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Carabineros cuida paseo de Fujimori por Pichidangui

Ex mandatario peruano, requerido en su país por violaciones a los derechos humanos y corrupción, visita a un amigo en el balneario de la Cuarta Región mientras se encuentra con arraigo en Chile.

Domingo 21 de enero de 2007

En el balneario de Pichidangui, cerca de Los Vilos en la Cuarta Región, se encuentra el prófugo de la justicia peruana y ex presidente de ese país, Alberto Fujimori, quien se encuentra en Chile sometido a un orden de arraigo.

De acuerdo a lo informado por radio Cooperativa, el ex mandatario, que en noviembre de 2005 arribó sorpresivamente al país desde Japón, llegó a la localidad costera del norte el sábado y se desconoce cuanto tiempo permanecerá.

El coronel de carabineros de la zona, Adolfo Velásquez, comentó a la emisora que Fujimori se encuentra de visita en la casa de un amigo y confirmó que esa policía protege sus pasos.

"El viene como cualquier otro ciudadano acá y ovbviamente por ser ex presidente del Perú y, todos sabemos, las condciones en que está, tiene una vigilancia en el sector, en el lugar. Anda con escolta y nosotros estamos pendientes de brindar una seguridad a distancia para que no vaya a sufrir ningún problema en su seguridad personal", declaró el uniformado.

El ex mandatario no puede abandonar el país a la espera del término del proceso de extradición ante la solicitud en ese sentido presentada desde Perú ante juicios en su contra por 2 cargos de violaciones a los derechos humanos y 10 cargos de corrupción durante su gestión.

Tras permanecer seis meses en prisión preventiva en la escuela de Gendarmería de Santiago, por el proceso de extradición, fue beneficiado con la libertad provisional, pero permanece con una orden de arraigo que impide su salida del país.

En la Corte Suprema se aguarda la resolución de si confirma o no el cierre del sumario decretado por el juez instructor, Orlando Alvarez, tras lo cual podría decidir si procede o no la extradición.

Una de las últimas acciones de la justicia peruana en su contra fue el embargo de bienes y cuentas bancarias dictado el pasado 17 de enero, con el objetivo de asegurar el pago de la reparación civil por la matanza de 41 presos acusados de terrorismo en el año 1992.

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