El país debe elegir qué tipo de libertad de televisión quiere, cuando es inminente una decisión gubernamental sobre el nuevo estándar de transmisión digital, que mandará al depósito de la basura a millones de los actuales televisores hogareños.
Camilo Taufic
Es un hecho que, a estas alturas de las turbulencias del mundo, la única libertad de prensa que importa es la libertad de televisión. Sólo ella desata el interés apasionado de la opinión pública en torno al tema, por todo lo que implica en cuanto a contenido de las emisiones, influencia determinante sobre millones y millones de personas, y los límites de responsabilidad que implica su ejercicio. De ahí la resonancia internacional que ha tenido la clausura de RCTV por el Mandatario venezolano, Hugo Chávez.
El argumento jurídico utilizado (el fin de la concesión legal decretada por el Estado hasta una fecha X, fijada con años de antelación) es inobjetable, pero está teñido por las motivaciones políticas del Presidente llanero, que aprovechó el término del plazo para taparle la boca a un pertinaz medio opositor, de una manera que envidiaría San Expedito.
Dejando de lado los argumentos esgrimidos por Chávez o sus adversarios para justificar o condenar el cierre de un canal de televisión de amplia audiencia, hay que dejar constancia que decisiones semejantes se han adoptado muy recientemente -sin ninguna repercusión internacional-, en Perú (abril 2007, clausura de dos canales de TV y tres radios por incumplimiento de la ley de concesiones, licencias vencidas y utilización de equipos no homologados), Uruguay (2006), España (2004), Canadá, EEUU, Francia (2004, 2005), Irlanda, y en la propia Inglaterra de Margaret Thatcher, hace ya tres décadas.
Lo que está en juego aquí -y el caso venezolano es sólo una referencia puntual al respecto- son los límites a la libertad absoluta de los canales de televisión que puede imponer la sociedad democrática.
En primer lugar, porque usufructúan de un espacio radioeléctrico físicamente limitado, que en Chile no permite más de siete estaciones de TV abierta, dentro de la tecnología en uso. (Posible ampliación trascendental ad portas, con la televisión digital). Y en segundo lugar, porque este poderosísimo medio audiovisual permite desplegar -en horas- campañas de “terrorismo mediático” que ningún Gobierno medianamente avispado toleraría, como la llevada a cabo en Chile para provocar el caos en los servicios del Metro, luego que se iniciara el Transantiago.
Es de profunda ignorancia creer que el sistema estadounidense -aplicado en toda América Latina-, de no regulación expresa y taxativa, es el único existente, o que el mismo funciona sin fisuras. Los países democráticos europeos han aplicado desde los ’30 del siglo pasado, sin excepción, un férreo control sobre la radio y la TV, reservando incluso para el Estado exclusivamente alguno de ellos, o ambos a la vez, durante largas etapas históricas, como en Inglaterra, Italia o Francia.
Ningún canal de la televisión norteamericana -nunca- había mostrado imágenes de soldados de los EEUU heridos o muertos en combate en la actual guerra de Irak... hasta hace dos semanas. Increíble, pero cierto. Lo más difícil de entender es que nadie se haya manifestado sorprendido por semejante prueba de censura y evidente control estatal a fondo, en el seno del sistema más “libre” del mercado televisivo global. Chile tiene la oportunidad en estos momentos de elegir qué tipo de libertad de televisión quiere, cuando es inminente una decisión gubernamental sobre el estándar técnico del soporte digital a adoptarse en el país, que reemplazará al actual (de televisión analógica), y mandará al depósito de la basura a millones de los aparatos hogareños en uso en la actualidad, en un plazo de cinco años, porque el viejo y el nuevo sistema son incompatibles.
La alternativa es: o se adopta el sistema europeo DVB-T, que permite transmitir, por cada señal de la televisión abierta actual, a cinco canales de 525 líneas (hasta un total de 35); o se decide por el sistema (técnico) norteamericano, ATSC, que mantendría en las mismas manos las concesiones y cantidad de canales existentes, aunque con una calidad de imagen superior -1.025 líneas-, pero reforzando la exclusión ideológica y regional tan criticada en la actualidad.
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet decidirá, pero el Congreso tiene la oportunidad de dotar al país de una legislación regulatoria adecuada para el nuevo medio que lavará nuestras mentes durante los próximos 40 ó 50 años.
