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Crímenes de lesa humanidad

Crímenes de lesa humanidad

Aunque Pinochet murió antes de que en su contra se dictaran condenas, vivió los últimos años abrumado por un cúmulo de procesos, desde crímenes de lesa humanidad hasta acusaciones de enriquecimiento ilícito. Pero, todo esto no hubiera sido posible en Chile sin las acciones previas de la justicia española que lo mantuvo más de 500 días bajo arresto domiciliario en Londres y el informe de la Comisión Investigadora del Senado de EEUU sobre las decenas de cuentas y compañías off-shore que el dictador poseía en el extranjero.

Domingo 17 de diciembre de 2006

Por Jorge Escalante

El fiscal español Carlos Castresana leía distendidamente la prensa esa mañana de 1996 en su casa de Madrid. De repente reparó en una fotografía donde el dictador argentino Jorge Rafael Videla paseaba por una playa. La información decía que Videla iba a misa los domingos y vivía en paz en un selecto barrio de Buenos Aires. Quedó meditando y concluyó que esa imagen repugnaba la conciencia de la humanidad. Que no podía ser que un criminal anduviera paseando como si nada por donde quisiera. Fue el chispazo que encendió la llama cuyas lenguas pronto iban a chamuscar la carne del Augusto Pinochet.

Castresana repasó la idea hasta que le dio forma jurídica y presentó una denuncia contra los militares argentinos por delitos de lesa humanidad. Si bien en Argentina se había juzgado a algunos de ellos, luego reinó la impunidad con absoluciones e indultos otorgados por el presidente Carlos Menem.

En Chile, aunque a esa fecha existían unos 150 procesos abiertos en contra de agentes de la DINA, la CNI y civiles, éstos se encontraban entrabados por recursos interpuestos por sus defensores. A ello se suma la incondicionalidad a la dictadura de muchos jueces y ministros de cortes de entonces. Respecto de Pinochet, reinaba la impunidad más absoluta.

Aquel que había supervisado a diario las acciones criminales masivas y selectivas de la DINA en contacto estrecho con su jefe operativo Manuel Contreras, seguía siendo el comandante en jefe del Ejército y tenía el camino preparado para llegar al Senado con un asiento vitalicio. Así lo permitía su Constitución Política que a punta de fusil y con los registros electorales quemados hizo aprobar en 1980. El pacto de transición que el dictador acordó con el primer gobierno democrático del Presidente Patricio Aylwin, le aseguró esa impunidad. En el exterior lo que ocurría en Chile resultaba incomprensible e indignante.

Como en su propio país no se le juzgaba por sus crímenes, estaban dadas las condiciones para que contra Pinochet se actuara desde el extranjero, bajo el concepto de la jurisdicción penal internacional. La denuncia de Castresana cayó en el Quinto Juzgado de la Audiencia Nacional. El juez, Baltasar Garzón, la aprobó. Pero todavía Pinochet y Garzón no se cruzaban.

El sistema español obligaba a presentar y aprobar una segunda denuncia de iguales características. Castresana pensaba cómo obtenerla. Una mañana de abril de 1996 llegó a su oficina un abogado.

"Soy Joan Garcés", se presentó. "He esperado veintitrés años que alguien haga lo que usted acaba de hacer. ¿No le interesaría meterse con Pinochet en Chile? Yo lo puedo ayudar".

"Pues claro, hombre, vamos con Pinochet y ahí tenemos el segundo caso", respondió el fiscal.

La denuncia que incluía entre otros el caso del diplomático chileno-español Carmelo Soria, también fue aprobada por el juez del Sexto Juzgado de la Audiencia García Castellón, quien después se inhabilitó a favor de Garzón que acumuló todo.

Ahora Pinochet estaba en las manos de la justicia internacional y arriesgaba ser arrestado si salía del país, lo que sucedió aquel 16 de octubre de 1998 en The London Clinic.

Alertados Garzón y Castresana de la estadía de Pinochet en Londres, se contactaron con el gobierno británico y el asunto pasó a Scotland Yard. Un oficial británico les dijo entonces: "El está en una clínica y desde ahí puede salir e irse y no lo podremos retener. Si ustedes quieren lo detenemos y luego formalizan el pedido de extradición".

Y así lo hicieron.

Ignorante del procedimiento penal internacional, el dictador, convertido ya en senador vitalicio, salió desafiante de Chile con un pasaporte diplomático que el juez chileno Juan Manuel Escobar estableció pronto que adolecía de "falsificación ideológica". Vale decir, que el documento estaba bien extendido por la Cancillería, pero que el uso que Pinochet le dio no correspondía al motivo por el cual lo pidió.

Soberanía limitada

La larga detención del dictador en Londres y la avalancha de recursos y fallos, terminó con la última resolución de la Cámara de los Lores del 24 de marzo de 1999 de seis votos contra uno, negando la inmunidad que a Pinochet le confirió antes un tribunal de la High Court decretando su libertad.

El proceso londinense significó para Chile una fuerte irrupción del argumento jurídico que estableció que, la soberanía chilena, estaba limitada por el imperio de la justicia penal internacional, la que trascendía las fronteras geográficas de los países, con el fin de juzgar a quienes cometían crímenes contra la humanidad cuando éstos no eran juzgados y condenados en sus respectivos países, como era el caso de Chile.

Este fue el argumento central de la discusión del caso Pinochet en Londres. Luego sobrevinieron las "razones humanitarias" por las que el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se jugó a fondo con su canciller José Miguel Insulza, para traer al ex dictador de regreso a Chile. Ello se logró el 3 de marzo de 2000.

De esta manera, la historia judicial de Augusto Pinochet quedó marcada por la mano de la justicia penal internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, varios de los cuales firmó el mismo dictador, como el Tratado Internacional contra la Tortura en 1988, poco antes del plesbiscito.

Precisamente, los casos por los cuales la corte londinense le negó la inmunidad como senador vitalicio fueron por tortura algunos, y luego el ministro de Interior británico Jack Straw, previo a liberarlo por las razones mencionadas, dio curso para que en su contra se abriera un juicio de extradición.

En España el dictador arriesgaba al menos 45 años de prisión, de acuerdo a las penas que en ese país se aplican a los delitos por los cuales sería extraditado.

El arresto de Pinochet en Londres prueba que tras los juicios abiertos en su contra en Chile, siempre estuvo la mano de la presión internacional. Sucedió no sólo con todos los procesos por las decenas de querellas que más tarde le afectaron, sino que ocurrió también en el escándalo de su millonaria fortuna, destapado gracias a una investigación del Senado de Estados Unidos.

Lo mismo sucedería después, en 2006, con el decreto ley de amnistía de 1978, Con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, en Chile por primera vez se comenzó a abordar más seriamente una vía para que los delitos de lesa humanidad no fueran ni amnistiados ni prescritos con el paso del tiempo, materia que aún debe ser resuelta en el Congreso.

Los hijos fieles

El descubrimiento de sus cuentas ocultas, algunas disfrazadas con alias al más puro estilo de la camorra napolitana, y el proceso abierto posteriormente en Chile, conocido como el caso Riggs, por el cual Pinochet murió declarado reo por uso y falsificación de pasaporte y delito tributario, fue el punto de separación de la figura de Pinochet de la derecha política chilena.

Hasta antes de esa fecha, RN, la UDI y la derecha empresarial que se había enriquecido a la sombra de privatización de las empresas del Estado, con frecuencia pusieron en duda la calidad de criminal del opresor por los delitos cometidos en contra de las personas. Varios argumentaron que ello fue producto de la situación de caos político que generó el gobierno de Salvador Allende o un mal necesario para la "modernización económica" del país.

Sin embargo, cuando al líder también lo acusaron de ladrón, muchos de sus fieles seguidores tomaron distancia de él. Probaron suerte para ver si captaban más votación para, eventualmente, conquistar la Presidencia de la República. No lo lograron.

Tras la muerte de Pinochet, la derecha y los empresarios volvieron agradecidos donde, en el fondo, siempre estuvieron: al lado de su líder e izaron las banderas de sus partidos a media asta en su homenaje.

Primera querella

El 12 de enero de 1998, nueve meses antes de su arresto en Londres, la presidenta del Partido Comunista Gladys Marín interpuso la primera querella en contra de Augusto Pinochet cuando todavía nadie se le iba al cuello. Entre las víctimas de secuestro y desaparición estaba su esposo, el dirigente clandestino del PC Jorge Muñoz Poutoys. Junto a él, figuraban otros militantes de la dirección clandestina secuestrados y hechos desaparecer en mayo de 1976, en la llamada operación de calle Conferencia. Con el abogado Eduardo Contreras, querían llevar a Pinochet por primera vez al estrado de los acusados.

La acción penal provocó incluso burlas. Muchos dijeron que la dirigente comunista estaba loca. Pero fue grande la sorpresa cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella a tramitación y designó al ministro de ese tribunal, Juan Guzmán, para investigar. Emergía quien Pinochet consideraría con los años uno de los puñales más afilados en su contra. La otra espada sería Baltasar Garzón. El trío iba a entrar a la historia penal internacional.

Fue en esta querella contra Pinochet, donde por primera vez se mencionaron los tratados internacionales de derechos humanos y se planteó la tesis de que éstos priman por sobre la ley chilena. Por primera vez también, se estableció que los delitos de lesa humanidad no prescriben por el paso del tiempo ni pueden ser amnistiados, porque los mismos tratados de los cuales Chile es parte plena (firmados y ratificados) lo impiden.

El documento acusatorio sostuvo, también por primera, que el delito de secuestro tiene un carácter de permanente porque, de acuerdo a la legislación penal internacional, se sigue cometiendo mientras no aparezca la víctima viva o se ubique su cuerpo.

No obstante, como se comprobó después en la práctica, fue la detención del dictador en Londres y la amplia discusión que se abrió acerca de la jurisdicción penal internacional y los tratados internacionales que protegían los derechos fundamentales de las personas, lo que incidió de manera relevante para que los jueces y las cortes chilenas se fueran impregnando de esa estructura y concepto jurídico, para muchos de ellos desconocido hasta ese momento, como fue quedando reflejado en sus resoluciones.

La primera querella de la líder comunista desató un vendaval de acciones penales similares en contra del cazurro general.

La caravana

Tras su desventurada pasada por Londres, a Pinochet lo esperaba en Chile el juicio por los crímenes de la Caravana de la Muerte, la primera querella por la que el juez Juan Guzmán dictó procesamientos, primero en contra de los integrantes de este escuadrón militar y luego en contra suyo, como autor de 58 homicidios y 17 secuestros con desaparición de los cuerpos, después de que las cortes le quitaron el fuero. Su autoría le fue rebajada sólo a la calidad de encubridor, gracias a una circunstancial integración de tres jueces de una sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Entre las víctimas de la Caravana, estaba Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, pariente de los Frei Ruiz-Tagle, asesinado en Antofagasta el 18 de octubre de 1973. Este trágico caso se transformó en un ejemplo estremecedor muchos años después, cuando en 2001 ex prisioneros acusaron al general de aviación Hernán Gabrielli de participar en torturas en Antofagasta en el mismo lugar donde estuvieron detenidos con Ruiz-Tagle. Un cambio radical se produjo en la línea editorial del diario "El Mercurio", que por primera vez publicó sensibles reportajes sobre lo que realmente se vivió en Antofagasta. Hasta entonces ese diario había siempre hablado de "presuntos detenidos desaparecidos". De ahí en adelante, se escribió "detenidos desaparecidos".

Un cambio radical, porque en su portada del 9 de junio de 1976 al comentar un informe de la dictadura presentado ante la OEA (que el diario publicó completo), donde el régimen desmintió los crímenes de la Caravana y en especial el de Ruiz-Tagle Orrego, aduciendo que su muerte se produjo por una sentencia judicial luego de un proceso, el diario escribió: "Deseamos que este esfuerzo contribuya a disipar las falsedades que se repiten sobre Chile en el exterior, y a situar en sus verdaderos términos la situación de los derechos humanos en nuestro país. Este aporte a la verdad corresponde a la mejor tradición de la prensa chilena".

A matar

Su defensa logró finalmente sacar a Pinochet del proceso Caravana alegando una supuesta "demencia progresiva e incurable", tesis acogida en fallos de 2001 y 2002 por una sala de la Corte de Apelaciones y la Sala Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, en la investigación del juez Guzmán quedó establecido -e incluso fue uno de los fundamentos de las Cortes para desaforarlo- que Pinochet supo siempre que la misión del general Sergio Arellano como jefe de la caravana y viajando como "Oficial Delegado" del mismo dictador, era asesinar prisioneros en el sur y norte de Chile, bajo el pretexto de "acelerar juicios" para que "todos tengan un justo proceso", como reza la excusa oficial utilizada.

En un careo entre Arellano y su jefe de Estado Mayor durante el viaje del escuadrón militar en 1973, el coronel Sergio Arredondo hastiado de las mentiras de Arellano en el proceso, lo encaró y le dijo: "Pero si todos sabíamos que íbamos a matar prisioneros, porque usted mismo lo dijo antes de partir".

Pero Pinochet no logró salvarse del juicio por las ejecuciones extrajudiciales de la Caravana, puesto que debido a una cuestión técnico-procesal, más tarde será desaforado y procesado como autor de secuestro y homicidio por los crímenes de los ex GAP de Allende, Francisco Lara y Wagner Salinas, que fueron ejecutados en el primer viaje del escuadrón. El ex dictadort murió encausado por aquellos delitos.

El jefe de la DINA

En los procesos por los crímenes de la DINA, Augusto Pinochet trató siempre de eludir su responsabilidad y desvincularse del jefe operativo Manuel Contreras. Y hasta cierto punto por mucho tiempo lo logró.

Pero a medida que avanzaron las investigaciones de los jueces, llegó un instante en que la estrecha relación entre ambos relación quedó al descubierto. Fue el propio Contreras que, cansado de que Pinochet le siguiera culpando de todas las acciones de ese organismo, rompió el pacto de silencio y lealtad con el dictador y declaró que todo lo que DINA hizo o no hizo, fue por orden expresa "del presidente Augusto Pinochet, pues yo no me mandaba solo". Contreras afirmó que cada operativo DINA fue siempre monitoreado desde arriba por Pinochet, quien estaba al tanto "diariamente" de lo que el organismo hacía.

El rompimiento del pacto de lealtad de Contreras fue fundamental para que el dictador comenzara a ser desaforado y procesado en las causas de Villa Grimaldi, y las operaciones Cóndor y Colombo, todos crímenes en que la DINA y sus agentes participaron directamente.

A esto se agregó un documento publicado por La Nación el 3 de enero de 2005, donde Pinochet aparece firmando un informe DINA en que se entrega información sobre la situación de personas detenidas o expulsadas del país.

"Operación retiro de televisores"

Una de las operaciones más siniestras decretadas por Augusto Pinochet, fue la llamada "Operación retiro de televisores". A través de criptogramas enviados a los regimientos y las divisiones del Ejército, ordenó ubicar todos los cuerpos de los prisioneros sepultados en fosas clandestinas, desenterrarlos, ensacarlos, subirlos a bordo de helicópteros y tirarlos al mar amarrados a rieles para que se fueron al fondo.

El reportaje de La Nación Domingo del 23 de noviembre de 2003 con los detalles de este operativo, bajo el título "400 cuerpos al mar" provocó un fuerte impacto internacional. LN

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