Jorge Molina Sanhueza

El actual presidente del Tribunal Constitucional, José Luis Cea Egaña, estará presente hoy en París, Francia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -dependiente del Banco Mundial- como representante de Chile, en una de las últimas diligencias del caso Clarín.

El conflicto entre las partes se basa en la demanda presentada por el abogado Joan Garcés, representante de la Fundación Presidente Allende de España, en contra del Estado chileno por la suma de 500 millones de dólares, luego que el diario "Clarín" fue requisado por las autoridades de la dictadura militar, tras el golpe del '73.

La información de que Cea Egaña -un destacado constitucionalista- estaría presente en una exposición de carácter oral, similar a una rendición de pruebas en París, fue confirmada a La Nación por una fuente allegada al proceso, quien indicó que el Estado chileno informó a la secretaría del tribunal a través de una carta.

Esta es la primera vez que el Estado chileno lleva a un tipo de reunión como esta a un miembro activo de una institución que, eventualmente podría llegar a pronunciarse sobre el particular.

Último paso

Actualmente, el caso Clarín está en sus últimas instancias luego que el Ciadi confirmara el año pasado como árbitro a Emanuelle Gaillard, quien había sido objetado por la parte chilena, argumentando que al ser socio del bufete de abogados Sherman and Sterling, ligado a la empresa Sonatrach de Argelia, cuyo ministro de Relaciones Exteriores es Mohamed Bedjaoui, también recientemente vetado por Chile como árbitro de la parte demandante, no entregaba las debidas garantías al proceso.

De esta manera, según fuentes allegadas a los intereses del diario "Clarín", el Estado chileno, desde ese momento, se quedó sin la posibilidad de designar un árbitro de su confianza.

No era la primera vez que Chile objetaba a un árbitro asignado por el Ciadi por considerar que no cumplía con los requisitos para fallar un litigio de este tipo.

En la vez anterior lo hizo en contra de la profesora Brigitte Stern, aduciendo que, debido a un artículo escrito en contra de Augusto Pinochet, tampoco contaba con los méritos necesarios para el arbitraje. A la fecha ya existe un proyecto de fallo que condena a Chile a pagar la suma de 500 millones de dólares, pero ha sido pospuesto por las solicitudes de la parte chilena.