Tal como se había anunciado, la mayoría de los diputados de la Concertación rechazó la creación del Instituto Nacional de Derechos en la forma en que salió del Senado, donde se produjo un acuerdo político entre gobierno y derecha para avanzar en la tramitación, pero en que se restó al organismo las facultades de interponer querellas ante los tribunales, cuestión que resulta central para las organizaciones de derechos humanos.

Fueron 56 votos en contra y 50 a favor los que echaron por tierra la posibilidad de dar vida en esas condiciones al organismo, por lo que la iniciativa pasará ahora a ser revisada en comisión mixta, donde los diputados insistirán en volver al proyecto original.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló (PS), dijo que este rechazo se produjo siguiendo lo que las propias organizaciones de Derechos Humanos solicitaron, pues “las modificaciones hechas en el Senado retraían al Instituto a una situación que era incompatible con la naturaleza de los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en esa materia”.

Recalcó que en las condiciones que lo aprobó el Senado se creaba “un instituto completamente castrado y completamente dependiente de un órgano de gobierno” y no un organismo como el que emanó de la Cámara Alta, donde según dijo “la derecha metió la cola”.

Debido a que fue el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien negoció el acuerdo en el Senado, Aguiló sostuvo que él “estimó que no había otra condición en ese momento, sino acordar esas materias con la derecha, pero nosotros hemos recordado con el ministro que tenemos quórum como Concertación en la Cámara y en el Senado, de manera que hemos acordado respaldar todo lo que aprobó la Cámara en primer trámite para crear un instituto autónomo, independiente, como lo pide Naciones Unidas, y con voluntad para interactuar ante los tribunales de justicia”.

El diputado socialista Juan Bustos dijo que el proyecto de instituto que se proponía hoy “significa una vergüenza para el país, tal como lo dejó la derecha en el Senado, por lo que ratificamos lo obrado por la Cámara de Diputados, que estuvo con todas las organizaciones de derechos humanos y que justamente hizo un trabajo muy acucioso conforme a los principios de carácter internacional”.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que “un instituto de Derechos Humanos no puede ser un museo que emita solamente un informe entre cuatro paredes”, recalcando que es esencial que el organismo tenga la facultad de querellarse.

Recalcó que “nosotros queremos un Instituto de Derechos Humanos pensando en el futuro de Chile, donde nunca más aquel que pretenda tomarse el poder por las armas, que instale el genocidio y el terrorismo de Estado transite libremente e impune porque hay leyes que lo favorecen”.

Para la dirigente el proyecto que salió del Senado es “un engendro”, por lo que consideró que hoy se “ha puesto en su justa medida” la posibilidad de volver al proyecto original, “donde se dice con mucha fuerza que los genocidas deben ser sancionados penalmente, lo demás es pura mentira, lo demás es la propaganda que hace la derecha que finalmente nunca va a estar por que se sancione a quienes cometieron terrorismo en Chile porque ellos son cómplices de los crímenes”.

De esta manera rechazó las explicaciones de la derecha que respaldó la iniciativa. El diputado UDI Felipe Salaberry afirmó que “los diputados de la Concertación han dejado a nuestro país a la retaguardia en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Es una bofetada para aquellos que sufrieron el dolor de la violencia política y que no buscan o no tienen afanes político electorales en esta materia”.