Una demanda por acceso a información pública presentó la clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en contra del ministerio del Interior, debido a la no entrega de información de interés público relativa a la situación de inmigrantes y refugiados en el país.

Los datos requeridos habían sido solicitados al Departamento de Extranjería e Inmigración de la mencionada cartera para el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2007 de la UDP.  

El libelo estampado ante el 26 Juzgado Civil de Santiago, fue interpuesto por el abogado Carlos Pizarro, en representación del Centro de Derechos Humanos del plantel académico, que dentro del documento presentado la semana pasada, incluyó por primera vez un capítulo especial sobre la situación de los ciudadanos extranjeros que han llegado a Chile en busca de mejores expectativas.

En el marco de dicha investigación, expone el documento,  se solicitó información en dos oportunidades - mediante presentaciones escritas de fechas 1 de junio y 19 de julio del presente año -  a la sección del Departamento de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería, y al Departamento de Extranjería y Migración, ambos del ministerio del Interior.

Los antecedentes requeridos se referían a información estadística relacionada con el número de inmigrantes - en situación regular e irregular - existentes en Chile a diciembre de 2006, con distinción de país de origen, sexo y edad; así como cantidad de solicitudes de permanencia definitiva a esa misma fecha y de acuerdo a idénticas distinciones.

También se solicitó información acerca de posibles iniciativas legales en materia de extranjería en las cuales el gobierno esté trabajando, e información acerca de formas de participación de la sociedad civil en dichos proyectos. En materia de refugiados, se solicitó información similar sobre número a diciembre de 2006, considerando las mismas distinciones (país de origen, sexo y edad), así como de las solicitudes de asilo y su resultado.

Los cuerpos legales invocados en la demanda fueron el artículo 19 de la Constitución, la Convención Americana de DDHH y la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece un plazo de 48 horas para la entrega de la información, o en su defecto la denegación de la misma con límites de fundamento y justificación en el marco de la ley. Hasta le fecha, el Centro de DDHH de la  Universidad Diego Portales no ha recibido respuesta a su petición por parte del Ministerio del Interior.

Un problema similar tuvo la UDP con Gendarmería al realizar su investigación para el capítulo de condiciones carcelarias de los Informes de DDHH 2005 y 2006.