Un proyecto de acuerdo en el que se solicita al gobierno la creación a la brevedad de oficinas regionales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas, presentó el diputado Juan Bustos.

El parlamentario sostuvo que en Chile el 95,6% de la población del país es atendida, "en un servicio básico como es el consumo de agua potable, por empresas privadas que se constituyeron a partir de la privatización del sector sanitario, prestando además servicios conexos, tan importantes para la ciudadanía, como es el servicio de alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas".

La iniciativa ingresada a la Cámara Baja sostiene que la principal carencia que aún se observa, es casi la nula fiscalización que ejerce la Superintendencia de Servicios Sanitarios a las empresas concesionarias en aquellas regiones donde no existe la presencia física del ente fiscalizador.

Bustos sostiene que lo anterior ha llevado "a que se produzca una situación de indefensión y desmedro de la población ante las empresas prestadoras de servicios, puesto que no hay una respuesta, ni tampoco solución inmediata a la demanda de la población afectada".

"Si los usuarios de los servicios sanitarios en la V Región quieren presentar un reclamo por abusos o fallas, deben ir a Santiago a cumplir con el trámite. No hay una delegación de la superintendencia. No hay duda que en la región de Valparaíso es muy populosa, con  grandes problemas en esta materia, y sin embargo, los usuarios no cuentan  con el servicio de protección y fiscalización correspondiente", dijo el diputado Bustos.

El proyecto de acuerdo precisa que "en muchos casos, la fiscalización se realiza mayoritariamente en forma centralizada desde Santiago y se basa en información proporcionada por las propias empresas, lo que evidentemente distorsiona la función fiscalizadora".

"Los parlamentarios de regiones, permanentemente, estamos recibiendo quejas y reclamos de la comunidad, por situaciones que le afectan en cuanto a la calidad del servicio, tarifas, problemas ambientales, corte del suministro, etc. En consecuencia, es necesaria una fiscalización ágil, eficiente y en terreno, de estos servicios monopólicos, para asegurar que los derechos de los usuarios sean respetados", recalca la iniciativa.

Cabe consignar que la superintendencia sólo cuenta con oficinas regionales en las ciudades de La Serena, Talca, Concepción, Temuco y Puerto Montt.