El ministro José Antonio Viera-Gallo enfrenta un aprieto: el pacto que alcanzó el miércoles 5 con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) para lograr la aprobación del Instituto de Derechos Humanos está en crisis. Aquel día el secretario general de la Presidencia acordó con el binomio aliancista que la derecha votaría favorablemente la creación del ente y la reapertura de las comisiones Rettig y Valech para recalificar casos de violaciones de los derechos humanos. A cambio de ello Viera-Gallo accedió a que dentro de las atribuciones permanentes del instituto no estará la de hacerse parte en acciones judiciales.
El entendimiento que permitió la aprobación unánime del instituto en el pleno del Senado- ha causado la molestia de diputados de la Concertación y de organismos y abogados de derechos humanos. De hecho a las protestas de los legisladores se ha agregado la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuya vicepresidenta Viviana Díaz informó que han solicitado una reunión urgente a la Presidenta Michelle Bachelet para reexaminar la situación del instituto.
La dirigenta se manifestó preocupada debido a que en la cámara alta se le quitó la facultad de seguir las querellas judiciales por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Díaz sostuvo que su organización demanda que si los diputados no logran revertir la decisión de los senadores -para lo cual una mayoría de la cámara baja tendría que rechazar los cambios introducidos en el Senado, lo que permitiría formar una comisión mixta-, la Presidenta debería vetar el proyecto.
Según la AFDD, mantener la indicación sustitutiva consensuada por Viera-Gallo con Espina y Chadwick sería una señal definitiva de impunidad, ya que no se podrían proseguir los juicios que han llevado a varios miembros de la DINA a la cárcel en los últimos meses.
El rechazo parlamentario lo confirmaron ayer las bancadas. "Consideramos que las indicaciones, particularmente aquella que cercena la facultad de presentar acciones judiciales, desnaturaliza por completo la entidad", explicó el parlamentario PS Marcelo Díaz.
A su turno, la diputada Clemira Pacheco denunció la existencia de "una red de protección" a los violadores de los derechos humanos y dijo que "aquí se está negociando con la sangre de nuestros caídos".
Para el jefe del bloque, Fulvio Rossi, con las modificaciones "el Instituto de Derechos Humanos pierde todo el valor que tenía originalmente ( ) Para nosotros lo más importante es que tengamos un instituto que esté empoderado, que pueda defender a las personas, que pueda hacerse parte en aquellas querellas contra grandes violadores de los derechos humanos, de lo contrario tendremos un instituto sin ninguna facultad y sin ningún sentido".
En representación del PPD también se han opuesto a las modificaciones los congresistas Tucapel Jiménez y Antonio Leal y ayer insistió en ello el jefe del grupo, Jaime Quintana.
Según el jefe de diputados DC, Roberto León, los senadores aprobaron de manera unánime "porque la información que les llegó era que las agrupaciones de derechos humanos estaban de acuerdo y eso no es así".
Viera-Gallo en la tarde conversó largamente con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y los jefes de bancadas de la Concertación y luego puntualizó que los congresistas tienen "total derecho y autonomía" a oponerse. Sin embargo, apuntó, el Gobierno hubiese preferido "obviamente que la Cámara aprobara el proyecto que salió del Senado, que no es el proyecto ideal, pero es el que nos parece posible".
Sin embargo, según el pepedeísta Jaime Quintana, "la gran mayoría de la Concertación, si no toda, va a rechazar estos tres o cuatro artículos que desnaturalizan todo el proyecto". A su juicio, "ha habido presiones de la oposición por llevar este tema tan delicado, sensible e importante para nuestro país, a un tema de relativismo electoral que nos parece inaceptable".
En la reunión del ministro Viera-Gallo con las bancadas se planteó la posibilidad de que sea el Defensor Ciudadano -también en trámite en el Congreso- el que asuma la facultad de entablar querellas, pero esta propuesta que convence a algunos, como al DC Gabriel Ascencio, no tomó fuerza a nivel de bancadas.
Según Viera-Gallo, la falta de capacidad judicial del instituto se puede suplir con el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior y para juicios futuros, respecto de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, basta con que el instituto denuncie ante el Ministerio Público. LN
