Por Alexis Díaz A.

Hasta el momento, Marco Antonio Cañete Bahamonde está en prisión preventiva y formalizado sólo por un caso de cohecho. Se trata del episodio de Metalúrgica del Pacífico, una empresa a la que le cambiaron la dirección ficticiamente dos veces para que su carpeta terminara en el escritorio de un determinado funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El lunes recién pasado, Cañete hizo uso de su derecho a declarar, a petición de su abogado, para contar su versión ante la fiscalía, los abogados querellantes y la prensa. Después vino el contrainterrogatorio y, ante las preguntas del fiscal investigador, Iván Millán, el imputado respondió con evasivas. Una de sus frases más notables fue "mi mente no está en condiciones de recordar tras veinte días de estar preso", aludiendo a que no recordaba nombres de personas, nombres de empresas, fechas y cuáles eran los negocios que le proporcionaban sus ingresos.

Cuando el fiscal preguntó por sus últimos clientes, el dueño de Socogech recordó a la empresa Constructora PY. Pero por más esfuerzo que hizo el fiscal, Cañete no reveló para qué lo había contratado esa empresa ni cuánto le pagó por sus servicios. "No sé nada al respecto", "no recuerdo en este momento", o "no tengo idea de qué me habla", fue todo lo que pudieron escuchar los presentes en la audiencia pública.

LND se acercó a las oficinas de la constructora en cuestión, en pleno centro de Santiago, para obtener algún testimonio de estos clientes de Cañete. Pero no hubo resultados, excepto la información proporcionada por la secretaria de gerencia: "Están todos de vacaciones".

PY, SOCIO DE COPEVA

Si bien la Constructora PY no es conocida en los medios de comunicación, tiene vinculación directa con Copeva, la responsable de las "casas de plástico" acusada en 1997 de no cumplir el estándar mínimo de calidad de construcción que establece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Copeva (Constructora Pérez Vargas), constituida en 1978, es propietaria de Constructora PY, de Francisco Pérez Yoma y su mujer, Ana María Vargas. Constructora PY, por su parte, se constituyó en 1989, y sus socios propietarios son Francisco Pérez Yoma y Miguel Yoma Migon.

En marzo de 1990, Constructora PY entró a la propiedad de Copeva, asumiendo el 45% de sus acciones. De acuerdo a los registros de Dicom, la constructora también participa en la propiedad de Inmobiliaria PY S.A., Inmobiliaria Córcega S.A., Constructora e Inmobiliaria Proyección S.A. e Inmobiliaria Vía Casa S.A.

Cuando el fiscal Millán le preguntó a Cañete cuánto le pagó Constructora PY por sus servicios, éste dijo que no se acordaba, pero admitió que había percibido "como 30 millones de pesos" en rentas personales, y que dos de sus cinco empresas facturaron entre 50 y 60 millones en el mismo período.

-¿Ha vendido facturas? -contraatacó sorpresivamente Millán.

A Cañete se le subió la sangre a la cara y respondió que no.

-Entonces, ¿todas las facturas emitidas por sus empresas corresponden a servicios efectivamente prestados? -siguió Millán.

-Sí -respondió el inculpado.

-¡Qué bueno saberlo! -concluyó el fiscal.

LITIGIO CON EL SII

Constructora PY tiene un litigio pendiente con el SII, que por estos días se ventila en la Corte de Apelaciones de Santiago. El caso partió en 2000, cuando la empresa Constructora e Inmobiliaria CPY S.A. interpuso un recurso en el Tribunal Tributario de Santiago en contra de una resolución del SII que rechazaba la rebaja de impuestos por gastos que, según el servicio, no correspondían a gastos necesarios para producir renta.

Los gastos cuestionados eran el arriendo del yate "Cowboy", cancelado a Euroamérica Seguros, por la suma de 13.021.910 pesos, y de una avioneta Piper, en 6,25 millones de pesos, en agosto de 1996. Los mismos gastos aparecen declarados en los meses de octubre y diciembre del mismo año, pero en este último mes la suma cancelada sobrepasa los 60 millones por los mismos arriendos. El SII consideró que no se trataba de gastos necesarios para generar renta y gastos sin documentación de respaldo, por un total superior a los 114 millones de pesos.

La argumentación de la empresa para justificar los gastos fue que su "empresa filial, Copeva, dedicada a la edificación de inmuebles para sectores socioeconómicos medios y bajos, quería entrar como empresa CPY en los grupos socioeconómicos ABC1, y la manera de entrar en este sector era a través de una regata, en donde participó el yate "Cowboy", y la avioneta que sobrevolaría sectores de esparcimiento de los grupos acomodados del país con publicidad".

El Tribunal Tributario rechazó la moción de la constructora en septiembre de 2003, señalando que los gastos parecían particulares. Frente a este dictamen, PY recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago. "Los gastos corresponden a gastos necesarios para producir la renta y, por lo tanto, no resulta procedente estimar tales cantidades como gasto rechazado afecto al impuesto único del artículo 21", sostuvo en su presentación.

El caso llegó a la Corte Suprema en 2004, pero no por el fondo, sino por un recurso de casación en la forma. La defensa de la constructora sostuvo que el Tribunal Tributario no actuaba conforme a la Constitución, porque el poder de administrar justicia en esta materia en primera instancia le correspondía al director regional del SII y no a los tribunales creados en 1992, por decisión administrativa del entonces director del servicio. Constructora PY ganó esa batalla y el expediente volvió a la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2006. El caso continúa abierto y su último movimiento se registró el 27 de diciembre recién pasado. LND