficiales en retiro de la Marina Roberto Kelly y Hernán Cubillos Sallato -quien después fue ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet entre 1978 y 1980- eran por aquella época ejecutivos del grupo de Agustín Edwards. Integraban a la vez un peculiar club de amigos que partieron haciendo deportes náuticos y luego dieron soga a la conversación política: la Cofradía Náutica del Pacífico Austral a la que también pertenecían los almirantes José Toribio Merino, Arturo Troncoso, Patricio Carvajal y el propio Edwards. Así Kelly y Cubillos fueron eficaces contactos entre los altos mandos de la Marina y los economistas encabezados por Sergio de Castro, quien tenía estrechos lazos con el dueño de "El Mercurio".

El mismo 11 de septiembre de 1973, en las instalaciones de la editorial Lord Cochrane que pertenecía al grupo, se reprodujo el "Ladrillo" para entregárselo a los oficiales de las Fuerzas Armadas designados en funciones de gobierno.

"El Ladrillo" trazó las líneas para empezar a actuar en una dimensión muy diferente a lo que habían sido las políticas económicas anteriores. No se trataba sólo de encarar la crisis. "La actual situación se ha ido incubando desde largo tiempo y ha hecho crisis sólo porque se han extremado las erradas políticas económicas bajo las cuales ha funcionado nuestro país a partir de la crisis del año 30", señala. En sus páginas estaba el esbozo de lo que después llamaron "las modernizaciones". El Golpe abría la gran oportunidad para poner en práctica sus convicciones. Los de más edad sabían que en democracia eso no era factible.

La historiadora Sofía Correa sostiene en su libro "Con las riendas del poder, La derecha en Chile en el siglo XX", que las ideas que finalmente impusieron los economistas de Chicago tienen raíces en la "modernización capitalista" que pretendía hacer la derecha desde los años 50 y que no logró aplicar en el período presidencial de Jorge Alessandri. Según Correa, muchos de los postulados que llevaron hasta el extremo los Chicago boys rondaban ya a las agrupaciones empresariales a mitad del siglo pasado.

Con Pinochet tuvieron posibilidad real de poner en práctica lo aprendido en la escuela más conservadora de Estados Unidos, bajo la inspiración de los economistas Frederick von Hayeck, Milton Friedman y Theodor Schultz, los grandes teóricos del neoliberalismo en el siglo XX.

Según Sofía Correa, en el origen del proyecto neoliberal que se llevó a la práctica durante la dictadura confluyen un conjunto de diversos actores de la derecha: "En algunos casos se trata de elementos nuevos dentro de ella, como los economistas de la Universidad Católica y los gremialistas que lidera Jaime Guzmán; otros son de antigua data, como es el caso del empresariado organizado, y "El Mercurio", como actor político por sí mismo". Por eso para ella no es extraño que el primer ministro civil fuera Fernando Léniz, presidente de la empresa El Mercurio SA.

Kast y el semillero de Odeplan

Tras el nombramiento de Fernando Léniz como ministro de Economía en octubre de 1973, Sergio de Castro y Pablo Baraona llegaron hasta Teatinos 120 como asesores. Otros economistas del grupo Chicago se ubicaron en el departamento de Estudios del Banco Central y en algunas otras reparticiones públicas. Pero el centro de planificación estratégica y "semillero" de nuevos "cuadros" que se repartirían en cargos y asesorías de gobierno fue la Oficina de Planificación Nacional, Odeplan.

Roberto Kelly fue designado ministro-director y, a su vez, nombró como jefe de estudios a Sergio Undurraga, uno de los autores de "El Ladrillo". Integraban también este departamento entre otros, Ernesto Silva Bafalluy, Juan Carlos Méndez , Arsenio Molina Alcalde, María Teresa Infante Barros, todos comprometidos con el ideario gremialista y la línea económica neoliberal. Miguel Kast Ritz estaba terminando su doctorado en Chicago en el momento del golpe. Empacó sus cosas rápidamente, viajó de vuelta a Santiago y se incorporó al equipo a fines de ese año y asumió como subdirector de Odeplan. Se transformó en uno de los conductores de la política económica y social. Fue el gran "reclutador" de jóvenes profesionales que tendrían que poner en acción las ideas. El "misionero" que los convocaba y los convencía.

El nombramiento de Sergio de Castro en abril de 1975 como ministro de Economía fue otro paso significativo. Desde esa cartera inició estudios orientados a la privatización de las empresas públicas en los que colaboraron Juan Hurtado Vicuña y Hernán Büchi. Estuvo en Economía hasta diciembre de 1976 cuando asumió como ministro de Hacienda. Desde ahí condujo la aplicación del modelo neoliberal hasta abril de 1982.

Durante la primera etapa los esfuerzos de los economistas se concentraron en aplicar las políticas para bajar la inflación y liberalizar los mercados mientras devolvían empresas que estaban en manos del Estado a sus anteriores dueños. Fue también el tiempo de la contrarreforma agraria, cuando restituyeron las tierras que habían sido objeto de la reforma agraria en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. El Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados logró aproximarse en cifras al significado de ese proceso. Según el documento, "hubo traspaso de patrimonio público al Estado al operar cinco mil 809 predios" con casi 10 millones de hectáreas de tierras del Estado y "al expulsar a campesinos de 230 cooperativas en las cuales eran legalmente propietarios".

También desde el comienzo empezaron a dar los pasos para la aplicación del modelo a los diferentes ámbitos que afectarían la vida cotidiana de los chilenos. Las denominadas "modernizaciones" que apuntaron a la privatización de la previsión social, la salud y la educación y a instaurar no sólo una economía sino una cultura de mercado que cambiara la manera de ser de todos los chilenos.

El año 1981 partieron las grandes transformaciones: se inauguraron las AFP y las isapres, se dictó la denominada Ley General de Universidades que, entre otras cosas, permitió la creación de universidades privadas, y se inició la municipalización de la educación.

Entretanto, las políticas privatizadoras de esa primera hora contribuyeron al fortalecimiento de los grupos que adquirían empresas y deudas con notable entusiasmo, hasta que justamente ese invierno de 1981 la quiebra de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar tuvo efecto dominó sobre el sistema económico y financiero. La "obra" parecía venirse abajo. Los que tenían cómo hacerlo sacaban capitales al exterior -el Federal Reserve Bank de Estados Unidos sitúa esa fuga en seis mil millones de dólares-, mientras los economistas diseñaban formas para lanzar un salvavidas a la banca colapsada.

Ante ese contratiempo fenomenal muchos pensaron que llegaba el fin de la era Chicago, pero desde la retaguardia, hombres como Hernán Büchi que fue designado superintendente de Bancos, Juan Carlos Méndez, en calidad de asesor y otros afines al equipo económico de Sergio de Castro y Miguel Kast, diseñaron fórmulas para salvar la situación. Surgieron así extraños mecanismos como el denominado Capítulo XIX para la "reconversión de la deuda externa", y, por otro, lado los subsidios a los bancos que se conocieron como "deuda subordinada". Por sólo este último concepto el Estado de Chile, es decir, todos los ciudadanos del país tuvimos que pagar la cuenta: curiosamente la suma coincide con los seis mil millones de dólares que señala el Federal Reserve como salida de recursos desde Chile en tiempos de la crisis.

La otra "herramienta" que requerían para salir adelante era la privatización de las grandes empresas del Estado. La deteriorada economía privada, intervenida en alta proporción después de la hecatombe financiera, no era suficiente para hacer interesante el negocio previsional, que era crucial para el funcionamiento del plan. Para que la privatización fuera viable en el tiempo y se consolidara el control de las empresas traspasadas con recursos ajenos, requerían que las AFP, a su vez, pudieran invertir parte de sus fondos en estas empresas. Por eso, hasta el hoy, en muchas de ellas, están en las listas de sus principales accionistas.

Sin embargo, para los responsables de la política económica del gobierno militar no era fácil llevar a cabo la privatización de las grandes empresas del Estado. Debieron traspasar la desconfianza que este modelo inspiraba en los propios uniformados. No obstante, la paciente y cuidadosa tarea tuvo finalmente su momento cuando Hernán Büchi llegó al ministerio de Hacienda en febrero de 1985. Ya a esa altura vislumbraban señales de que el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet tendría un fin, después del movimiento de protestas iniciado en 1983.

Al comienzo, otros integrantes del Ejército eran renuentes a la privatización de esas empresas consideradas "estratégicas". No obstante, mientras Pinochet iba asentando su poder como máximo jefe del país y los economistas fueron convenciéndolo de las bondades de su "modelo", muchos militares se fueron transformando en entusiastas seguidores de esta política económica. Este proceso aumentó de intensidad en la medida que los economistas fueron adquiriendo más poder político y se fue generando un encuentro entre las elites civiles y militares, hasta llegar a conformar una verdadera "alianza," "UDI, Chicago, militares", base de sustentación del régimen del general Pinochet.

Ya desde fines de la década del '70 y comienzos de los '80 el general Augusto Pinochet configuró su aparato de gobierno sobre esa "alianza UDI-Chicago-militares". Este fenómeno se advirtió en distintos ámbitos del gobierno, pero es especialmente nítido en el terreno económico, donde se fueron estrechando los lazos entre dos grupos que no parecían tener mucho en común: los economistas civiles inspirados en la Escuela de Chicago, partidarios del liberalismo económico a ultranza, y los militares que en Chile tenían una tradición nacionalista y otorgaban al Estado un papel importante en la economía.

El impacto de la crisis no logró, tampoco, destruir los planes privatizadores que resucitaron en gloria y majestad hacia 1984. La toma de posición de Hernán Büchi del Ministerio de Hacienda en febrero de 1984, marca no sólo el retorno de los economistas a la conducción económica, sino el inicio de la tercera etapa privatizadora del régimen militar que fue la más signficativa, ya que abarcó a las principales empresas del Estado. Por ese tiempo, ya los altos mandos uniformados no presentaban resistencia.

El proceso de privatización de empresas del Estado desarrollado en Chile entre 1985 y 1989 fue el primero de América Latina y mucho más radical incluso que el de Inglaterra, considerada la cuna de las privatizaciones.

Entre 1985 y 1989 el Estado de Chile se deshizo de 30 empresas, lo que significó una pérdida superior a los mil millones de dólares. Como consigna el Informe de la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República informó que gran parte de las empresas traspasadas fueron vendidas a un precio inferior a su valor libro, lo que implicó una fuerte pérdida de patrimonio público. Según sea el método de cálculo, las pérdidas oscilan entre un 27, un 42 o un 69 por ciento del capital vendido y el cálculo neto que informa esta entidad, a través de cifras parciales, llega a más de dos mil 200 millones de dólares, sólo entre 1978 y 1990, por 30 empresas.

A eso se suman los efectos negativos para los consumidores de empresas proveedoras de servicios básicos que en muchos casos pasaron a ser monopolios naturales sin sistemas de regulación que permitieran cobrar tarifas y otorgar servicios adecuados a la población.

Hoy estos grupos dominan diversos sectores de servicios que afectan el día a día de los chilenos. Aparte de las empresas privatizadas, sus influencias se extienden a las AFP donde administran los dineros de la previsión de los trabajadores chilenos; a la salud privada, donde dirigen el negocio de las isapres, y las clínicas privadas; a la banca y en general a las actividades financieras y, últimamente, han incursionado en forma decidida en el mercado de los seguros que ha tomado gran impulso, precisamente por su relación con el negocio de las isapres y de las AFP.

Tema aparte lo constituyen las universidades privadas que a pesar de estar legalmente concebidas como corporaciones sin fines de lucro, obtienen suculentas utilidades gracias a los pagos de los alumnos que van a parar en muchas de ellas a los bolsillos de los mismos personajes que constituyeron el núcleo duro del dictador. Y, de paso, se han establecido como espacios reproductores de las ideas neoliberales.

Todo eso es parte de esta obra "modernizadora" que el difunto general dejó en herencia. La que mereció el entusiasta discurso de su ex ministro Carlos Cáceres, hoy presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, y del fundador de esa entidad, Hernán Büchi, quien actualmente encabeza la Comisión Económica de la UDI y es uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo, además de miembro de una serie de directorios de empresas.

Más allá de los efectos del cuestionado "modelo", los hallazgos judiciales surgidos después del descubrimiento de las cuentas del Banco Riggs permiten trazar otras hipótesis para seguir indagando. No es en absoluto descartable que muchas de las sociedades de papel o los fideicomisos presentados bajo el elegante nombre de algún banco extranjero tengan relación con el enriquecimiento ilícito del general, su descendencia y quizá de más de alguno de sus eficientes colaboradores. LN