Los diputados Francisco Encina, Denise Pascal y Tucapel Jiménez entregaron una carta al Presidente del Corte Suprema, Enrique Tapia, en que le solicitan que se investigue las responsabilidades de los ex ministros del General Augusto Pinochet que tuvieron acceso de gastos reservados.

"Confiamos en que las responsabilidades penales y políticas de civiles y militares que fueron parte del régimen militar y estuvieron directamente relacionados con las decisiones del Presupuesto de la Nación, a través de las distintas carteras ministeriales que contaban con partidas de gastos reservados, también senn dilucidadas en su momento y conocidas a cabalidad por todos los chilenos", requirieron los parlamentarios en la carta entregada al ministro, a la cual adhieron también los diputados Carlos Montes, Adriana Muñoz y Sergio Aguiló.

Los legisladores insistieron en que luego de la orden de detención dictada por el juez Carlos Cerda contra la familia del ex dictador y sus colaboradores por malversación de fondos, la justicia debe apuntar contra el resto de los civiles que tuvieron acceso a fondos reservados.

Asimismo, afirmaron que existen evidencias de que los gastos reservados a los que accedieron durante la dictadura los ministros y subsecretarios de Pinochet, fueron utilizados por los servicios de inteligencia del régimen militar.

"Está comprobado que gran parte de esos recursos fueron a servicios de inteligencias, eso lo investigó la jueza Amanda Valdovinos, y martes tenemos una sesión especial donde vamos a dar cuenta de que este tipo de recursos se usaron para dar muerte y tortura", sostuvo Encina.

Por su parte, Denise Pascal valoró el trabajo de los Tribunales e insistió en que los chilenos deben conocer en detalle el destino de los fondos reservados. "Venimos a pedir que los diferentes juicios que hay hoy sobre los gastos reservados durante el período de Pinochet, donde estuvieron involucrados ministros, subsecretarios y directores de servicios, se unan en una sola causa", agregó la diputada.

En la misma línea, Tucapel Jiménez señaló la gravedad de que los organismos del Estados de la época hayan financiado violaciones a los derechos humanos con fondos del gobierno. "Aquí hubo desvíos de fondos para organismos que hicieron desaparecer y ejecutar a chilenos. Eso es lo grave para nosotros", enfatizó.