MINISTRO DE JUSTICIA MANIFESTÓ QUE SE MEJORARÁ A MEDIDA QUE SEA IMPLEMENTADA
El próximo martes presentará en el Congreso junto con el panel de expertos, el diagnóstico final ante la Comisión mixta de Legislación, Constitución y Justicia de ambas cámaras.
Andrés López Vergara
A la salida del característico desayuno con los periodistas de los medios de comunicación que se realiza una vez al mes, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, declaró ayer que la reforma a la justicia juvenil partirá el próximo ocho de agosto con las condiciones básicas para su funcionamiento.
El ministro aseguró que esto se refiere a la infraestructura y ofertas programáticas para la reinserción de los menores.
“Vamos a seguir trabajando para aumentar la oferta y así enfrentar de mejor manera el aumento de las necesidades de la población penal adolescente. Hay que recordar que el espíritu de esta la rehabilitación de los jóvenes y no su reclusión”, dijo.
La nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil crea un marco jurídico nuevo que va desde los 14 a los 18 años de edad, los cuales serán juzgados sin exámenes de discernimiento y las penas será orientadas a su reinserción en la sociedad.
“No puedo ni voy a vender la idea de que el sistema va a funcionar mágicamente, perfectamente bien y va a rendir todos sus frutos desde el primer día, no ocurre así en las reformas de justicia”, declaró.
Los expertos
Para el próximo martes quedó presupuestada la entrega del informe final de la comisión de expertos que analiza los fundamentos de la nueva reforma. En estos días se han reunido en diversas ocasiones con la finalidad de que sus críticas logren el consenso de los parlamentarios y puedan ser integradas a la legislación.
La gran preocupación que poseen los especialistas es que no quieren tener sobre sus espaldas la responsabildad de haber apoyado una iniciativa y después aparecer como uno de los culpables de que este nuevo sistema haya colapsado, tal como sucedió con los Juzgados de Familia.
Con la finalidad de disminuir la presión, el ministro concurrirá a la comisión enfrentará las inquietudes de los parlamentarios. Esta presentación es crucial para el futuro de la reforma porque se evaluará hacer modificaciones a la reglamentación.
Para los expertos, las discrepancias surgen porque no está establecido claramente cuáles son las penas y faltas por las cuales serán juzgados los menores, ya que muchas decisiones quedarán a criterio del juez y no lo que se establece explícitamente en la ley.
El paro
Un nuevo dolor de cabeza suma el nuevo secretario de Estado luego de que un centro del Servicio de Nacional de Menores de Limache se fuera a paro por supuestas irregularidades contractuales y de seguridad.
Son alrededor de 70 funcionarios los que se manifiestan en dependencias del servicio, el cual deberá comenzar a funcionar apenas se ponga en marcha la reforma penal juvenil.
La mayor preocupación de los empleados es que Gendarmería sólo se restringe a la seguridad perimetral y no serán protegidos cuando estén trabajando con menores de alto riesgo social. A esto se suman las fallas estructurales del edificio, cables inmersos en el agua, murallas agrietadas, antes de comenzar a funcionar.
El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, denunció que hay falencias en los establecimientos de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Aysén. Es por esto que emplazó al gobierno que se trabaje en doble jornada y otorguen recursos extraordinarios.
Los otros temas pendientes
Al parecer la tarea dejada por el ex ministro de la cartera, Isidro Solís, no es nada de fácil, puesto que Maldonado deberá enfrentar la demora en la designación de jueces orales y de garantía.
Esta lentitud gatilló el año pasado que los ministros de la Corte Suprema enviaron una carta a la administración de justicia para evidenciar la falta de comunicación y la poca proactividad con la que habría actuado el saliente secretario de Estado.
Para resolver esta antigua pugna, Maldonado se reunirá con el ministerio de Hacienda para solucionar algunos problemas de presupuesto que afectarían la regularización de los cupos en la magistratura.
Otro punto que podría afectar al ministerio es la entrega del Centro de Justicia, edificación que ha sido rechazada en más de cinco oportunidades por el Poder Judicial, debido a que no está habilitada totalmente porque la constructora no habría efectuado los trabajos en los tiempos que corresponden.
Los ánimos podrían calentarse durante el año si es que el arbitraje que existe entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria española OHL no llega a buen término y las diferencias son llevadas a la justicia ordinaria.
Maldonado enfatizó que no aceptará que la construcción sea entregada con fallas o con algún problema que impida que los jueces no puedan realizar su trabajo.
