"Yo tengo la culpa, todo es mi culpa!", grita Débora. Esperanzada, clava la vista una y otra vez en la nómina de beneficiados con la indemnización, pero nada. No hay ningún párrafo para su hijo José Manuel. "¿Por qué se me ocurrió venir a vivir acá?", se pregunta en un largo sollozo y vuelve a escudriñar en la lista con sus ojos profundos, cansados, que más parecen de una mujer de 40 que de 31.

Durante dos años, Débora Arancibia juntó 25 mil pesos para comprar una vivienda progresiva en Los Industriales, a cinco kilómetros del centro de Arica. Llegó a la población en 1992 de la mano de su hijo mayor, Emanuel, y su pareja de entonces. A pesar que sólo les entregaron una vivienda progresiva con una cocina y un baño, rápidamente se fue trazando el sueño de agrandar la casa. Y también hacer crecer la familia.

José Manuel llegó a su vida el 29 de septiembre de 1994. El mismo día que su pareja la dejó, porque no pudo soportar la idea de ser padre del niño.

"Mi hijo nació con la columna abierta, con hidrocefalia y sus pulmones malos. A los pocos años le dio epilepsia. En el hospital me dijeron que era un caso entre mil. Pasé mucho tiempo preguntándome por qué había nacido así, qué había hecho mal. Pero yo era sana, se lo juro. No fumaba ni tomaba", cuenta Débora.

Desde que nació, la vida de José Manuel siempre fue igual. Estuvo postrado en una silla de ruedas, usando pañales, comiendo papillas.

"Yo me arrepiento, me arrepiento de venir acá", repite entre lágrimas Débora, porque está segura que su hijo sufrió por culpa de la contaminación. "Nadie nos va a confirmar eso. Si vamos al hospital público, todos se hacen los lesos. ¡Cómo no, si pertenecen al Ministerio de Salud", reclama con indignación.

Débora está segura que a su hijo José Manuel el plomo se le "metió en el cuerpo" durante el embarazo.

Pocas semanas después de su nacimiento, ella al igual que toda la comunidad de Cerro Chuño y Los Industriales se enteró que vivían cerca de un acopio de metales altamente tóxicos para el organismo. Así comenzaron a explicar el malestar generalizado, los dolores de cabeza, los problemas de aprendizaje de los niños y su lento crecimiento, y también los tumores y cánceres, una relación que ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora.

El junio de 2007 y después de un largo litigio, 356 vecinos de ambas poblaciones ganaron una batalla contra el Estado y ocho millones de pesos para cada uno de los afectados.

A pesar de que los medios calificaron de "exitoso" el fallo de la Corte Suprema, existen más de 600 personas que quedaron fuera de la indemnización y otras tantas a las que el dinero no les alcanza para curar los daños. Tienen que comprar un jabón y un shampoo especial de por vida para mitigar los efectos del plomo.

Después de un error de nombres en la lista, Débora esperaba que José Manuel viniera en la nómina final. Aunque buscó con máximo sigilo, no lo encontró. A ella de nada le sirve la plata. "Era sólo en su nombre, una forma de hacer justicia. Mi niño murió en noviembre del año pasado y la plata no me lo va a traer de vuelta".

Un cerro de negligencias

Hace cinco años una empresa particular construyó el Cementerio Parque Arica en los faldeos de estas poblaciones. Los vecinos creen que se trata de una coincidencia macabra. "Parece que lo hubieran hecho para nosotros, porque muchos de nuestros muertos van a parar allá", dice Erika Cepeda, tía de Vladimir Segovia, un niño de nueve años que murió por culpa de un tumor cerebral.

Las vidas de estos pobladores están llenas de coincidencias macabras, desde que construyeron estas casas, cuando las autoridades de la dictadura no informaron que habían autorizado a la empresa chilena Promel a almacenar desechos tóxicos que recibía de la compañía sueca Boliden Metal AB. En total se internaron, entre 1984 y 1985, 20.901 toneladas de tóxicos, todas ellas en el llamado terreno "F", donde ahora se levantará un parque recreativo.

De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y en antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores, que producto de los contaminantes sufrieron "caída del cabello, desmayos, vómitos, diarreas, mareos, dolor de cabeza, erupciones en la piel, problemas mentales, etc.", señala la sentencia, que además admite un daño moral que debía ser compensado.

La demanda ganada por las familias en contra del Estado, también señala que la empresa Promel debe hacer un saneamiento del lugar, aunque ésta sólo exista en el papel y ya no esté funcionando (ver recuadro).

Erika Cepeda cree que la negligencia del organismo que debió protegerlos se debe a su pobreza. "Hemos sido humillados y maltratados. ¡Yo viví con Vladimir sus últimos momentos y estos recuerdos no se los doy a nadie! Era un niño sano y de la noche a la mañana apareció con un tumor en su cabecita. Estuvo una semana agonizando y lo tenía que inyectar", cuenta en un hilo de voz.

En 1998, y luego de ser alertados por una ONG que trabaja con los pobladores, el Servicio de Salud tomó 538 muestras de plomo y 620 de arsénico. A esto se sumó un plan de atención médica y siconeurológica a 300 niños. Éste incluía una derivación al Hospital Juan Noé. "Sin embargo hubo una cantidad importante de niños que no concurrió a los controles y el seguimiento fue menor al 30% de los casos", dice María Carolina Asela, directora el Servicio de Salud de la Región de Arica y Parinacota.

A pesar de los malestares que sufrió después de este episodio, la sangre de Vladimir no evidenció plomo. "Nos preocupamos por él, fuimos al control, pero él no fue llamado a hacer el seguimiento y lo dieron de alta. Pensamos que ya estaba sano", cuenta Erika.

Después del primer muestreo masivo, las autoridades de Salud hicieron una segunda prueba en 2000. Entonces los resultados demostraron que había 131 personas afectadas: 11 adultos y 120 niños.

Se considera intoxicación por plomo cuando la concentración en la sangre supera los 10 microgramos por decilitro. Es moderada cuando el rango se sitúa entre los 20 y 44 g/dl y severa cuando éste está por sobre los 45 g/dl. "Los niños que vimos se encontraban entre los 10 y 34 g/dl. No había ningún niño con intoxicación severa y sólo seis estaban en una situación moderada", confirma Asela.

Sin embargo, de los seis metales presentes según la sentencia en los cerros de acopio en las poblaciones, el único agente contaminante medido por las autoridades fue el plomo, que causa problemas conductuales, de crecimiento y de aprendizaje. Nada se sabe acerca del cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico, también presentes.

"Si no fue el plomo, entonces ¿qué fue?", pregunta Erika. "Nadie nos dice nada".

Su sobrino Vladimir es uno de los primeros nombres que se asoman en la nómina de indemnizados por el Estado. Pero nunca supo de los ocho millones. Fue sepultado en el Cementerio Parque Arica, a los pies del cerro, en mayo de 2003.

NO HAY RESPUESTAS

Jorge Portilla cumple 17 años en octubre. No llora, aunque siente que es injusta la falla renal que no lo deja vivir como un joven normal. Él es el hombre de la familia y el único de los tres hijos de la señora Ruth Guzmán, que aún permanece junto a ella. Nació con mielomeningocele e hidrocefalia, un par de años antes de ocupar la casa que habitan actualmente en Cerro Chuño. "Él no está en la demanda, pero es claro que las complicaciones han aumentado con venir a vivir acá", dice su madre, quien cree que de a poco se han ido sumando más enfermedades en el cuerpo de Jorge: "Tiene problemas en la vejiga, en los riñones, los pies se le ponen morados, también se le han tapado las venitas", enumera Ruth.

Al igual que Jorge, muchos niños no están en la demanda porque no pudieron acreditar niveles dañinos de plomo en la sangre.

Marjorie Castillo, de Cerro Chuño, dice con indignación que las autoridades no le han tomado el peso a su situación. "Mi hijo tiene problemas graves de conducta, de aprendizaje, pero de lo que más sufre es de problemas respiratorios. Me di cuenta de esto cuando él tenía como dos años. Fue entonces cuando empezó con sudoraciones en la noche, ahogos tremendos, además de vómitos. La prueba de plomo arrojó 37 g/dl", cuenta Marjorie. "¡Lo único que quiero es irme de acá. ¿Por qué se ríen de nosotros? Todos se han reído, autoridades, políticos. Apenas supe de la contaminación fui al Serviu a pedir que me dieran otra casa, pero no. Eso es lo que deberían hacer movernos de aquí", dice llorando.

En Cerro Chuño y Los Industriales las familias afectadas siempre lloran. "Es que nosotros sentimos que fue como pagar un hoyo de un cementerio, no una casa. Imagínese juntar peso a peso para esto, para que nos dieran un lugar donde morirnos", dice una vecina. Formaron una agrupación por el cuidado del medio ambiente y alguna vez pintaron murales en la población, en los que todavía se pueden leer consignas contra la empresa y las autoridades.

"Sin duda que la indemnización fue un triunfo, porque el 60% de los demandantes tiene a más de un familiar en la lista de los favorecidos, pero entiendo la rabia de la gente, porque la mayoría de ellos están enfermos para siempre. Estos elementos se alojan en el cuerpo y no salen más", afirma Fernando Dougnac, abogado de las familias. A pesar de su satisfacción por el fallo, no esconde su preocupación por la contaminación: "El Gobierno tapó con cemento el sector donde estaban los residuos, pero esto quedó en las casas, porque muchos pobladores nivelaron sus terrenos con este polvo". "Además, eso puede estar pegado en la estructura de las casas, en los techos y eso no se ha limpiado. Desde que estamos aquí han muerto más de 20 niños", asegura Silvia Encina, dirigenta de Los Industriales. Fernando Dougnac cree que las autoridades deben hacer "un estudio más serio, también en las paredes de las viviendas".

EL FUTURO

Sebastián Gallardo tiene 14 años y nunca quiere jugar fútbol vestido con la camiseta de la "U". Es su equipo favorito, pero desde hace cinco años esconde los estallidos involuntarios de su cuerpo. Cada cierto tiempo le aparecen unas ampollas feas en las manos, los dedos de los pies y los codos, que lo avergüenzan. "Es como si el cuerpo se le reventara", dice su madre, Alejandra Collado. Mide 1,58 y pesa 45 kilos. Se irrita con facilidad y tiene bruscas alteraciones en su estado de ánimo. Su madre cree que el plomo no es el único responsable de esto.

El doctor Andrei Tchernitchin, toxicólogo de la Universidad de Chile, se enteró de la situación de estas familias por el Colegio Médico de esa zona. Entonces hizo un muestreo privado en 150 niños que arrojó niveles altos de plomo. "Esto puede derivar en desórdenes conductuales, podemos tener casos de niños agresivos que sean socialmente difíciles de controlar, lo que puede mermar todo el desarrollo de un niño", asegura. El especialista cree que el plomo puede explicar los síntomas que se expresan en la sentencia de la Suprema, pero no el resto de males que sufren los pobladores. "El mercurio puede provocar alteraciones importantes, malformaciones y no hay estudios que nos indiquen en qué grado las familias se vieron expuestas a este elemento", cierra Tchernitchin.

A la carencia de investigaciones que señalan los especialistas, el obispo de Arica, Héctor Vargas, suma consideraciones morales: "El Estado no se comportó como debió. Esperó un fallo judicial cuando las consecuencias de la contaminación estaban a la vista. Hay una deuda moral y social tremenda. Tenemos que hacernos cargo de esa deuda y mitigarla a través de la vivienda, la salud y la educación", dice enfático.

El Servicio de Salud inició este año una nueva campaña para continuar el seguimiento de 120 niños más. "Además, iniciamos una serie de reuniones vecinales, se formó una mesa de trabajo y definimos las actividades a realizar. Se trata de una evaluación integral. Sé que ha habido problemas comunicacionales, pero se han hecho dos muestras importantes y ahora retomamos el seguimiento", dice María Carolina Asela.

El seremi de Salud de la región, Antonio Marino, suma más datos: "Promel ingresó residuos tóxicos al llamado sitio F, en el cual está la problemática por todos conocida. Éste fue limpiado y están siendo monitoreados todos los alrededores. Estudios encargados a la Universidad de Chile dicen que no hay contaminación en todo el sector. En materia medioambiental, el lugar está en perfectas condiciones", asegura.

Sin embargo, las familias afectadas insisten en que aún es poco. "El sueño de la casa propia me cambió la vida. Yo lo único que quería era tener una casa", dice Débora sentada en la cama que fue de su hijo José Manuel. No se separa de una foto que carga adonde quiera que vaya. "Yo soy cristiana, pero se tuvo que morir un niño, mi niño, porque mucha gente no supo hacer su trabajo. ¡Por qué no se fueron ellos, los responsables!", grita. "A mí no me hablen de indemnización moral". LND