El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda indemnizatoria en contra de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en la que exige el pago de 4.000 millones de pesos por los daños causados al medioambiente por el derrame de más de 500 mil litros de crudo en la Bahía de San Vicente, en mayo pasado.

El organismo solicita el pago de esa cifra por conceptos de daños emergente y ecológico en la zona del derrame. El fundamento de la demanda se basa en las fallas operacionales debidas a la deficiente mantención del Terminal B Marítimo, operada por dicha empresa.

A consecuencia de este derrame, se vieron afectados el humedal salino de Lenga y su estuario, los que forman del "Santuario de la Naturaleza Península Hualpén", como también especies de aves que anidan y se alimentan de él. Además, la pérdida de hidrocarburos produjo severos daños a las áreas de manejo de pescadores y menoscabo de los recursos hidrobiológicos de una extensa zona que va desde caleta Tumbes, por el norte, hasta la Playa de Chome, por el sur. Además del daño a la calidad de las aguas marinas y del Santuario.

Por lo anterior, y en base a la legislación vigente, el Fisco por medio del CDE, solicitó que se condene a ENAP Refinerías S.A. al pago de la millonaria indemnización, por concepto de daños emergente y ecológico en el área del derrame. 

La Ley de Navegación establece una prohibición general respecto de la ocurrencia de derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes en las aguas sometidas a jurisdicción nacional. El Título IX de dicha ley se refiere a la Contaminación de las Aguas y en sus párrafos 1 y 2 señala, respectivamente, la responsabilidad civil por los daños derivados de los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.