Por Claudia Molina B.

En abril de 2002 se inauguró el Terminal de Carga Logística Sur, cuyo objetivo principal era evitar que camiones de alto tonelaje ingresaran a la capital y así contribuir a bajar los índices de contaminación y congestión vehicular. Los camioneros coincidieron en que la medida dictada por el Ejecutivo era una oportunidad de negocio para ellos si se asociaban, y concretaron un proyecto que consiguió apoyo en todas las esferas económicas nacionales. Nació así el Terminal de Carga Logístico (TCL) en la zona sur de la ciudad, específicamente en el kilómetro 41 de la comuna de Paine. La idea fue trabajada el año 2001 por el dirigente de camioneros de esa zona, Francisco Soto, asesorado por Rosa Palma Rodríguez y apoyado por Héctor Moya.

En el TCL, los camiones que venían desde el sur entraban al recinto para traspasar la carga a camiones más pequeños y continuar destino al centro de la ciudad. Así surgió la Sociedad Anónima Cerrada Administradora y Comercializadora San Francisco. Pero los costos no eran menores. Encontraron interesados y consiguieron un crédito de dos millones de pesos, en el Banco del Desarrollo, para que cada transportista se convirtiera en socio de esta empresa. 160 millones divididos en 80 accionistas, entre ellos el actual alcalde de Paine, el reconocido actor Patricio Achurra. El dinero fue avalado por el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape).

En diciembre de 2001 arrendaron una parcela agrícola, habilitándola para el centro de carga, incluyendo oficinas de administración de la empresa. El proyecto estaba muy bien estudiado y la viabilidad asegurada, tanto es así que tres empresas abastecedoras de combustibles ingresaron en forma de comodato: Esso Chile, Repsol YPF y Shell, instalando un lubricentro completo. La inversión total de estas tres empresas se calcula en 120 millones de pesos, de acuerdo con los aportes entregados en comodato y que constan en acta de constitución de la empresa.

Todo marchaba sobre ruedas, pero algo sucedió. El megaproyecto TCL fracasó y los pequeños empresarios quedaron fuera de la empresa que ellos mismos habían formado en el 2002. Y ahora Moya enfrenta querellas y es acusado de "robo" por Daniel Roubillard, quien fue administrador de la empresa.

Un cara a cara

Diversas maniobras fraudulentas, según el abogado Pedro Núñez, que defiende a los pequeños empresarios, llevaron a que la empresa Sociedad Administradora y Comercializadora San Francisco S.A. fuera quitada de las manos de los directores elegidos, entre ellos Francisco Soto, precursor de la iniciativa.

Moya entregó a un proveedor, Daniel Roubillard, la administración de la empresa sin conocimiento de los directores. Este acto fue desarrollado de forma ilícita, a través de una "asamblea fantasma y cuya acta es falsa", según el informe del notario Félix Jara Cardot, adjuntado al expediente. Hasta hoy, el Segundo Juzgado del Crimen de Buin espera la realización de dos diligencias decisivas que aclararían el grado de participación de Héctor Moya Martín y Daniel Roubillard en lo que los camioneros y accionistas han denominado "la gran estafa". Una de ellas es el sometimiento a peritajes en el SML de Daniel Roubillard para constatar las enfermedades que padece según los certificados médicos que ha presentado cada vez que ha sido citado al tribunal y un careo entre ambos implicados.

"Camioneros huevones"

Héctor Moya, ex mapu y ex candidato a diputado por el distrito 39-40 en los comicios de 2001, por la Alianza por Chile, es ahora uno de los principales dirigentes de la empresa Subus del megaproyecto Transantiago, en cuya licitación se adjudicó las líneas troncales 2 y 4, con 660 buses.

El empresario dijo que "cuando me hice cargo como gerente general de TCL Sur todo funcionaba bien, pero hubo camioneros sinvergüenzas que robaron demasiado y que me aburrieron, por eso dejé de administrar la empresa". Curiosamente, mientras se alejaba de TCL Sur se encontraba abriendo un nuevo TCL en la zona norte de la capital, en la comuna de Quilicura, donde asegura que también todo funcionó bien y que la cerró sólo por voluntad propia.

Moya afirma que él entregó todo lo relacionado con el TCL Sur completamente claro, las cuentas al día y funcionando bien. Todo un éxito al principio, "pero llegó un señor a administrar y salió más hábil que los camioneros y se echó todo el dinero en menos de un año al pecho, porque hacer huevones a esos camioneros no es difícil. Ahora, yo enfrento una querella por algo que no hice. Yo no robé y tampoco hice nada ilícito", se defiende, acusando a Roubillard.

Además, enfatizó que "Daniel Roubillard es quien más ha robado". Pero Moya no contó todo. Por ejemplo, la forma en que llegó Roubillard a controlar la empresa, desde ser un simple distribuidor de combustible asociado a través de Micom S.A. Para Moya, "siempre los frescos acusan al resto de sinvergüenzas. Yo le entregué la administración por acuerdo de la asamblea, debido a que la empresa estaba en problemas económicos, porque los camioneros nunca pagaban el consumo de combustible".

Contra Moya

Pero su versión se contradice con la de Daniel Roubillard. El empresario acusa a Héctor Moya de ladrón. "Todo lo que se robaron, lo robó Moya. Cuando yo recibí la empresa estaba endeudada enormemente. Héctor Moya compraba combustible a la YPF y a la Esso. Les quedó debiendo 75 y 30 millones, respectivamente, y como ya no le abastecían me llamaron para hacer negocio. Comenzamos a entregarle combustible a través de Micom S.A. Los tres o cuatro primeros meses todo iba bien, pero de pronto comenzó a pedir más abastecimiento, de 20 mil litros pasó a 30 mil. Después comenzaron a llegar los cheques protestados firmados por Moya y por Rosa Palma, su socia. Insisto, si hay alguien que robó en TCL, ése fue el señor Héctor Moya".

"Es más", continúa, "Moya pedía combustible como TCL Sur, pero los camiones debían llegar al TCL Norte que abrió en Quilicura y que administraba su hijo, y el pago de ese combustible se hacía con los dineros de TCL Sur. ¿Así a quién le va mal? Así también robó".

La subgerencia

Roubillard asegura que tiene al menos 30 millones en cheques protestados que se fueron a cobranza judicial y que Moya aún no cancela. "Vuelvo a conversar con él y le pregunto ¿qué vamos a hacer?, y me dice: 'Háganse ustedes cargo del terminal', donde yo sería el gerente general. Me negué porque no sabía cómo estaba la empresa, pero él insistía en que yo la dirigiera".

Roubillard no aceptó la gerencia general, pero sí la subgerencia. Este cambio de administración iba de la mano con la oportunidad para Roubillard o Micom de cobrarse la deuda que TCL Sur, bajo la administración de Moya, había contraído. Dice Roubillard: "Nosotros empezamos a pagarnos de la deuda. El abogado de Moya, Patricio

Bell, hizo todo y me entregó el acta donde indica que nuestra abogada, Dina Valenzuela, la redujera a escritura pública. Así me entregaron el acta donde dice que nos hacemos cargo de TCL Sur".

La asamblea fantasma

El 25 de mayo de 2004 se realizó una controvertida asamblea donde, supuestamente, se tomó el acuerdo de entregar la administración del TCL a Daniel Roubillard y con la que, posteriormente, el empresario pudo cambiar el nombre del arrendador al recinto donde funcionaba la empresa. Pero los detractores de Moya denuncian que esa asamblea nunca existió, no contaba con la asistencia de todos los directores y Roubillard tampoco estuvo presente.

Roubillard dice que si eso ocurrió "ya no es problema mío, y Moya debiera estar preso. A mí me pasaron la escritura y Rosa Palma, por instrucciones de Héctor Moya, me presentó a la gente del TCL con la instrucción de despedirlos a todos. Es más, por instrucción de Moya tuve que depositar a su cuenta corriente una cantidad de dinero de la empresa -tengo la copia del depósito- y también pedía que los cheques de los camioneros fueran a nombre de su señora, Mónica Castillo, pero entregaban facturas de la empresa. Ahí está el dinero de esta pobre gente".

Daniel Roubillard insiste en que cuando le traspasaron la empresa de los camioneros le hicieron entrega de un acta donde le decían que lo primero que debe hacer es pagarle a Micom, o sea a él mismo. Roubillard cambió el contrato de arriendo bajo el nombre de Micom. Según Roubillard, después ambos se reunieron en la sede de la OTEC de la empresa, que está en la calle Blanco Encalada, y en esa reunión Moya le hizo una segunda oferta a la que dice que no pudo negarse.

"Héctor Moya me dijo: 'Si quieres te entrego todo, porque a mí estos huevones no me importan, me interesa mi prestigio y mi nueva empresa'. Y me invita a participar en Subus. Me pide ¡por favor! que acepte porque él no podía manchar su imagen".

Pero Moya no informó a los directores de la situación y el acuerdo que estaba fraguando. Roubillard afirma que denunció muchas irregularidades en la Contraloría General de la República. "La empresa, en su contabilidad, contenía facturas falsas, que venían del tiempo de la administración de Héctor Moya, otras facturas que fueron descontadas que no tienen respaldo a través de los cursos para los transportistas realizados en el Instituto del Trabajo (la OTEC de la empresa) y a través de esa maniobra sacaron 25 millones de pesos. Ésos se los robó la señora de Moya junto con Rosa Palma y sacaron cinco millones de pesos cada una con boletas de honorarios", remata, y sigue atacando: "Yo no he mentido. Ahora tengo una querella por estafador, y el que se robó la plata de los camioneros está bien, libre de todo y metido en un proyecto del Gobierno, limpiando su imagen".

Roubillard se ha negado en reiteradas oportunidades a asistir a un careo. "Para qué, dice, los tribunales están todos arreglados". Ha presentado certificados alegando estar enfermo. Roubillard enfrenta una querella por estafa, por apropiación indebida y por falsificación de instrumento público interpuesta por Francisco Soto, uno de los directores y el principal gestor de la empresa.

Los rack-rack alegan

Mientras todo este culebrón continúa estancado en tribunales, los pequeños empresarios, conocidos como los rack-rack por el ruido de sus camiones, continúan cancelando las cuotas al Banco del Desarrollo. "Esperamos que paguen los responsables. Nos dejaron en la calle, endeudados, y nadie da la cara. Lo que era un proyecto considerado de 'bien común', ahora es una lucha entre privados", dice Francisco Soto.

Hasta el cierre de este reportaje, Moya acumula 16 querellas en el tribunal de Buin y aseguran los afectados que se sumarán al menos otras 90 más. LND