Por Javier Rebolledo y Luis Narváez
Eran cerca de las diez de la mañana y los primeros medios de comunicación en reaccionar a la noticia de la captura del general (R) Raúl Iturriaga Neumann esperaban afuera del cuartel Borgoño la llegada a Santiago del grupo que lo traía desde Viña del Mar. La primera autoridad policial informada del hecho y que llegó hasta el lugar fue Rafael Castillo, el prefecto inspector encargado de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales (Jenacoyae) que esperaba la llegada del equipo de la Brigada de Derechos Humanos dependiente de su jefatura, encargado del operativo de captura de Iturriaga. La ansiedad de los medios de prensa no se hizo esperar, porque de inmediato le hicieron peguntas a Castillo. Entre sus afirmaciones, destacó la tranquilidad con que se llevó a cabo el operativo y que era evidente que personal en retiro del Ejército había colaborado con el prófugo. Minutos más tarde el periodista policial de Mega, Carlos López, intentó hacerle otra consulta en vivo, pero antes de que la cámara lo enfocara, una mano tomó el brazo de Castillo y lo alejó del lugar. Era el jefe del Departamento de Comunicaciones de la policía civil, Jaime Méndez, quien venía recién llegando. Aunque se trata de un subprefecto y por ende de un funcionario dos grados inferior a Castillo, lo llevó al interior del cuartel y le pidió que se abstuviera de hacer declaraciones. Minutos más tarde, el director nacional Arturo Herrera y el subdirector operativo, René Castellón, aparecieron junto al subsecretario del Interior, Felipe Harboe, para informar oficialmente sobre la operación de captura y recibir los créditos del caso.
Cuando Arturo Herrera eligió a Rafael Castillo como padrino de uno de sus hijos nunca pensó que su estrecha amistad un día terminaría mal. El actual director de la Policía de Investigaciones y la autoridad de la Jenacoyae rompieron vínculos el 2005. Este quiebre, sumado a otros antecedentes que han generado preocupación en el Ejecutivo, está a punto de costarle el puesto a Herrera. El Gobierno ha comenzado la búsqueda de un nuevo jefe policial.
Altas fuentes de La Moneda aseguran que el cambio en el alto mando institucional se produciría entre los meses de noviembre y diciembre, es decir 18 meses antes de que el actual director termine su mandato oficial. Según información recogida por LND, los asesores de la Presidenta Michelle Bachelet, tanto en Palacio como en Defensa, han confeccionado carpetas de cuatro prefectos inspectores (equivalente a general en las FFAA) candidatos a reemplazar a Herrera. Por orden de antigüedad, estos serían: el actual subdirector operativo, René Castellón (numero 3); el propio Rafael Castillo (número 5); el jefe de Educación Policial y director de la escuela institucional, Héctor Soto (número 9) y, por último, un cuarto hombre cuya identidad se maneja reservadamente.
Hasta ahora los candidatos que más suenan al interior de Investigaciones son Castellón y Castillo. Esencialmente porque este último, que ha sido marginado por el actual director nacional, tiene a su favor el esclarecimiento de la gran mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura (ver recuadro). Por otro lado, Castellón, con una sobresaliente trayectoria en el combate al narcotráfico cuenta con el apoyo del propio Herrera, quien al darle protagonismo mediático lo ha levantado como su "delfín" natural. Esta situación quedó públicamente en evidencia cuando Castellón asumió la vocería de los emblemáticos éxitos que la policía civil se ha anotado en el último tiempo: las detenciones de Rafael Maureira, alias "Zacarach"; de Israel Humberto Salazar, el "Isra", y, la reciente captura del general (R) Iturriaga. Si bien cada uno de estos casos fue resuelto por agentes bajo el mando directo de Castillo, Castellón ha aparecido frente a cámaras y micrófonos. Cuando se le ha consultado por la importancia de Castillo en dichas operaciones, le ha bajado el perfil señalando que se trata de un prefecto inspector más que no ha tenido participación en las acciones nombradas.
Pero el episodio ante las cámaras a propósito de la captura de Iturriaga es el último de una seguidilla de conflictos y diferencias irreconciliables entre Castillo, el hombre de los derechos humanos, y el director nacional, Arturo Herrera.
La ruptura
El motivo del quiebre entre Arturo Herrera y Rafael Castillo está en un juicio sobre violaciones de los derechos humanos sustanciado por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. Hace más de un año se hizo cargo, en la II Región, de un proceso que tiene por las cuerdas a un general en retiro del Ejército, Miguel Trincado.
La jueza investiga el episodio de la Operación Retiro de Televisores, ocurrido en Calama en 1978, que consistió en la remoción de osamentas de víctimas la represión. Trincado era teniente y jefe de la segunda sección de Inteligencia del Regimiento de Calama y, según diversos testigos, habría participado activamente en la exhumación ilegal de 26 ejecutados políticos. Los cadáveres fueron llevados hasta la Base Aérea de Cerro Moreno, subidos a un avión y luego lanzados al mar.
Al momento de conocerse los resultados de la investigación, efectuada por la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES, al mando de Rafael Castillo), en 2005, Trincado estaba en servicio activo: era jefe de plaza de Santiago y siendo una de las mayores antigüedades del Ejército tenía posibilidades de ascender a comandante en jefe de la institución. Sin embargo, su situación judicial fue conocida por La Moneda y el 15 de octubre de 2006, el militar fue llamado a retiro.
Pero no fue la única información tomada en consideración para sacarlo del Ejército. El tribunal fue informado que en octubre de 2005 detectives de la BAES habrían sido presionados por Arturo Herrera, a través de su jefe de gabinete, Claudio Preller Pinochet, para alterar el informe policial que estos habían elaborado para el tribunal. En él se establecía la presunta responsabilidad de Trincado en los hechos de 1978.
Durante ese tenso período, los abogados querellantes del caso, Eduardo Contreras y Hugo Gutiérrez, solicitaron la dimisión de Herrera, dadas las acusaciones en su contra. Posteriormente, el programa de DDHH del Ministerio del Interior solicitó varias veces al tribunal que investigara la situación.
Apoyados por Rafael Castillo, los comisarios a cargo de las diligencias, Sandro Gaete (el mismo que lideró el equipo que capturó a Iturriaga) y Abel Lizama, nunca cedieron a las presuntas presiones y enviaron el informe original al tribunal. Hasta ahora, sin embargo, Trincado a pesar de haber sido ya interrogado por la jueza aún no ha sido procesado ni detenido.
En todo caso, la magistrada decidió abrir un cuaderno separado para indagar el tema. Ya tomó declaración a un periodista y despachó citaciones a los detectives de la BAES. Consultada por LND, la jueza Pinto dijo que por ahora no tiene planificado tomar declaración a Herrera, pero no lo descartó para el futuro.
Paralelamente a que Trincado fue llamado a retiro, Herrera no incluyó a Castillo en la propuesta del alto mando institucional para el 2007. Formalmente argumentó los años de servicio excedidos por el prefecto inspector y la necesidad de renovar el alto mando.
El llamado a retiro de Castillo debió haberse concretado entre noviembre y diciembre del año pasado. Sin embrago, los meses pasaron. El resto de las FFAA y Carabineros tenían ya sus altos mandos conformados, pero aún faltaba la policía civil. Recién en marzo de este año, la Presidenta Bachelet tomó una decisión inédita en los últimos 17 años de democracia: rechazó la propuesta de Herrera y lo obligó a mantener a Castillo al mando de la Jenacoyae y, por ende, de la investigación de las violaciones de los derechos humanos.
Pero Herrera no sólo intentó sacar a Castillo de la institución, sino también arremetió contra el comisario Sandro Gaete, que encabezaba la BAES. El oficial es uno de los cercanos de Castillo y tras terminar un curso en la Academia Superior, en 2006, en vez de reasumir su cargo a la cabeza de la brigada, fue enviado a la Bricrim de Conchalí. Es decir, alejado de su especialidad. Sin embargo, una vez que Castillo fue confirmado en su cargo por la Mandataria, Gaete retomó sus funciones, pero sólo como subjefe. En una nueva jugada de poder, Herrera puso a cargo de la BAES a un subprefecto, más antiguo, con experiencia en DDHH, conocido de Castillo y Gaete: José Cabión. Lo mismo fue ocurriendo con el resto de las unidades dependientes de la jefatura de Castillo: Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado (BRICO, que capturó al "Isra"), Brigada de Asuntos Especiales y DDHH (BAES, que capturó a Iturriaga), Brigada Investigaciones Policiales Especiales(BIPE, que hace pocos días decomisó más de 20 kilos de cocaína), Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP, que capturó a Zacarach) y la Brigada Investigadora de Delitos Mediombientales y Patrimonio Cultural (Bridema, a cargo de los casos de contaminación de los ríos Valdivia y Mataquito).
Lujos cuestionados
La administración de Arturo Herrera también ha generado conflicto por algunas de sus decisiones que han comprometido el manejo de recursos financieros de la institución, lo que llevó a que la Contraloría General de la República realizara una investigación a comienzos de 2006.
Una de las razones por la que ésta intervino fue la adquisición, en noviembre de 2005, de dos lujosos vehículos ordenada por Herrera. La institución desembolsó más de 150 millones de pesos en esa operación, que no habría cumplido con el trámite de toma de razón de la Contraloría.
Cuando Herrera asumió el mando, tras la renuncia de Nelson Mery, estimó que debía cambiar el vehículo que durante los últimos seis años utilizó su antecesor, un BMW. La empresa Williamson Balfour, representante de la fábrica alemana en Chile, exhibió privadamente al director un catálogo con los últimos modelos. De acuerdo con los requerimientos planteados por Herrera, se acordó un modelo que debía ser traído especialmente de Europa, ya que no existía en el mercado nacional disponibilidad de automóvil de esas características. Dentro de las especificaciones, se insistió en el tipo de tapiz, elementos electrónicos de última generación, blindaje parcial y una caja para armamentos.
Según los antecedentes recogidos por este diario, el modelo enviado no fue del gusto del recién asumido director, lo que implicó que Williamson Balfour tuviera que importar un modelo más grande y, por ende, más oneroso.
Con el presupuesto anual ajustado con que cuenta Investigaciones, el tema causó molestia a nivel gubernamental al punto de que se pidieron explicaciones sobre el tema. Trascendió que Herrera respondió que la inversión era parte de la renovación del parque automotor de la institución. La explicación no satisfizo, considerando que otras altas autoridades (ministros y jueces de la Suprema) usan vehículos menos onerosos.
Otro hecho que causa molestia es que el director nacional y su familia, teniendo una casa institucional, no quiso hacer uso de dicha propiedad. Inicialmente se argumentó que el inmueble oficial, ubicado en calle Juan de Austria, aún permanecía ocupado por el saliente Nelson Mery. Por ley, el ex director pudo haberla habitado hasta siete meses después de su dimisión, pero éste la dejó antes de los tres meses. Dicha propiedad contaba con toda la infraestructura de seguridad pertinente.
En el intertanto, Herrera ordenó la búsqueda de una casa de preferencia en La Dehesa o Las Condes. Finalmente, aceptó una ubicada en el exclusivo sector de Los Dominicos, en Camino Mirasol Nº 2458, de 700 metros construidos, con amplios jardines y piscina. Trascendió que el precio de arriendo acordado supera el millón y medio de pesos mensual. Según fuentes de Investigaciones, el arriendo está a cargo de la institución y aunque se instaló en ese lugar en 2004, recién en enero de 2006 se le asignó la calidad de "Cuartel". Documentos internos que circulan en la policía civil, todos con carácter de "secreto", se refieren al "Cuartel Los Domínicos" como el "lugar de residencia del señor Director Nacional".
La designación de cuartel está dentro de las facultades del director nacional y entre otras implicancias permite mantener una dotación de funcionarios las 24 horas del día con tecnología de seguridad de punta y armamentos. También el carácter de cuartel permite que estos gastos sean cubiertos por la institución.
Los candidatos
En La Moneda las preferencias para reemplazar a Herrera están divididas. Castellón cuenta con el apoyo de la dirección nacional y en el Gobierno uno de sus principales "patrocinadores" sería el actual subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete.
En 2006, el virtual nombramiento de Castellón como director de la policía civil fue visto por personeros de Gobierno como una especie de "solución salomónica" para no inclinarse a favor de Herrera ni de Castillo.
Pero en el último tiempo el favoritismo de Herrera por Castellón no necesariamente ha jugado a su favor. Castillo cuenta con el apoyo del mundo relacionado con la defensa de los derechos humanos, algunos personeros del Gobierno y parlamentarios. Su nombre también ha encontrado buena acogida en sectores de la oposición. Sin embargo, la fricción generada entre los dos hombres fuertes de Investigaciones ha hecho que entren en este puzzle policial otras dos cartas que generarían mayor consenso y aceptación para esta institución clave en el combate contra el crimen. LND
