SECRETARIO GENERAL PARA LAS AMÉRICAS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DDHH:
K. Rodríguez y M. Salazar
La orden de arresto internacional que detiene a Alberto Fujimori en Chile abre las puertas a un caso inédito de justicia. “La opción de Fujimori de regresar por Chile pretendía aprovechar la coyuntura electoral de Perú y explotar las históricas fricciones diplomáticas de ambos países, por fronteras. En Chile, creía tener las garantías de no ser extraditado y pretendía crear una plataforma que le permitiera regresar al Perú, teniendo allí todavía algún apoyo político”. Así lo afirma Luis Guillermo Pérez, abogado, secretario general para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización no gubernamental con sede en París.
-¿Cuál ha sido la jurisprudencia del Estado chileno con respecto a la extradición en otros casos?
-No hay antecedentes en materia de extradición de esta naturaleza en Chile. El único caso parecido, en tanto ex jefe de Estado sería el de Carlos Menem por corrupción, cuya solicitud fue negada por la Corte en 2004. En este caso, estamos frente a obligaciones del Estado chileno en relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y de compromisos ante el sistema de protección interamericano, que adoptó una Convención contra la corrupción, que obliga la cooperación entre gobiernos para el avance de los procesos judiciales. El mayor número de procesos probados e irrefutables contra Fujimori son por corrupción, pero están también los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Más de 2.113 casos de desaparición o asesinato durante la década de gobierno de Fujimori fueron documentados por la Comisión de la Verdad.
-¿Qué expectativas tiene la FIDH ante esta decisión? Aunque el clima parece favorable a la extradición, ¿habría factores políticos que podrían entrar en juego?
-Nuestra esperanza es que la justicia chilena falle en consecuencia, que Fujimori sea extraditado por crímenes de DD. HH que son imprescriptibles, como la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. La comunidad internacional ha interiorizado que Fujimori es un corrupto y un criminal. No hay nada que permita imaginar que la Corte pueda fallar en contra de la extradición. Sin embargo, no ignoramos los factores económicos y políticos que están en juego. Hay grandes inversiones de Chile en Perú. La apreciación que tienen las organizaciones de DDHH del Perú es que a muchos les conviene que no haya fallo; también hay preocupación por una posible fuga del ex gobernante al Japón. Pero hay tantos testimonios contra él, tantos cargos y pruebas por corrupción, malversación de fondos, crímenes de lesa humanidad, que para el Japón sería una vergüenza recibirlo de nuevo. Para el Gobierno chileno resultaría incómodo tener a Fujimori, y no contribuir adecuadamente a resolver la solicitud de extradición dañaría su imagen internacional.
