Solicitud presentada ante la Corte Suprema de Uruguay menciona la eventual participación de Kissinger “en los asesinatos del general chileno Carlos Prats y de Orlando Letelier y el posible envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei".
El abogado uruguayo Gustavo Salle pidió a la Suprema Corte de Justicia que libre una orden de captura y extradición del ex Secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, por ser ideólogo del "Plan Cóndor", el operativo de represión digitado por las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.
Salle dijo hoy que "existe semiplena prueba" en los procesos de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras del Cono Sur.
Esa semiplena prueba vincula, a su juicio, "a Kissinger con la autoría intelectual de la Operación Cóndor", coordinación represiva de los gobiernos militares durante las décadas del 70' y 80'.
El abogado sostuvo que "hay pruebas que incriminan" a Kissinger, dado que éste presidió entre 1969 y 1976 el "Comité 40", una organización "de carácter semioculto de enlace entre la Casa Blanca y la CIA para llevar a cabo desestabilización de gobiernos" que no eran afines a los intereses estadounidenses.
"Es un hecho absolutamente objetivo la existencia de grabaciones y otras pruebas que involucran a Kissinger con los golpes de Estado en América del Sur y su eventual participación en los asesinatos del general chileno Carlos Prats y de Orlando Letelier y el posible envenenamiento del ex presidente Eduardo Frei", afirmó Salle.
Subrayó que "existen elementos suficientes para probar la autoría intelectual y la puesta en práctica por parte de Kissinger de un plan impuesto por Estados Unidos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, dentro de la guerra fría y en el teatro de operaciones que fue América del Sur, con militares sudamericanos".
Recordó que el Plan Cóndor provocó 30.000 muertos y desaparecidos en Argentina, entre 3.000 y 7.000 en Chile y más de 200 en Uruguay, a lo que debe agregarse millones de prisioneros y torturados en todo el continente.
El jurista agregó que la Suprema Corte de Justicia deberá evaluar ahora la posibilidad de solicitar pruebas o determinar "que es imposible que prospere el pedido porque se dirige a uno de los más grandes plutócratas del planeta".
Salle es abogado en la causa de Bernardo Arnone, un militante del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay (PVP) desaparecido en 1976 y en el caso que llevó a prisión el año pasado a cinco oficiales del ejército y dos ex policías por la desaparición, también en 1976, de los militantes del PVP, Alberto Mechoso y Adalberto Soba.
