LE MONDE, DERECHOS EXCLUSIVOS PARA LA NACIÓN
Parece que incluso la radio, la televisión y el resto de la prensa son en gran medida tributarias, tanto en la cobertura de la información política como en los comentarios, de los temas y las contribuciones aportadas por ese periodismo “de análisis”.
Juergen Habermas
Hace tres semanas, la sección económica de “Die Zeit” trataba de asustar a sus lectores con este titular: “¿Se subasta el cuarto poder?”. La causa era una noticia sobre el destino incierto de la “Sueddeutsche Zeitung”, tras conocerse que la mayoría de sus accionistas quiere dejar el diario. Si llegara a verificarse, uno de los dos mejores periódicos “nacionales” alemanes pasará a inversionistas financieros, de conglomerados mediáticos cotizados en bolsa o de una gran empresa periodística. Otros dirán: así es el negocio, ¿por qué alarmarse si los propietarios, en uso de su derecho, ceden por una razón u otra su parte en la empresa?
La crisis de la prensa diaria empezó a inicios de 2002 por el desplome del mercado publicitario; desde entonces, había sido superada por la “Sueddeutsche Zeitung” así como por otras publicaciones similares. Las familias que desean vender el diario, y que disponen de más de 62,5% de las acciones, escogen, por tanto, un buen momento. Pese a la competencia electrónica y al cambio de los hábitos de lectura, las ganancias van en alza. Independientemente de la actual recuperación económica, estas ganancias se deben, en lo esencial, a medidas de racionalización que influyen sobre el nivel de prestaciones y la libertad de acción de las redacciones.
La semana pasada, “Die Zeit” volvía al tema, al referirse a “la lucha de la administración financiera de Wall Street contra la prensa estadounidense”. ¿Qué se esconde detrás de semejantes titulares? Evidentemente, el miedo a que los mercados en los que deben imponerse las empresas periodísticas nacionales no estén adaptados para la doble función que hasta hoy tiene la prensa de calidad: satisfacer la demanda de información y de cultura y, al mismo tiempo, ser suficientemente rentable. ¿Las ganancias no significan entonces que las empresas periodísticas -que se sometieron a “sanas medidas de adelgazamiento”- satisfagan mejor a los consumidores? ¿Acaso la prensa puede, so pretexto de “calidad”, cercenar la libertad de elección de sus lectores? ¿Puede la prensa imponer a sus lectores lacónicas reseñas en vez de darles información-espectáculo?
Esta disputa sobre el carácter de mercancías de la cultura o la información recuerda el lema que dio la vuelta a EEUU cuando en ese país apareció la televisión: se decía que ese medio era una simple “tostadora” de imágenes. Eso, por supuesto, quería decir que la producción y consumo de programas de televisión sólo podían ser, sin duda, competencia del mercado. Desde entonces, las empresas de prensa y comunicación producen programas para los espectadores y venden los datos de audiencia a las compañías publicitarias que se los solicitan.
Este principio, por mucho que su introducción se haya generalizado, ha tenido el mismo efecto sobre la esfera político-cultural que una granizada sobre un campo de maíz. El sistema audiovisual “dual” trata de reducir tales estragos. En todo caso, las leyes regionales alemanas sobre medios de comunicación, los juicios de la Corte Constitucional relacionados con el tema y los principios de programación de las instituciones públicas reflejan, todos, una concepción según la cual los medios masivos electrónicos no deben sólo cubrir necesidades de diversión y entretenimiento de los consumidores (necesidades fácilmente comercializables). El público no es sólo consumidor y, en consecuencia, utilizador del mercado; está compuesto por ciudadanos que gozan del derecho de la participación cultural, del acceso al evento político y del derecho de participar en la formación de opinión. Sobre la base de esta exigencia, los programas que garantizan a la población este “plato de fondo” no se pueden hacer depender de la eficacia publicitaria ni de los patrocinadores.
De hecho, la regalía, que autoriza el financiamiento de estos programas de fondo y que es resultado de una decisión política, debe incluso estar a salvo de los altibajos de la coyuntura económica en forma semejante a los presupuestos regionales. El derecho público ha implementado un bellísimo dispositivo que permite enmarcar los medios electrónicos. Este dispositivo, ¿no podría, llegado el caso, constituir un ejemplo para la organización de la prensa escrita “seria”? Estudios realizados en ciencias de la comunicación exponen algo interesante: la prensa de calidad desempeñaría, al menos en la comunicación política -por tanto, para los lectores como ciudadanos- el papel de “medio de comunicación rector”. Parece que incluso la radio, la televisión y el resto de la prensa son en gran medida tributarias, tanto en la cobertura de la información política como en los comentarios, de los temas y las contribuciones aportadas por ese periodismo “de análisis”.
Imaginemos la siguiente hipótesis: algunas de estas redacciones caen bajo la tutela de inversionistas financieros que sólo buscan las ganancias rápidas planificadas en plazos inapropiados. Cuando los cambios de organización y las economías puestas en práctica en este terreno, a la vez sensible y central, ponen en peligro los criterios del periodismo al uso, es la esfera política pública la que recibe la estocada mortal. Sin el torrente de informaciones -cuya búsqueda puede resultar costosa- y sin retomar esta información con argumentos expertos -de costo elevado-, la comunicación pública pierde su vitalidad. La esfera pública corre el peligro de no estar en condiciones de resistir a las tendencias populistas o de cumplir la función que le corresponde en un Estado democrático de derecho.
