Mediante un recurso de nulidad la defensa de la familia del asesinado general (r) Carlos Prats busca impedir que siga vigente la libertad condicional concedida en Argentina al ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, único condenado por el atentado que costó la vida al ex comandante en jefe del Ejército y su mujer, Sofía Cuthbert, en la ciudad de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

La abogada Pamela Pereira expicó que el trámite le fue encomendado al jurista Alejandro Carrió, encargado de la defensa en el vecino país.

La profesional indicó que la decisión se adoptó tras analizar los alcances en la legislación local y trasandina del privilegio concedido por el juez del Tribunal de Justicia de Ejecución Penal, Axel Torres.

Pamela Pereira dijo que de esta forma se busca revocar el beneficio entregado en agosto pasado al ex agente favorecido por una norma conocida como el "2x1", que permite salir antes de tiempo impuesto a los internos que tardaron más de dos años en ser condenados.

En Argentina,  el reo enfrenta una pena de presidio perpetuo por el crimen de Prats y 12 años de cárcel por el secuestro de las chilenas Laura Elgueta y Sonia Díaz en hechos acontecido en 1977, cuando ambas estaban exiliadas.

Arancibia fue detenido en 1996, y tras enfrentar los juicios en los que se encuentra imputado, alcanzó a estar 11 años preso en el Escuadrón de la Gendarmería Nacional.  

La abogada sostuvo que hubo un error al considerar dentro del cálculo procesal el tiempo en que Arancibia estuvo bajo arresto preventivo y el lapso que pasó desde la sentencia hasta la condena definitiva en el caso de las estudiantes chilenas.

Arancibia llegó a Argentina en 1971, huyendo de la justicia chilena por un proceso pendiente en su contra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, tras ser acusado de haber puesto artefactos explosivos después de la elección de Salvador Allende.