El senador de Magallanes, Pedro Muñoz, presentó una moción que obliga al Estado de Chile a reconocer oficialmente el exterminio organizado en siglos pasados en contra de las etnias australes Ona y Tehuelche.

El parlamentario señaló que estos indígenas, originarios de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Patagonia continental, respectivamente, fueron víctimas del afán colonizador a fines del siglo XIX y principios del XX que percibió  en la ganadería el principal sustento económico de la región, en abierta contradicción con los medios ancestrales de subsistencia de los mencionados pueblos.

Asimismo, el legislador recordó que las costumbres cazadoras de estas etnias provocaron todo tipo de acciones, todas ampliamente documentadas en registros gráficos y escritos,  destinadas al exterminio físico y a la negación de su patrimonio cultural, lingüístico y religioso . 

Por ello urge, a juicio del parlamentario, el reconocimiento oficial de estos hechos junto a una serie de medidas que honren la memoria de estas malogradas culturas que se encuentran extintas en su forma pura desde hace varias décadas .

Muñoz indicó que ello se fundamenta en las conclusiones de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, encargada bajo la administración del ex presidente Ricardo Lagos, en cuanto a honrar públicamente desde la más alta investidura del Estado a las etnias originarias que sufrieron las consecuencias de la colonización.

La moción- que ya se encuentra en la Comisión de Educación del Senado para su discusión legislativa- también contempla la construcción de dos memoriales, uno en Santiago y otro en la ciudad de Porvenir en Tierra del Fuego en base a colectas públicas según las condiciones que indica la comisión, a constituirse ad honores, para ejecutar los objetivos de la ley.  

Según iniciativa presentada por el senador magallánico, la comisión especial estaría constituida por dos parlamentarios por cada rama del poder legislativo y representantes de las alcaldías de Santiago y Porvenir, junto a representantes del Ministerio de Vivienda, Consejo de Monumentos Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (Conadi).