Andrés López

En una carta entregada el pasado miércoles al presidente subrogante de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez, varios jueces y secretarios de los juzgados civiles de Santiago anunciaron un eventual colapso del sistema si se llegan a instaurar las ocho horas de trabajo.

 Esta iniciativa se originó para apoyar la oposición de los ministros del máximo tribunal a la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado sobre la restricción horaria de las labores de los magistrados.

 En el documento -que consta de cuatro páginas- se indica que en este tipo de tribunales hay una recarga excesiva de trabajo y se tramita diariamente un gran número de causas, las cuales en muchas ocasiones son resueltas por los jueces más allá de las horas que se pretende imponer.  

Los magistrados indican en la misiva que están dentro de un paradigma distinto al de la reforma procesal penal, por lo que ellos sufrirían un mayor impacto por los nuevos horarios y saldrían a la luz los problemas anteriores de mal funcionamiento, recarga de trabajo y falta de personal.  

En la carta se recalca que su labor sobrepasa ampliamente las ocho horas de trabajo, llegando incluso a ocuparse el tiempo de descanso del fin de semana con la familia. Agregan que de implementarse esta iniciativa los jueces deberían cobrar horas extraordinarias.

Restricciones 

Los magistrados no estaban muy alegres con la postura del Legislativo, puesto que  la propuesta de que se destinen sólo dos horas diarias al estudio y redacción de fallos fue calificada como un total desconocimiento y desprecio de la labor judicial por parte de los parlamentarios.  

El oficio menciona que la intención de restringir a sólo tres días semestrales los días administrativos atentaría contra la rápida solución de las causas. Además, de concretarse esta medida la labor judicial quedará sumida en la lentitud e inoperancia, por lo que los más afectados no serán los jueces sino la comunidad.

 Respecto a la limitación de labores docentes declaran que no se debe restringir las labores docentes realizadas en entes privados, debido a que no son pagados con recursos fiscales y no es incompatible. Además, señalan que si se debería ampliar el marco regulatorio a los empleados de los entes fiscalizadores que tienen dedicación exclusiva.