El ministro en visita Claudio Pavez denunció un pacto de silencio entre los militares involucrados en el homicidio del ex coronel del Ejército, Gerardo Huber, que entorpeció el curso de la investigación sobre el autor material del delito.

“Hay indicios indirectos muy difíciles de probar, pero que alguien dijera que fulano es responsable no pasó nunca. Se nota que existe un pacto de silencio. Siempre tengo esperanzas en la justicia y que la verdad florezca”, señaló.

El magistrado cerró ayer el sumario del caso y podrá dictar acusación por asociación ilícita contra el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector de la DINE, general (R) Víctor Lizárraga Arias; el ex jefe de la Dirección de Logística, general (R) Carlos Krumm; el otrora jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, Manuel Provis y el coronel (R) amigo personal de Huber, Julio Muñoz.

“Una es que se asocien ilícitamente para perpetrar delito y otra es que éste haya ocurrido. Ahora aquí hay un crimen que ocurrió consecuencia de una asociación ilícita de tal manera que es claro que existe ese delito en la investigación”, dijo el magistrado.

El abogado querellante de la familia Huber, Ciro Colombara, y la viuda del asesinado oficial, Adriana Polloni, señalaron que van a pedir la reapertura del caso ante los tribunales superiores.

En diciembre de 1991 Gerardo Huber se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron descubiertos en Budapest, Hungría, y que determinaron en Chile la apertura de un sumario.

Tres meses después el cuerpo del oficial apareció en el lecho del Río Maipo con el cráneo destrozado. La causa estuvo caratulada durante 13 años como suicidio hasta que el ministro la cambió a homicidio calificado pocas semanas después asumir el caso.

PGE: Fiscalía fija para agosto petición de desafuero de Laura Soto

La Fiscalía de Valparaíso puso fecha a la petición de desafuero que presentará contra la diputada PPD Laura Soto ante la Corte de Apelaciones porteña. El Ministerio Público busca despojarla de sus privilegios parlamentarios para investigarla por su presunta participación en el desvío hacia campañas políticas de fondos destinados originalmente a los planes de generación de empleo (PGE).

Para la segunda semana de agosto quedó agendada la presentación, si el tribunal de alzada desafuera a la parlamentaria el fiscal regional Jorge Abbott podría formular cargos en su contra por fraude al fisco. El mismo procedimiento se seguirá en el caso del diputado del mismo partido, Rodrigo González.

Así lo informó ayer el abogado querellante Vladimir Moncada, que representa al senador UDI Jorge Arancibia, después de reunirse con el fiscal, según publicó “La Segunda”.

Ambos legisladores se han negado a ser formalizados hasta que un tribunal no los despoje de su fuero. Además, en esa misma fecha comenzarían a cerrarse las primeras aristas del caso PGE. Para el 16 de agosto está agendado el término de la investigación de San Fernando y Quillota.