El respeto no proviene de la anuencia y las genuflexiones sino que es otorgado a quienes actúan de acuerdo a sus convicciones.
Raúl Sohr
Una vez más, Chile postergó la ratificación de su adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI). El Gobierno debió aplazar el voto por la oposición de los parlamentarios de la Alianza. Los partidos de derecha señalan que la ratificación causará fricciones con Estados Unidos. En efecto, Washington sanciona a los países que no son sus aliados directos como los europeos miembros de OTAN. O le firman una cláusula que exime a todo ciudadano norteamericano de ser acusado ante el TPI o se suspenden ciertas ayudas y franquicias en el campo de la defensa. Aceptar este condicionamiento constituye ya una severa erosión de la soberanía nacional.
Es desconcertante que quienes mantienen un discurso “patriótico” y, a menudo, destemplado frente a países vecinos, aquellos que en forma permanente claman por la “mano dura” se muestren tan sumisos ante una situación de principios. Es claro que Estados Unidos no podrá mantener su política por mucho tiempo pues le resulta cada vez onerosa. A la larga es la Casa Blanca el que más se perjudica pues pierde influencias. Pero aún si persistiera Chile, al igual que más de un centenar de países, debería asumir los costos de su independencia política. Eso es lo que hace el ancho y la profundidad de una nación. El respeto no proviene de la anuencia y las genuflexiones sino que es otorgado a quienes actúan de acuerdo a sus convicciones.
El mundo observó con repugnancia el linchamiento de Sadam Hussein. Era obvio que en Irak no había condiciones para brindarle un debido proceso. Incluso un dictador, acusado de tantos crímenes, merece un juicio que brinde garantías de imparcialidad. Ello no podía lograrse en un país que está en medio de una guerra civil. Ya se sabe de todas las irregularidades que plagaron su juzgamiento y que culminaron con las odiosas escenas de su colgamiento. Antes, Slobodan Milosevic fue enviado a La Haya a un tribunal especial para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, donde pasó varios años sin recibir condena y falleció de muerte natural.
La globalización exige un tribunal capaz de juzgar a los responsables de genocidio y crímenes contra la humanidad. Lo óptimo es que los perpetradores enfrenten la justicia en sus propios países. Pero, se sabe, a veces ello no es posible. Para esos casos la comunidad internacional debe contar con el TPI.
Es el interés de todos los países pero en especial de los pequeños, como Chile, fortalecer el derecho y la jurisprudencia internacional. Los países latinoamericanos no pueden tomar la justicia en sus manos y tampoco les conviene que lo hagan otros. La existencia del campo de prisioneros norteamericano de Guantánamo es una afrenta para toda la humanidad. Allí se degrada a las personas y los principios más elementales de justicia. No basta con decir que Washington libra una “guerra contra el terrorismo”. Como lo plantea la Cruz Roja, “incluso las guerras tienen límites”. Todo el mundo civilizado gana con el respeto de las normas humanitarias. A fin de cuentas ello, también, es parte de la guerra contra el terrorismo y los fundamentalismos que lo alimentan.
Es una mezquindad y un cálculo cortoplacista, típico de un interés nacional mal entendido, aquel que ha llevado a frenar la plena e irrestricta adhesión al TPI. Los responsables de esta situación hacen evidente la vulnerabilidad del país ante las menores presiones externas. Cabe recordar la fortaleza mostrada por el Presidente Ricardo Lagos cuando fue conminado a respaldar la invasión a Irak. Entonces los riesgos de represalias eran mayores a las que expone la firma del TPI. Chile no solo impuso su criterio frente a una guerra, desencadenada sobre premisas falsas, sino que salió fortalecido. Su estatura internacional creció y hoy, en defensa de su soberanía y por una justicia que sancione a los genocidas, debe adherir al TPI.
