En efecto, esto es lo que la Presidenta Michelle Bachelet parece querer recordarnos cuando, en aras de lograr "el máximo de calidad para los que no pueden elegir", dice encontrarse disponible para reducir su propuesta de acotar la selección a un cambio de estructura del sistema escolar. Esto plantea un doble desafío; primero para el Gobierno, que se debe esforzar por definir una estrategia de argumentación empírica y valórica destinada a ofrecer a los ciudadanos las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, argüir, explicar y también replicar a la derecha en sus razones de convertir la selección en la principal ruta a la excelencia académica.

Si se comunican de forma oportuna y persuasiva las razones de estas decisiones, los acuerdos que se logren no serán vistos como arreglos de intereses que sólo satisfacen metas políticas y demandas sectoriales. Pero también es un desafío para la oposición, que debe entender que lo que se le pide al Gobierno también le es exigible; es decir, debe ser transparente al plantear sus posiciones, en especial cuando éstas constituyen verdaderos vetos a la mayoría política expresada en el Congreso. La Presidenta es realista y consciente de que su Gobierno tiene límites legales, políticos e informativos y que la oposición condiciona sus actos que, por lo demás, es propio de los regímenes democráticos.

Debemos aprovechar este momento. Es la oportunidad para consolidar el núcleo de lo que hemos venido construyendo en la última década en materia educacional y ser capaces de valorar tanto aquello que ha significado un aporte a la construcción de un país más tolerante y democrático como los aportes al crecimiento económico de este tiempo. Hacer esta distinción otorgará estabilidad a las políticas educativas que han permitido avanzar. Luego, abordaremos los aspectos periféricos, aquellos programas que necesariamente deben acomodarse a condiciones económicas, sociales y políticas siempre cambiantes. Así como el país tiene derecho a la estabilidad, los gobiernos tienen el poder de hacer los cambios que requieran para la implementación de las políticas que ofertaron y por las cuales la ciudadanía los votó.

Cuando esto no se entiende, lo que predomina en el debate público son las teorías tipo "desalojo" que son la raíz de los cambios traumáticos de los que la experiencia política del país y la región bien saben. Si somos capaces de identificar y afirmar un consenso sobre los aspectos básicos de nuestro sistema escolar, bien podremos hacer los cambios necesarios para perfeccionarlo.

En el ámbito de la institucionalidad para aspirar a una educación de calidad para todos, me atrevo a proponer el perfeccionamiento de la descentralización iniciada en la década de los 80 y otorgar la autonomía a los gobiernos locales en materias de gestión escolar, garantizando su financiamiento y generando mecanismos de apoyo para el equipamiento técnico de los municipios. Éstos necesitan mayores atribuciones administrativas, tanto en los ámbitos de los recursos financieros como de personal para que puedan asumir la responsabilidad que se les atribuye por los resultados de los aprendizajes de los estudiantes de los colegios que administran; así como también responsabilizarlos de la supervisión técnico-pedagógica de los mismos. Todos los sistemas escolares exitosos tienen un mando único: es la forma que permite generar un ambiente de mayor responsabilización y una exigencia ciudadana permanente por la calidad. Mantener la situación actual, sólo genera confusión en los directivos escolares y una ambigüedad que paraliza las innovaciones y la creatividad.

Los municipios, como todo empleador, necesitan evaluar a sus docentes y actuar en consecuencia. ¿Cómo pueden comprender los padres que los profesores de sus hijos en los colegios municipales son examinados por consultores externos que han visto una vez cada cinco años cómo trabajan? Sólo con más autonomía se puede tener más responsabilidad. Pero también el Ministerio de Educación que necesitamos para el siglo XXI no es el que llevó la cultura y los valores nacionales a cada rincón del país en el XIX; son las familias y los propios estudiantes los depositarios del control efectivo de la calidad de la educación que imparten los establecimientos escolares, para lo que sólo requieren información adecuada del desempeño de los directivos, de los docentes de sus hijos y de los administradores locales para tomar las decisiones efectivas.

Necesitamos un Estado orientador, evaluador y compensador. No un aparato atropellador, con discursos difusos y con funcionarios sin convicción, que se evalúa a sí mismo y es incapaz de generar el conocimiento para ofrecer los apoyos adecuados. Requerimos una institucionalidad que promueva y genere ambientes de cooperación y confianza entre los actores y no que exacerbe la competencia y cause el aislamiento con políticas fundadas en la diferenciación como valor de mercado -amparadas en la libertad de enseñanza-, sino una consciente de la necesidad de la colaboración, que premie y promueva la asociación en torno a los propósitos deseables de la comunidad escolar, que fortalezca la capacidad de autogestión y mejoramiento permanente de las prácticas administrativas y pedagógicas en nuestras escuelas y que, sobre todo, invite a los ciudadanos a respetar y valorar a nuestros profesores, base fundamental de la formación valórica de nuestros estudiantes de hoy, los trabajadores y los ciudadanos de mañana.