Lo anunció el presidente del organismo, Carlos Mackenney, a fines de junio, y el viernes se cumplió: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso en el 4 Juzgado de Letras de Talca la demanda en contra de Celulosa Arauco y Constitución S.A. por los daños ambientales en el ecosistema del río Mataquito ocasionados por la Planta de Celulosa Licancel.

La acción judicial tiene tres hebras. Una es la acción de indemnización de perjuicios por el daño ocasionado al patrimonio ambiental de Chile y por el daño emergente. La cifra no es menor: fue fijada en dos mil millones de pesos.

Otra arista apunta a la acción de reparación del ecosistema del humedal del río Mataquito que fue afectado con la descarga de residuos líquidos no tratados, mediante el repoblamiento de peces con especies similares a las existentes antes de la descarga ocurrida el 5 de junio. La tercera exige un estudio de la afectación de la flora del lugar y un estudio de los efectos de la interrupción de la cadena alimentaria.

El daño ambiental fue provocado por la descarga de 20 mil metros cúbicos de residuos industriales líquidos no tratados ocurrida en la madrugada del pasado 5 de junio. No fue el único episodio que protagonizó la planta, pues el 18 de ese mes se produjo un segundo derrame producto de la filtración de una línea de descarga del sistema de tratamiento de efluentes. Se estima que 50 metros cúbicos de esos residuos fueron descargados directamente al río.

El Mataquito corresponde a un sitio prioritario para la conservación de la Biodiversidad, reconocido por la Estrategia Regional de Biodiversidad aprobada por la Corema, y se le considera un humedal de agua dulce.

De la demanda a la reapertura

La mano viene dura para la empresa de celulosa. La Unidad de Medio Ambiente del CDE -que dirige la ex ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso- ha tramitado 39 juicios por daño ambiental y no conoce las derrotas judiciales: 14 terminaron por transacción -acuerdo entre las partes- y nueve con sentencia ejecutoriada favorable el fisco.

El subgerente de Asuntos Públicos de Celco en la región del Maule, Andrés Morán, comentó que la empresa está a la espera de que llegue la notificación de la demanda, si bien ya están enterados que fue presentada la acción judicial por parte del CDE. Por lo mismo, aún no está delineado el camino hacia una posible apelación o la búsqueda de un acuerdo con el organismo. "No conocemos el fondo ni la forma de la demanda. Una vez que lo hagamos, nuestro equipo de abogados verá el proceder inmediato, pero queremos ir paso a paso".

Sin embargo, ni ésta ni otras sanciones -la última: la multa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios por 1.100 Unidades Tributarias Anuales ($ 435.850.800) hace dos semanas- distraen el objetivo principal de la empresa. "Independientemente de los procesos que se hayan abierto o que estén en curso, nuestra tarea en la región del Maule es sacar adelante la reapertura de la planta", explica Morán. Para eso, los ejecutivos de la planta trabajan coordinadamente con la autoridad ambiental de la región. "Estamos abocados puntualmente a ajustar los parámetros del nuevo sistema de tratamiento de efluentes".

La reapertura tiene fecha tentativa. "Tenemos la esperanza de que eso ocurra en septiembre. Eso no significa que nos hayamos comprometido con la autoridad en una fecha determinada, pero ése es nuestro deseo".