
Miércoles 20 de diciembre de 2006
Raúl Morales Segura
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile
CON especial interés, el ambiente universitario siguió la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto 2007, toda vez que este primer cálculo del nuevo Gobierno viene a delinear el rumbo que seguirán, en lo sucesivo, las políticas de financiamiento de la educación superior, en particular las correspondientes a las universidades estatales.
La expectativa de poder elevar el aporte para los alicaídos fondos actuales era un aspecto fundamental para comenzar a elaborar los proyectos de desarrollo institucional destinados a mejorar los estándares de calidad del sistema educacional. Porque no es posible superar la deteriorada situación de la enseñanza media y básica si no se hace algo con las necesidades que también existen en la formación superior.
De ahí que el tema del financiamiento estudiantil en la enseñanza universitaria si bien ha sido relevante en la discusión de los últimos años, no ha considerado el principal problema que enfrentan las instituciones de formación estatales. Efectivamente, el verdadero centro de gravedad de nuestras carencias se ha enfocado en la poca inversión en la infraestructura física -instrumental y bibliográfica- y la falta de personal investigador con estándares de postgrado, denotando una sostenida despreocupación del Estado durante más de 25 años.
En esta ruta, el Gobierno ha conducido a las universidades estatales hacia un esquema de autofinanciamiento, una política que se arrastra desde 1981. Pensada originalmente para desarticular el rol preponderante del pensamiento intelectual chileno, posteriormente esta situación ha sido causa de rivalidades institucionales, por el hecho de que distintos interesados convergen al mismo tiempo a los fondos concursables, pero sin un marco regulatorio apropiado, con estándares y objetivos afines a sus propias misiones y competencias.
Esta desmantelación sistemática, realizada mediante el manejo presupuestario de las transferencias corrientes a las universidades estatales, con una merma sistemática de sus financiamientos recurrentes, se ha mantenido en funciones por más de dos décadas.
Su máxima expresión queda patente en la asignación presupuestaria que todos los años el Gobierno sigue empleando mediante el DFL N°4 de 1981 del Ministerio de Educación sin hacer cambios sustantivos en el modelo definido en momentos en que se hizo de la educación pública un bien de calidad prescindible.
Hoy, la enseñanza se ve cuestionada en su calidad, pero debemos entender que éste es un fenómeno que se arrastra por más de dos décadas y los impactos se habrán de seguir sucediendo mientras como país no seamos capaces de darnos cuenta de que son éstas las instituciones donde cultura, conocimiento e innovación tienen su principal asiento.
Es por ello que el aumento presupuestario de las transferencias corrientes hacia las universidades estatales en el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno en el Congreso, correspondiente a un inflactor de 3,5%, no fue consistente con el incremento presupuestario global entregado al Ministerio de Educación, que sobrepasa los dos dígitos para 2007.
Este incremento de 3,5% proyectado para 2007 viene a representar un nuevo castigo a quienes están involucrados en la construcción universitaria estatal de nuestro país, dado que ni siquiera se podrá cubrir el incremento de reajuste salarial que para el sector público se está proyectando por sobre 7%.
Se trata de otra recurrente señal de que las universidades deberán acudir, una vez más, al endémico recurso de hacer aumentar los aranceles universitarios como estrategia para lograr las compensaciones que permitan cuadrar sus cajas, abriendo a la discusión pública el financiamiento estudiantil, respecto de los costos asociados a cada carrera, y el mayor gasto por parte de la clase media, que tendrá que seguir absorbiendo los costos indirectos de estas inequidades de un sistema que todavía no logra ser enmendado en beneficio no sólo de la calidad de la enseñanza, sino del adecuado progreso de todo el país.